A una década de los trágicos acontecimientos desatados por el corralito, un aluvión de votos consagró a CFK en la Presidencia de la Nación por un segundo término desnudando al mismo tiempo la persistencia de las viejas formas del conflicto social y la emergencia de un liderazgo político que busca un nuevo camino para el país. Nuevamente resuenan en el escenario político los “aprietes” al Poder Ejecutivo por parte de los sectores más poderosos de la economía disputando el manejo de las divisas y la posibilidad ilimitada de realizar operaciones especulativas y transferencias al exterior de utilidades y riqueza acumulada. En este contexto turbulento, Hugo Moyano, máximo dirigente de la CGT, impulsa reivindicaciones sectoriales legítimas para disputar poder político y la conducción del movimiento peronista. En el proceso, abandona el rol de aliado estratégico del Gobierno y aglutina a dirigentes sindicales –hasta hace poco acérrimos enemigos suyos–, abroquelándose todos en la defensa de las fuentes de su poder económico y político: el manejo de las cajas de las obras sociales sindicales. Así, en vísperas de un nuevo período de gobierno se desata una verdadera operación de pinzas sobre el gobierno de CFK. Por un lado, los golpes del mercado, por el otro lado las amenazas de movilizaciones callejeras por parte de un sector del sindicalismo que desconoce la autoridad de quien supo ganarse el apoyo masivo de la población y pretende disputarle el liderazgo del movimiento peronista. En el medio de estas pinzas, CFK encuentra el momento preciso para formular definiciones medulares y para convocar a unos y a otros a sumarse al esfuerzo colectivo de construir un país más justo, igualitario y democrático basado en un “capitalismo en serio”, un capitalismo que produce crecimiento económico con inclusión social e integración nacional. Lejos de proponer una revolución social, estos objetivos propios de las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII amenazan con producir una verdadera hecatombe en nuestro país. La lucha de los sectores más poderosos por mantener privilegios económicos y políticos y acrecentar cuotas de poder domina la escena política. La oposición principal al Gobierno se ejerce a través de los golpes de mercado, la campaña sistemática de los medios de comunicación más poderosos y la ofensiva de un sector clave dentro del propio movimiento peronista. En este contexto, asistimos a la emergencia de un liderazgo carismático que convoca a la unidad nacional por encima de los intereses sectoriales, un liderazgo que ha conseguido legitimar políticamente una agenda económica distinta del proyecto financiero-liberal de la década de los ’90. A pesar de ello, las fuentes del poder económico y político de los sectores más poderosos siguen intactas, y los partidos políticos y los sindicatos siguen reproduciendo burocracias que muy poco tienen que ver con la representación democrática de sus afiliados. Como telón de fondo de los conflictos sociales, y más allá de la voluntad de los distintos actores, persisten los obstáculos estructurales a la profundización del actual proyecto económico en una coyuntura internacional signada por la crisis. Esto plantea la necesidad de engarzar las políticas coyunturales de corto plazo con una estrategia de mediano y largo plazo. En lo económico, implica profundizar la agenda tomando medidas tendientes a jaquear el nudo gordiano de la dependencia tecnológica que caracteriza al capitalismo argentino. Esto requiere un uso racional de los resortes del Estado a fin de revertir la extranjerización y el control monopólico de los sectores claves de la economía, y de desarrollar sectores industriales que impulsen las bases de la autonomía nacional. En lo político, planificar el largo plazo significa impulsar la democratización de las estructuras sindicales y de los partidos políticos a fin de lograr una verdadera representatividad popular. Significa, además, crear canales institucionales que permitan la participación ciudadana en la generación de políticas y en el control de gestión en todos los niveles del Gobierno. Esto permitirá profundizar la inclusión social y la integración nacional, legitimar las medidas que se tomen, y combatir la corrupción y la discrecionalidad en el uso de los recursos del Estado. En lo que sigue enfocaremos desde esta perspectiva algunos acontecimientos muy significativos ocurridos recientemente en la relación entre el Gobierno y el sector empresario.

El 23 de octubre, CFK legitimó su nuevo mandato con el 54 por ciento de los votos. Al día siguiente, la fuga de capitales –que había cobrado dimensiones inquietantes desde tiempo atrás– se aceleró notablemente. El mercado votó en contra de unos resultados electorales no deseados. Los más poderosos económicamente intentaron obstruir así la capacidad de decisión y de ejecución del Gobierno disputando su control sobre el mercado de divisas, escenario de crucial importancia para el capitalismo en la Argentina. Esto llevó al Gobierno a adoptar una serie de medidas destinadas al control de la oferta y la demanda de divisas y a poner en acción un operativo conjunto de varias oficinas estatales (AFIP, Unidad Financiera, Bolsa de Valores y BCRA) destinado a controlar el origen y el destino de las transacciones en divisas y su correspondencia con los bienes declarados al fisco. En la práctica esto constituyó un cerrojo a las operaciones en el mercado de cambio, pero no logró frenar la corrida sobre el dólar, la que se trasladó al vaciamiento de los depósitos en dólares de los bancos privados. En un mes se perdieron por esta vía 2728 millones de dólares. A fin de asegurar la liquidez en dólares, el Gobierno relajó algunas normas como la integración de encajes para colocaciones en esa moneda, y puso a disposición de los bancos créditos blandos. A cambio de estas medidas, las entidades bancarias se comprometieron a informar con cinco días hábiles de antelación el listado de las entidades que realizaban grandes compras de dólares. Esto le permitió al Gobierno ejercer presión por medios informales sobre los grandes compradores y vendedores de divisas para que suspendiesen estas operaciones hasta que se restableciese la calma. Hacia la primera semana de diciembre, el accionar coordinado de distintas oficinas estatales sumado a medidas adoptadas por el Banco Central y a la presión informal ejercida por la Secretaría de Comercio sobre los principales compradores y vendedores de divisas lograron parar la corrida sobre el dólar. El Gobierno demostró así que estaba dispuesto a pelear la corrida coordinando la información y la acción de distintas oficinas públicas con la aplicación de presión informal y formal sobre los responsables directos de las grandes movidas cambiarias.

Como en otras oportunidades, esta corrida cambiaria fue fogoneada sin descanso por los grandes medios de comunicación que desde tiempo atrás demandaban un ajuste fiscal y una devaluación. A diferencia de otros acontecimientos similares, la Presidenta enfrentó la corrida articulando una serie de definiciones destinadas a esclarecer de dónde venimos y hacia dónde vamos, y a desnudar los “comportamientos empresarios” que subyacen al caos político y al estancamiento económico de la Argentina contemporánea. Así, luego de resaltar –primero ante un público nutrido de empresarios nucleados en el congreso de la UIA y luego en el propio acto de jura por un nuevo mandato presidencial– el crecimiento económico, el desarrollo industrial y la inclusión social logrados desde el 2003 en adelante, la Presidenta definió al momento actual como el inicio de una nueva etapa centrada en el ejercicio de una “sintonía fina” destinada a incrementar el grado de competitividad de la economía y en particular de la industria. Para ello, propuso analizar en el futuro “francamente y con los números en la mano”, los grandes temas de la inflación, los subsidios, la inversión, las utilidades, y los salarios a fin de evitar comportamientos empresarios disruptivos del crecimiento y la competitividad. Entre estos comportamientos destacó el aprovechamiento de posiciones monopólicas, la especulación, la no reinversión de ganancias, la fuga de capitales y el uso de créditos subsidiados para comprar divisas y luego fugarlas al exterior. Aludió, además, a las ganancias extraordinarias obtenidas por los empresarios, ganancias que superaron a la ganancia media internacional y pidió que las mismas se reinviertan en el país. Se refirió a corridas cambiarias sufridas con anterioridad y “notificó” a las “corporaciones” que ella no es la Presidenta de cinco corporaciones, sino que representa a 40 millones de argentinos. Asimismo, convocó a todos los empresarios a dejar de lado estas prácticas destructivas no por patriotismo, sino desde la racionalidad que implica el desarrollo industrial, la reinversión de ganancias, la generación del empleo y la inclusión social para asegurar una demanda sin la cual no puede haber mercado ni producción. Estas definiciones fueron seguidas por la creación de dos secretarías de Estado: la de Comercio Interior y Exterior, y la creación de otra secretaría destinada a aplicar sintonía fina en la búsqueda de mayor competitividad.

De este modo, se puede decir que la corrida cambiaria dio lugar a hechos de gran significación tanto en el plano de las definiciones como en el de la acción institucional. Por primera vez un presidente de la República enfrentó una corrida cambiaria desnudando a los actores detrás de la misma y poniendo en evidencia los comportamientos empresarios que generan estancamiento económico e inestabilidad política. Asimismo, la creación de las dos secretarías implica una concentración de información y recursos del Estado en áreas vinculadas con la determinación de los precios, la negociación de las divisas, y la inversión productiva. Esto hace posible una mayor capacidad futura del Gobierno para imponer transparencia y racionalidad tanto en la determinación de los precios, como en el otorgamiento de subsidios, la compra y venta de divisas y la orientación de las inversiones. Se ha pasado así de la presión informal ejercida hasta ahora por un funcionario –el secretario de Comercio– sobre los sectores formadores de precios y sobre los que mueven el mercado de divisas, a la articulación de una estructura institucional que concentra mayor información y tiene mayor capacidad operativa. Sin embargo, las instituciones no son “aparatos neutros”, sino que cristalizan relaciones de fuerza entre sectores sociales con intereses diversos, muchas veces antagónicos. De ahí que todavía falte un elemento esencial para dar mayor transparencia a la determinación de los precios y a la propia gestión del Gobierno en áreas de importancia estratégica para el conjunto de la economía. Este elemento es la participación organizada de la ciudadanía en el control de la formación de precios en los distintos sectores de la producción y el comercio, así como también en la asignación de los subsidios del Estado y la orientación de las inversiones. Para ello, es necesario crear canales institucionales destinados a posibilitar la expresión de las organizaciones que representan a los diferentes sectores que intervienen en las cadenas productivas, la comercialización y el consumo final. Esto no será una revolución social, pero sí será un paso importante para legitimar las políticas que se adopten y lograr una mayor inclusión social e integración nacional.

* Socióloga, autora de La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), entre otros libros.