El juez federal de Salta, Abel Cornejo, procesó a 50 empleados públicos que cobraban planes Jefas y Jefes de Hogar, previstos para gente desocupada. El listado de acusados de fraude a la administración pública –un delito excarcelable– incluye a tres funcionarios que integraban el Consejo Consultivo Municipal, el propio órgano encargado de distribuir los subsidios. La resolución señala la existencia de un “modus operandi” destinado a conceder sobresueldos o a empadronar gente pero para que otros cobren por ellos. Los investigadores están convencidos del “uso clientelar” de los planes por parte de distintos sectores políticos. Hay más de 1000 casos que están siendo analizados.
Las maniobras con los planes Jefas y Jefes, reveladas esta semana por Página/12 y que el gobernador salteño Juan Carlos Romero –compañero de fórmula de Carlos Menem– calificó como “falsas”, fueron corroboradas por el juzgado de Cornejo. El texto que ordena los procesamientos, y que fue firmado ayer, dice: “Empleados públicos y encargados de la asignación de los subsidios se vieron favorecidos indiscriminadamente con la asignación mensual de fondos, en perjuicio de los verdaderos desamparados hacia los cuales se encontraba destinado el sistema”.
La denuncia que dio lugar a la pesquisa fue presentada en noviembre del año pasado por Rodolfo Serrano, un ex policía que preside la Fundación Azul y que, como miembro de esa ONG, formaba parte del Consejo Consultivo. El agente retirado contó a este diario que, cuando aún era consejero, escuchó relatos que indicaban que “los planes se estaban vendiendo”. Al consultar el sistema corroboró por su cuenta que en el organismo que debía entregar los subsidios y supervisar las contraprestaciones había maniobras para repartirlos entre familiares, amigos y gente dispuesta a votar a algún sector del peronismo o del Partido Renovador, según dijo. Cuando pidió explicaciones a sus pares lo terminaron echando. Incluso sufrió amenazas de muerte, que se investigan en otro juzgado.
Según las pruebas que Serrano entregó al juzgado, había desde comienzos de 2002 unos 1500 beneficiarios de planes entre los empleados –y en ocasiones sus cónyuges– de muchísimas reparticiones públicas locales. Entre los 50 procesados por ahora, embargados por 1000 pesos, aparece una decena de funcionarios de la policía local y de la Federal, de la Municipalidad, de la Dirección de Vialidad, de la Secretaría de Desarrollo Social provincial y de varias reparticiones de salud, entre otros. Pero quizá los casos más escandalosos sean los que afectan a integrantes del Consejo: María E. Nedir, Luis Alberto Núñez y Miguel A. Coronel, los tres vinculados al área de cómputos donde se inscribe a los beneficiarios son los implicados hasta ahora, pero habría más en análisis en el juzgado.
El juez Cornejo cuestionó en su fallo “la falta de control de las autoridades tanto a nivel provincial como nacional que pudieron haber actuado cuanto menos con mayor celo”, incluido el Ministerio de Trabajo, que es querellante en el expediente. Y advirtió que aún debe investigar qué grado de responsabilidad les cabe a los diferentes organismos.
Serrano cree que la acusación por “fraude” no es suficiente y está convencido de que “debería ser asociación ilícita”, una opción que, al parecer, no entra en los planes del juzgado. El ex policía contó que “para garantizarse el manejo de los planes (y su uso político)” tanto dirigentes peronistas como renovadores “se las ingeniaron para integrar la comisión que preside el Consejo Consultivo y que, por las normas vigentes, sólo pueden integrar 0NG”. “Falsificaron una firma para hacerse pasar por una fundación –contó– y hay otra causa penal por eso.”