El pacto de prestaciones recíprocas entre el gobierno bonaerense y sus fuerzas de seguridad se hizo evidente con los vergonzosos episodios del lunes 12 en la Legislatura y en las celebraciones posteriores del Día de la Policía, cuando dos miembros de la cúpula estuvieron a punto de tomarse a golpes. Lo expuse el domingo, en mi nota “Previsible”. A falta de respuesta, el jefe de gabinete bonaerense Alberto Pérez reaccionó con la descalificación personal. “Es irrisorio que quien escribía los prólogos de los libros de la Fuerza Aérea en la dictadura critique a una mujer que perdió a sus dos hijos en manos del terrorismo de Estado”, dijo. Agregó que la Secretaria de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho se moviliza en silla de ruedas y debe someterse a tres sesiones semanales de diálisis porque perdió un riñón en la tortura.

Nunca escribí ningún prólogo a ningún libro de la Fuerza Aérea ni tuve relación alguna con sus jefes. Ese es un invento de la SIDE menemista en represalia por mi libro Robo para la Corona, que desde entonces repiten todos aquellos que no tienen argumentos para replicar a mis documentadas notas. Por sus padecimientos la señora de Cobacho merece, y ha recibido, todo tipo de desagravios, homenajes y reparaciones. Pero no la califican para un cargo en el que ha paralizado toda investigación sobre las violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos que causan las fuerzas comandadas por el primer oficial penitenciario que llegó a ocupar el ministerio de Justicia y Seguridad en la provincia, alcaide mayor Ricardo Casal. Debido a su crítica salud ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia. El gobernador Daniel Scioli ofreció el cargo de Cobacho a Edgardo Binstock, del Movimiento Evita, pero Casal lo vetó, porque en su anterior gestión desarrolló un trabajo territorial en el que recogió las denuncias que se formulan en los barrios contra los abusos policiales, que el gobierno no tiene interés en controlar, porque se beneficia a cambio. Nadie ha explicado tampoco el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la Secretaría, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policía de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía y del juez César Melazo, que no intervenía en la causa. Melazo es el mismo juez que, fuera de su jurisdicción, actuó de mediador entre el gobierno provincial y sus policías rebeldes, que con buena lógica se niegan a aceptar sanciones por haber cumplido las órdenes que les impartieron de no permitir el acceso a los palcos de nadie que no vistiera la remera naranja del sciolismo. El uso de la policía para fines políticos es una vieja tradición bonaerense, que degrada a ambas partes. Si la única reacción posible es el insulto a quien lo señala, el gobierno provincial está en dificultades más serias de lo que cree.