La II Asamblea Nacional contra el ALCA resolvió impulsar la realización de una consulta popular entre el 4 y el 11 de octubre próximos en todo el país, para que la ciudadanía exprese su opinión sobre las políticas oficiales a seguir en relación con el tratado de libre comercio, deuda externa y militarización.
La consulta estará precedida de jornadas de difusión a nivel nacional los días 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio. Tiene como antecedente la que en septiembre del 2002 reunió en Brasil unos 10 millones de votos contra la implementación del ALCA y la instalación de bases militares estadounidenses en ese país.
El cierre del encuentro, en el que participaron durante tres días unas cinco mil personas, se realizó en el aula magna de la Facultad de Medicina. Durante el fin de semana hubo talleres temáticos sobre deuda externa, militarización, judicialización de los conflictos sociales, salud, educación y cultura.
En las jornadas participaron representantes de quince provincias e invitados de once países latinoamericanos, entre ellos los economistas Theotonio Dos Santos, de Brasil, Orlando Caputo, de Chile, y Daniel Olesker, de Uruguay, y 300 entidades del país como Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora, la CTA, Attac, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y el Servicio de Paz y Justicia.
La Asamblea unificó las consignas contra el ALCA y la guerra, consideradas por los principales referentes como dos iniciativas que van de la mano. El viernes las organizaciones realizaron un acto de repudio frente a la Cancillería, mientras que el sábado los participantes del encuentro, encabezados por Adolfo Pérez Esquivel y la monja Martha Pelloni confluyeron en la marcha contra la ocupación de Irak que fue de Congreso a Plaza de Mayo.
El domingo los representantes de los diferentes distritos dedicaron el día a decidir cómo se implementará la campaña por la consulta. En un comunicado de prensa, los organizadores advirtieron que “una vez en vigencia, a partir del año 2005, el ALCA estará por encima de las constituciones políticas de los Estados”, afectando a cuestiones vinculadas con “el medioambiente y los recursos naturales, los servicios de educación, salud y agua, las condiciones y derechos laborales, la privatización de las empresas y servicios estatales, la salud y la
seguridad alimentaria de la población”.