Los hermanos Iaccarino comienzan a divisar el final de un largo camino. Alejandro y Carlos reclaman justicia hace más de tres décadas. Lo hacen por ellos, pero también por sus padres y por Rodolfo, el mayor de los tres hijos, todos fallecidos. Su caso es uno de los 604 que registró hasta hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con empresarios que fueron despojados de sus bienes por la última dictadura. La inminencia del primer juicio –en total son ocho– que los tiene como víctimas del terrorismo de Estado despierta en ellos la expectativa de cierta reparación. Está previsto para febrero o marzo en La Plata y lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Dos represores procesados y detenidos, Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, serán juzgados por los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas. Eran los responsables del centro clandestino de detención conocido como El Infierno. Allí, los empresarios lecheros fueron obligados a transferir acciones de sus empresas, campos y un avión ejecutivo a cambio de conservar sus vidas.

“Hace 33 años que venimos peleando para llegar justo a esta instancia. La dictadura militar mató nuestro proyecto de vida, algo irreparable. Por eso sentimos un dolor muy grande, la frustración de hacernos desaparecer, la muerte de nuestro hermano Rodolfo por amenazas, los vejámenes a nuestros padres. Buscamos que nos reparen moral y económicamente. Teníamos siete empresas, ahora tenemos ocho causas en la Justicia”, dice Alejandro con una serenidad pasmosa.

Carlos, el menor de los Iaccarino, está bajo tratamiento médico por una enfermedad complicada. Los hermanos pidieron por esta razón que la causa se ventilara con urgencia y el pedido fue contemplado. De profundas raíces cristianas, sostiene que “no guardamos resentimientos ni odios. Pero sí exigimos justicia de acuerdo a derecho, ya que en la Tierra tendrán su condena y después el inexorable juicio divino”.

De los ocho expedientes abiertos con sus denuncias, el más trascendente es el 6080 que ventilará el TOF Nº 1, presidido por Carlos Rozanski. Está caratulado “Iaccarino, Rodolfo José y otros sobre apropiación de bienes”. Dos más los tiene el mismo tribunal, con incidentes planteados por los fiscales contra la detención domiciliaria de Ferranti y Trevisán. Las cinco causas restantes se encuentran en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, de Arnaldo Corazza. En ellas se investigan la cesión de un campo de golf en Alta Gracia –entregado en canje a la familia cuando testaferros de la dictadura la despojaron de sus bienes– y las amenazas de muerte que sufrió Rodolfo.

El mayor de los hermanos falleció un mes después de recibirlas, el 12 de julio de 2009. Un infarto masivo acabó con su vida. En cautiverio y bajo tortura habían comenzado sus problemas cardíacos. Por eso tuvo que ser operado tiempo después y le hicieron cuatro bypass. “El caso Julio López será un poroto al lado del caso Iaccarino”, le advirtió con tono intimidatorio un hombre sesentón, bien vestido, en una plaza platense, el 10 de junio de aquel año.

“El hecho de pensar que estaremos frente a los represores no modifica nuestra naturaleza. No obstante, nos trae el recuerdo de las torturas sufridas, amén del dolor que debieron soportar nuestros padres, porque también ellos fueron secuestrados”, recuerda Carlos. Rodolfo Genaro, el jefe de la familia, sufrió un ACV a los tres días de que sus hijos fueran liberados. La madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, permaneció diecisiete días detenida en 1976 durmiendo en el piso de una comisaría, sólo alimentada a mate cocido. Alejandro recuerda ahora que “cuando la llevaron ante el coronel Flores Jouvet, ordenó: ‘Lárguenla, esta mujer está destrozada’”. El 1º de enero de 2008 falleció, a los 90 años.

Veintidós meses estuvieron detenidos desaparecidos los hermanos. Los secuestraron el 4 de noviembre del ’76 y recobraron la libertad el 4 de septiembre del ’78. Para entonces, su padre ya había firmado la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y de un avión.

Alejandro pasó por catorce centros clandestinos. Sus denuncias no se detienen en los daños que le provocó la dictadura cívico militar. Asegura que en la Justicia de Córdoba “desaparecieron tres carpetas con valiosa documentación enviada por el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Cella”. Eran pruebas que, según el empresario, tenían relación con la usucapión que pretendía tramitar la sociedad civil Alta Gracia Golf Club para tomar el dominio definitivo de los ahora costosos terrenos de la localidad cordobesa. Las 28 hectáreas y unos lotes colindantes al green del exclusivo club poseían un valor mucho menor al actual cuando fueron escriturados por los Iaccarino a cambio de su libertad y todo su patrimonio.

Un documento notarial firmado el 24 de agosto de 1979 y protocolizado por el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia menciona que el ciudadano paraguayo Vicente Antonio García Fernández compareció “como presidente de la Sociedad Anónima Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, con domicilio en calle Maipú 510, 2º piso, de la Capital Federal...” y a solicitud de los Iaccarino señaló que “según boleto de fecha 9 de octubre de 1977, han adquirido de la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia SA, firmando como presidente en esa oportunidad el señor Bruno Chezzi (CI 4.912.755), una fracción de terreno conocida como Cancha de Golf del Sierras Hotel, con una superficie de 28 hectáreas, 1010 metros cuadrados”. Caída la usucapión –derecho que establece que quien poseyó un terreno durante cierto tiempo puede hacerse dueño del mismo–, los hermanos Iaccarino esperan que se materialice la entrega de los bienes que les pertenecen. Se apoyan en la teoría de Theo Van Boven, un reconocido jurista holandés que estableció la teoría de la reparación económica en materia de derechos humanos.