En declaraciones periodísticas, el canciller español, José Manuel García Margallo, negó la posibilidad de sentar a los gibraltareños en la nonata mesa de negociación para la restitución del Peñón. “Eso corresponde a los mayores”, fustigó. Expresó así, sarcástico, que la soberanía deben discutirla su país y Gran Bretaña. Las cuestiones de “cooperación” son otro aspecto y ahí sí cabe acodar a “Gibraltar y a la Junta de Andalucía”. Es dable imaginar cómo hubieran reaccionado por acá si el, muy medido en estos temas, canciller argentino, Héctor Timerman, hubiera dicho algo similar.

Sin embargo, el planteo es lógico. La cuestión principal se dirime entre los Estados que están enfrentados, otros aspectos muy relevantes son otro estadio y habilitan otros espacios.

La Argentina acelera, en el año de un aniversario doloroso y significativo, sus acciones para forzar a los británicos a sentarse a negociar. La tozudez de la contraparte, que también padecen los españoles, cierra todas las puertas, se ne frega de las recomendaciones de los organismos y la comunidad internacional. La estrategia argentina, desde 1983 y, en rigor, desde antes –con la brutal excepción de la guerra– es conseguir un ámbito de negociación. La táctica de los gobiernos kirchneristas es ampliar el arco de apoyos internacionales, tornar más ostensible el aislamiento inglés y hacerlo más gravoso. No son las palabras, ni la ley sola las que convencerán al ex imperio colonial que conserva sus últimos bastiones. En una recomendable y versada columna publicada días atrás en Página/12, el especialista Juan Gabriel Tokatlián explicó que Argentina ha acrecentado visiblemente su “soft power” en los últimos años. Y también remarcó lo trabajosos que son los avances y lo lenta que será una virtual tratativa.

Por ahora, se trata de forzar (con medios lícitos y pacíficos) a los británicos a recapacitar.

Para negociar (lo que casi siempre incluye ceder algo) habrá tiempo y oportunidad, si es que se “tiende la mesa”.

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La frase anterior viene a cuento para comentar el documento de un conjunto de intelectuales, periodistas y un dirigente político que se divulgó el miércoles. Página/12 lo publicó completo, en su edición impresa. No hicieron lo mismo Clarín

ni La Nación, que es el medio donde publican muchos de sus firmantes. El documento es más breve y menos fundado que artículos individuales previos de varios de sus autores. Acaso es el máximo común denominador entre personalidades diferentes, varias con egos significativos. La iniciativa política se la atribuye el ex diputado cívico Fernando Iglesias. El texto original fue escrito por éste, por el historiador Luis Alberto Romero y el sociólogo Vicente Palermo. Se reconocen párrafos casi textuales de columnas de los dos últimos. Circuló por cadena de correos electrónicos, tuvo mínimas correcciones. No hubo reuniones grupales. Es un gesto político de un grupo disperso, antes que un trabajo intelectual.

Los dos vocablos más significativos y repetidos son “autodeterminación” y “patrioteros”, referidos a los derechos de los isleños y a quienes no piensan como los autores. La idea básica, que Argentina debe reducir sus reclamos, deponer el de soberanía y buscar mecanismos de acercamiento a los isleños.

Dos objeciones sustanciales, cree el cronista, merece el texto. La primera es que la soberanía sobre las Malvinas es un imperativo constitucional, establecido en una cláusula transitoria en la reforma de 1994. Desde luego, y eso sí se menciona en el documento reconociendo “el modo de vida de sus habitantes”. Retractar ese principio, a más de dejar de lado una constante de la política internacional argentina quebrada en la dictadura, importa apartarse de la Constitución.

Pero, además, el planteo expresa una visión entre candorosa e inexplicable de lo que es una negociación. O, hasta aquí, su procura. Renunciar a la parte sustantiva del reclamo como señuelo para atraer a la contraparte es conceder sin contrapartidas. El objetivo (en la coyuntura y desde hace décadas) es construir el ámbito de intercambio, recién ahí puede verse cómo se negocia.

Tampoco explican los firmantes qué legitimidad o qué fuerza tendría la Argentina si retracta su planteo de soberanía sostenido con creciente apoyo ante la comunidad internacional. O por qué los isleños, que son muy refractarios al diálogo, se sentirían estimulados a hablar con quien “baja el precio” a sus legítimas pretensiones.

En afán de extremar el reproche a las posiciones argentinas, los autores obvian cualquier simetría: no exigen a los británicos ninguna autocrítica, ni siquiera la del hundimiento del General Belgrano.

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Un aspecto atendible del documento es aquel que recomienda un ejercicio de introspección acerca del apoyo popular a la guerra emprendida por la dictadura. Como discusión pública es válida. A nivel político, el Estado y el pueblo argentino han revisado y recusado esas prácticas en el decisivo terreno de los hechos. Todos los gobiernos surgidos desde 1983 criticaron la guerra y adoptaron metodologías variadas pero siempre pacíficas. Hasta las patéticas movidas del menemismo encuadran en esa regla de oro.

La brega por Malvinas no está “al tope de las prioridades nacionales y de la agenda internacional de nuestro país”, como denuncia el colectivo intelectual. El abanico de prioridades democráticas es muy amplio y creciente. Casi sobra decirlo.

En cuanto a la agenda internacional se construyó con otros ítems preferenciales desde 2003. El Mercosur, la Unasur, la Celac. La integración estratégica con Brasil. Y un nivel de cooperación en la región, en Sudamérica especialmente, traducido en una seguidilla relevante de cumbres presidenciales. Los gobiernos argentino y brasileño (y esto vale como señal para Malvinas) fueron activos garantes de la paz y amortiguadores de conflictos bélicos entre países hermanos. E intervinieron contra intentonas golpistas con éxito en Bolivia en dos ocasiones y sin fortuna en Honduras. Esa trayectoria demuestra objetivos perdurables y resultados sin término de comparación previa. Todos enderezados a defender la gobernabilidad democrática y la paz regional.

Las alarmas de los redactores del documento parecen menos sólidas que su voluntad de diferenciarse del oficialismo, aún cuando éste sea apoyado por todo el arco político con representación parlamentaria.

De cualquier manera, el cronista piensa que debe saludarse cualquier propuesta a debatir. Y no maltratar con sustantivos o adjetivos descalificativos a quienes, desde una posición muy solitaria (detalle que, sin zanjar la polémica, es digno de mención), ejercen su derecho a expresarse.