“Tiene razón Fernando de la Rúa, hubo un intento golpista exitoso del cual participaron el ex senador Eduardo Duhalde, el ex presidente Raul Alfonsín y, como él dice, el FMI, pero eso no lo releva en absoluto de la torpeza de su respuesta y de los actos criminales con los que enfrentó la situación”, dijo el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “No lo perdonamos, ni siquiera le creemos, nuestras disculpas no las va a tener, tiene que pasar por la Justicia como los funcionarios y los policías”, agregó María Arena, viuda de Gastón Riva, uno de los asesinados del 20 de diciembre de 2001.

Sucedió ayer durante una conferencia de prensa del CELS, en la que presentaron un informe sobre el estado del expediente que investiga la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001. En esa causa el CELS, junto a los demás querellantes, pretende que el ex presidente llegue como imputado al juicio oral que comenzaría a mediados del año próximo y para eso impulsa una apelación en la Cámara de Casación, tal como informó Página/12. Y en tal sentido, ayer recusó a uno de sus integrantes, el juez Luis Cabral, por no cumplir con los requisitos para ser subrogante, según explicó el abogado Rodrigo Borda, que representa a las víctimas y sus familiares. “De la Rúa no tiene su sobreseimiento firme porque hay una decisión pendiente. Era el garante del accionar policial de ese día, él dispuso el estado de sitio que permitió el operativo represivo”, dijo Borda. Por su parte, Arena pidió que sea reformulado alguno de los proyectos de ley para indemnizar a los familiares, dado que ninguno prosperó.

Además, el CELS reclamó que el Congreso dicte una ley que regule el accionar de las fuerzas policiales en todo el país. “Hubo muertes, demasiadas, en Bariloche, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, José León Suárez, Capital, actitudes represivas contra personas que ejercían derechos sociales e individuales garantizados en la Constitución”, dijo Verbitsky. “No pueden tomarnos de sorpresa estos hechos que vienen ocurriendo, aunque en escala decreciente, porque el país cambió mucho; es imprescindible que se prevea con claridad qué hará el Estado para llevar a cabo este principio de no represión, condición y garantía para gestionar políticamente la conflictividad social, no podemos conformarnos con que la Presidenta o la ministra de Seguridad marquen una línea determinada, hace falta que el Congreso asuma esta responsabilidad”, señaló.

Consultado sobre la sanción de la llamada Ley Antiterrorista, el periodista opinó que “crea un matete jurídico, es la misma técnica que se usó en 2004 por la presión de Blumberg”. Pero destacó que el Ejecutivo introdujo las modificaciones que proponían el CELS y otras organizaciones. “Nos parece mal, pero temíamos que fuera peor”, sintetizó sobre la norma que espera ser tratada por el Senado.