EL PAíS › EL CASO DE CARLOS MORENO, ABOGADO DESAPARECIDO
Empieza en Tandil el juicio a tres militares y dos civiles acusados del secuestro y desaparición de Moreno, abogado de los trabajadores de Loma Negra.
Tres militares y dos civiles serán juzgados a partir del 9 de febrero en Tandil, en el juicio oral por el secuestro, la tortura y homicidio de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista de Olavarría que representaba a los trabajadores de la cementera Loma Negra, de Amalia Fortabat. Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 a pocos metros de su casa, en Olavarría, y permaneció en cautiverio en una quinta de los hermanos Emilio y Julio Méndez, en Tandil, donde se cree que fue fusilado. Del juicio, que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), participarán 70 testigos. “Mi padre estaba convencido de que su trabajo tenía que ser en defensa de los trabajadores”, dijo Matías Moreno a Página/12. Querellante en la causa, Matías expresó: “Nosotros seguimos creyendo en la Justicia por la que él murió”.
Resquebrajamiento de los dedos, que se ponen como palillos de tambor, temblequeo permanente en las manos, poca capacidad respiratoria, entre otros, eran los síntomas compartidos por muchos de los trabajadores de Loma Negra, que morían antes de jubilarse. Los afectaba la silicosis, lo que Moreno pudo detectar, para luego intentar revertirlo. Fallos favorables indicaron que la fábrica debía hacer modificaciones de seguridad e higiene laboral, reducir carga horaria e indemnizar a familiares de fallecidos. “Por esto mi padre empieza a recibir amenazas, y a hacerse conocido –recordó Matías–, además colaboró en el desarrollo de los sindicatos de canillitas y de porteras de escuela de la zona.”
El 29 de abril de 1977, Moreno salió de su casa a las 19, para llevar un certificado médico a la escuela donde trabajaba su mujer, embarazada de su segundo hijo. Al regresar, fue abordado por un Renault 12 naranja y, según declaraciones de testigos, fue golpeado y secuestrado. Lo condujeron a la casa de los hermanos Méndez, a metros de la ruta 226, aledaña al club de rugby Los Cardos. Testigos del barrio aseguraron que en la puerta de la quinta era infaltable un vehículo militar, y que allí hubo más de un cautivo, y más de un fusilamiento.
Se cree que Moreno permaneció en la quinta de los Méndez hasta el 3 de mayo, cuando logró escapar y llegar a una casa vecina. La investigación indica que se encontraba deshidratado y que bebió más de un litro de agua. Poco duró la tregua, porque se escucharon disparos, y Moreno debió escapar. Lo encontraron en la sierra, detrás de una piedra, en muy mal estado físico. Según los testimonios, Moreno recibió palazos en el cuerpo, y fue llevado nuevamente a la quinta de los Méndez, donde habría sido fusilado.
Una semana después, el 10 de mayo, la familia Moreno recibió el cuerpo del abogado, con la única condición de que no fuera enterrado en Olavarría. “Las comisiones obreras ya habían hecho pintadas”, dijo Matías. Entre el secuestro y la entrega del cuerpo, los militares allanaron el domicilio de la familia, irrupción justificada con la “sospecha” de que Moreno “fabricaba explosivos”. Ahora los coroneles Julio Alberto Tomassi, Roque Italo Pappalardo, el suboficial mayor José Luis Ojeda y los civiles Julio y Emilio Méndez deberán responder ante el TOF de Mar del Plata a partir del 9 de febrero, en un juicio oral cuyas audiencias serán en el aula magna de la Unicen, jueves y viernes a las 8 y a las 15.
Matías Moreno contaba apenas un año y medio cuando su padre fue secuestrado, y su madre se encontraba entonces embarazada de su hermano Martín. Sociólogo e integrante de la agrupación Hijos de La Plata, Matías le aseguró a este diario que la investigación “en pocos días (luego de la recuperación del cuerpo de su padre) se llegó a esclarecer, gracias al buen reflejo de los abogados de la zona”. No obstante, recién desde 2005 se instruye la causa. “Es sólo por una decisión política que se está avanzando”, dice, al tiempo que confiesa: “Después de 35 años, el sentido de justicia en lo personal es muy vago”, pero “como sociedad, estamos dando un paso adelante”.
Informe: Agustín Saavedra.
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