Los procesos que apuntan a develar la utilización del aparato represivo para despojar de sus bienes a empresarios prescindentes o críticos a la dictadura empezarán a llegar a juicio este año. El caso del secuestro y la apropiación de bienes de la familia Iaccarino, empresarios lecheros que exigirán por primera vez en el mismo proceso judicial una reparación económica, comenzará en marzo en La Plata.

“Estaban construyendo un modelo de explotación láctea en Santiago del Estero con intenciones de conformar un polo productivo en el Noroeste argentino, y habían diseñado un sistema de explotación que no encajaba dentro del modelo concentrado de Martínez de Hoz”, explicó el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén.

En noviembre de 1976, los hermanos Rodolfo, Carlos y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados por grupos de tareas en Santiago del Estero, trasladados a La Plata, donde fueron torturados en distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps, y estuvieron cautivos durante 22 meses.

Antes fueron obligados a vender propiedades y acciones y a cambio les prometieron 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.

Este caso explica, para Alén, que en el terrorismo de Estado “existen víctimas que nada tenían que ver con su posición política, gremial o social”. También está en las puertas del juicio oral el caso de la apropiación de bienes de la familia Cerruti, en la zona de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, por privación de la libertad e imposición de tormentos contra Victorio Cerutti, Horacio Palma, y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini.

En esta causa deberán sentarse en el banquillo de los acusados parte de los condenados en el juicio por delitos en la ex ESMA, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo y Jorge Redice.