Acusado de más de 350 violaciones a los derechos humanos, el represor y ex jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura Luis Enrique Baraldini fue procesado ayer por el juez federal pampeano, Pedro Vicente Zabala. Baraldini esquivó con éxito la Justicia durante ocho años, desde que en 2003 huyera a Bolivia y permaneciera allí hasta el 24 de diciembre de 2011, cuando fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y expulsado a la Argentina. Al ser trasladado luego a la ciudad de Santa Rosa, Baraldini se negó a declarar y solicitó su excarcelación, esgrimiendo su presunción de inocencia. El juez Zabala rechazó el pedido de Baraldini argumentando que integrantes de la familia del ex militar pagaban sobornos –que alcanzaron los 20 mil dólares– a miembros de Interpol de Bolivia, para sortear así el pedido internacional de captura que pesaba sobre él.

Jefe de la policía pampeana desde diciembre de 1975 hasta noviembre de 1979, el coronel retirado Baraldini, de 73 años, fue un destacado jefe operativo de la Subzona 14, teniendo a su cargo el centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría 1ª de la ciudad de Santa Rosa. Según los relatos de testigos, el represor participaba personalmente de las sesiones de tortura, de los interrogatorios matizados con picanas. Baraldini fue además un ex carapintada que sirvió a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue la toma del Regimiento de Patricios, en Palermo, por cuyo hecho fue condenado y apresado hasta 2002, cuando el senador Eduardo Duhalde, entonces presidente interino, lo indultó.

Insultos y gritos de “asesino” recibieron a Baraldini el 29 de diciembre de 2011, cuando fue trasladado del penal de Marcos Paz al Juzgado Federal de Santa Rosa, donde el juez Pedro Zabala y la fiscal Marta Odasso leyeron los cargos en su contra. El represor prefirió callar. De modo que fue retirado –esta vez por la parte trasera del edificio– y alojado en la Unidad 4 de Santa Rosa, donde permanece hasta el momento, reunido junto a otros miembros del comando Subzona 14, condenados en 2010.

Familiares y abogados querellantes lamentaron que el juicio por la Subzona 14, realizado en el segundo semestre del 2010, se efectuara con la ausencia de Baraldini, a quien consideran “la cabeza del terrorismo de Estado en La Pampa y principal responsable de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la provincia”. En aquella sentencia se condenó a nueve represores por 37 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Ahora se espera una segunda etapa penal, cuya instrucción se desarrolla desde el año pasado con un mayor número de hechos y de testimonios.

Tras negarse a declarar a fin de año y quedar detenido en La Pampa junto a sus ex compañeros, Baraldini solicitó el jueves 12 de enero su excarcelación apelando a su presunción de inocencia. La solicitud fue denegada por el juez Zabala en menos de veinticuatro horas. El magistrado expresó que existían “sobrados riesgos procesales para denegar la soltura” y reveló que “hubo un acuerdo espurio” entre integrantes de la familia de Baraldini y la Interpol de Bolivia. La resolución dio a conocer escuchas telefónicas que descubrían presuntos pagos de coimas de 20 mil dólares.

La noticia repercutió en el país vecino: en los últimos días el Ministerio de Gobierno de Bolivia ordenó a la policía de ese país investigar los supuestos sobornos a la Interpol boliviana para evadir la orden internacional de captura que pesaba sobre Baraldini. El represor argentino no es un desconocido en Bolivia. Como retazo del alzamiento carapintada argentino, Baraldini estuvo vinculado en 2009 a una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales.

Al vencer el plazo, diez días después de la negativa a la excarcelación de Baraldini, el juez Zabala resolvió ayer procesar al represor. Será juzgado por los casos de represión ilegal que se conocieron en el primer juicio contra represores pampeanos y se le agregarán los hechos de la segunda causa penal, que suman más de 300 casos. La fundamentación del procesamiento se conocería hoy y, según fuentes judiciales, las partes ya fueron notificadas.