El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue procesado por el caso del espionaje ilegal a políticos, integrantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales. Así lo decidió el juez federal Daniel Rafecas, que consideró probado que tanto Godoy como el ex subjefe de la institución, Benito Rótolo, “controlaban el aparato de inteligencia” de la Marina. Para el magistrado estas prácticas, prohibidas por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, se hicieron “en forma sistemática y permanente” desde antes de que Godoy y Rótolo asumieran la conducción de la Armada; el juez advirtió que se trata de “prácticas ilegales que, en los hechos, omitieron desactivar”.

Godoy y Rótolo quedaron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo indica que el fallo será el fin de la carrera del almirante, que fue designado al frente de la fuerza por Néstor Kirchner, en junio de 2003.

El caso fue abierto en el 2006, cuando el cabo Carlos Alegre llevó al Centro de Estudios Legales y Sociales la denuncia de que en la base aeronaval de Trelew le habían pedido hacer tareas de espionaje ilegal.

“Esto se hizo desde siempre”, le dijeron sus superiores cuando él se negó. Como mantuvo la negativa, lo sancionaron y sometieron a situaciones de maltrato.

Con los datos de la denuncia, la Justicia allanó las bases de Trelew y de Puerto Belgrano. En los dos lugares encontraron documentación sobre seguimientos que la Armada había hecho a políticos y militantes; por ejemplo, de las actividades que para reabrir la causa sobre la Masacre de Trelew realizaban los familiares de las víctimas y sus abogados. Al hacer los allanamientos también encontraron una semblanza de la ministra Nilda Garré, que entonces estaba al frente de la cartera de Defensa, y más en general había recopilación de datos sobre organismos de derechos humanos y sociales.

Al año siguiente se presentó a declarar un segundo testigo, el ex cabo Luis Alberto Sánchez, que confirmó la existencia de un sistema de espionaje político que iba más allá de Trelew.

En el 2008, el CELS amplió la denuncia y solicitó a la Justicia que investigara la responsabilidad del jefe de la Armada y el resto de la cúpula, ya que las tareas de inteligencia descubiertas en Trelew habían sido promovidas por la superioridad a través de órdenes específicas. Así se desprendió de la investigación inicial una segunda causa. Por un pedido de Godoy, que planteó que debía ser juzgado en los tribunales de Buenos Aires, el tema pasó al juzgado de Daniel Rafecas, que finalmente ayer lo procesó.

En su fallo, el juez señaló que las pruebas reunidas permiten demostrar que el espionaje fue “una actividad habitual, prolongada y reiterada en el tiempo en la Armada Argentina”.

Rafecas descartó los argumentos dados por Godoy en su indagatoria, en la que el marino sugirió que el espionaje fue obra de ovejas descarriadas. Para el juez, por el contrario, participaron “tanto activa como pasivamente los diversos órganos que conformaban el Sistema de Inteligencia Naval”, lo cual incluyó a sus más altos integrantes, es decir a “la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y el Comando de Operaciones Navales (COOP)” que en aquel momento dependían del entonces subjefe, Rótolo, y del actual jefe, Godoy.

Aunque las investigaciones probaron que existía una sistema de inteligencia ilegal que alcanzaba a todo el país, el jefe de la Armada había conseguido dilatar el proceso legal. Incluso el juez federal de Rawson Hugo Sastre le dictó una falta de mérito, lo que le permitió seguir al frente de la Armada. Su suerte comenzó a cambiar en junio de 2010, cuando la Cámara Federal porteña rechazó su pedido de sobreseimiento.

Rafecas dispuso, por otra parte, que se investigue penalmente la desaparición de documentos comprometedores que debían encontrarse en una serie de oficinas de la Armada pero que no fueron encontrados cuando se hicieron los allanamientos.