La denuncia de Lorena Martins sobre un presunto financiamiento de la campaña de Mauricio Macri por parte de una red de trata de personas puso la lupa sobre las políticas del gobierno porteño contra el tráfico. El jefe de Gobierno vetó en 2010 una ley que creaba una Oficina contra la Trata de Personas, integrada por los tres poderes. La autora de la ley era una legisladora del PRO. En su lugar, Macri creó un Comité contra la Trata que no tiene presupuesto propio y que coordina la tarea entre los ministerios. Desde la gestión PRO, sostienen que su mayor logro fue la creación de un refugio para víctimas de la trata, a comienzo de 2011. Los opositores cuestionan su ineficacia y que no destine recursos de la Agencia de Control a inspeccionar lugares que funcionan como prostíbulos.

La ciudad aprobó en 2008 una ley que garantiza la asistencia a las víctimas de la trata de personas y le impone al Gobierno la obligación de “favorecer la detección de casos”. En su artículo 4, dejaba en manos del Ejecutivo la creación de una autoridad de aplicación. Como pasaron dos años y la gestión PRO no la reglamentaba, la diputada macrista María Eugenia Rodríguez Araya presentó un proyecto de ley para crear una Oficina contra la Trata de Personas. En su página web, había criticado un informe técnico negativo de la Subsecretaria de Derechos Humanos y señaló que “la necesidad de crear una oficina por un proyecto de ley es que perdure en el tiempo. En cambio, un programa se cae cuando termina una gestión”.

Su proyecto, que fue aprobado por la Legislatura, disponía la creación de una comisión permanente integrada por cinco representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo, además de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La oficina debía contar con una planta profesional y un presupuesto propio.

Esta ley fue vetada por Macri –en uno de sus más de 90 vetos– el 21 de enero de 2010. Allí consideró que se debía salvaguardar “el principio de división de poderes” y que se iba a adoptar un “enfoque multidisciplinario e interinstitucional”. El veto lo firmaron el jefe de Gobierno y su entonces ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. El 27 de enero –seis días después– Macri creó, en lugar de la Oficina, un Comité contra la Trata de Personas que no contaba con presupuesto propio y que componían un representante de los ministerios de Desarollo Social, Justicia, Desarrollo Económico, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Los otros poderes, Legislativo y Judicial, y la Defensoría del Pueblo fueron excluidos. El decreto que reemplazó la ley vetada dejó bien en claro que “no implicará gasto adicional alguno al ejercicio presupuestario en curso y los gastos que demande su implementación se imputarán a las partidas” de cada área.

Sin presupuesto...

En la gestión PRO, defendieron la decisión de que no tuviera presupuesto para no crear “estructuras burocráticas”. Al tener esta forma incorpórea, se hace difícil conocer cuánto dinero le destinó el gobierno de Macri a combatir la trata de personas. Así lo comprobaron en el equipo de Diana Maffía durante su presidencia de la Comisión de la Mujer de la Legislatura. Sus asesoras hicieron un seguimiento de las distintas partidas que podrían intervenir. Así, el programa de Asistencia a la Víctima de violencia contaba en 2011 con 16 millones de pesos, aunque no se discriminaba cuánto fue utilizado contra la trata. La dirección de Asistencia a la Víctima, que atiende distintos tipos de casos, contaba con otros 70 millones. Lo más cercano que pudieron encontrar al presupuesto del Comité fue una mención a la trata en una partida de la Subsecretaría de Derechos Humanos: en 2011 esa partida contaba con 9.096.049 pesos. En el presupuesto de este año –según comprobó este diario– tiene 9.892.680. Si bien ningún funcionario macrista quiso responder a Página/12 sobre las tareas del Comité, varios explicaron off the record cuál fue su desempeño. Aunque es inhallable en el organigrama del gobierno porteño, desde la gestión PRO indicaron que funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj. Ex dirigente de la DAIA, es el mismo al que Sergio Burstein acusa de haberle mentido sobre el nombramiento de Jorge “Fino” Palacios frente en la Metropolitana. Lo hizo, según Burstein, para evitar un discurso crítico en un acto.

Las acciones del Comité son algo nebulosas. Guadalupe Tagliaferri, quizás la funcionaria macrista que más activa se mostró, dejó su lugar en la Dirección de la Mujer a Beatriz Bitas, una persona que reporta al legislador Sergio Bergman. Todavía están en la transición. Desde Desarrollo Social, informaron que el Comité “mantiene un estrecho vínculo con el Ufase” (la unidad fiscal destinada a la trata) y que, como la trata es un delito federal, sus acciones se circunscriben a la atención de víctimas y a prestar colaboración ante eventuales denuncias.

Como principal medida, señalaron la creación de un refugio para mujeres víctimas de la trata, que se inauguró en 2011 y tiene capacidad para 18 personas. En ese momento, Macri dijo que se trataba de “un delito aberrante que configura una verdadera forma de esclavitud” y que iban a “librar una batalla contra el flagelo”. En Desarrollo Social, informaron que para la creación del refugio, asesoró la Fundación de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. No aportaron estadísticas de cuántos casos resolvió el Comité, aunque un ex integrante señaló que el año pasado colaboraron en “unos 70 casos”. También recordó que hicieron un programa para las escuelas, llamado “los derechos no tienen recreo”, e iban a dar charlas a un colegio por semana. Otro macrista que intervino en el Comité admitió que “falta trabajar en prevención”.

...pero con críticas

“Resulta sospechoso que gobierno de Macri vete una ley de una diputada propia. Y que no tenga ningún tipo de organización en el Gobierno para enfrentar la trata. Esto se junta con la sospecha actual sobre el financiamiento de campaña”, indicó el auditor porteño Eduardo Epszteyn, quien consideró que el gobierno porteño “ha hecho poco y nada en relación a combatir la trata de personas. Lo evidencian las actas de la Agencia de Control Gubernamental, que además no integra este comité”. “Macri debería dar explicaciones más claras, por la gravedad de la denuncia. Dijo que no lo conoce a (Raúl) Martins, pero lo conoce a (Gabriel) Conde. Mientras Nilda Garré descabeza comisarías, el gobierno local no hace nada: la Agencia de Control no tiene nada que ver, hay una ley y la vetan”, cuestionó.

En tanto, la legisladora ibarrista María Elena Naddeo presentó un proyecto para modificar la autoridad de aplicación. “Ese comité interministerial es muy poco eficaz, porque se diluye la responsabilidad. Me parece que la Dirección de la Mujer podría tener un rol más protagónico, para superar la inercia del Comité y las corruptelas de la Agencia de Control Comunal”, dijo. “Ahí propuse que se releven bares y whisquerías con la Agencia y la Dirección de la Mujer, para llegar a las personas que están en esos lugares”, sostuvo Naddeo. La legisladora estimó que “el Comité interministerial sinceramente no cumplió un rol eficaz, porque no tiene poder de policía”. También criticó que Avruj “no es una persona que tenga conocimiento sobre el tema. Es todo muy incipiente y ya tiene cuatro años la ley contra la trata”.