A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977, mientras investigaba y ya había denunciado a Loma Negra por una enfermedad respiratoria que contraían los obreros del sector Embolsado, llamada silicosis. Moreno le había ganado a la empresa por lo menos tres demandas representando a algunos de los obreros que se ofrecieron incluso a hacerse una operación a “pecho abierto” para hacer los estudios que revelaron el problema. Los datos de la Dipba y la información que se recopiló en la investigación dan cuenta de que él no estaba vinculado con organizaciones políticas o gremiales, sino que era un abogado comprometido con los trabajadores. Las fichas de la Dipba lo encolumnan en el “peronismo pacifista”.

Los hijos de Moreno, Matías y Martín, asocian su muerte a los reclamos a Loma Negra. Hay, a esta altura, pruebas que fueron recogiendo en el juicio que avalan esa hipótesis. Por un lado, el fiscal federal Daniel Adler aportó los expedientes de los casos que Moreno llevó adelante y le ganó a la empresa. Por otro, están las fichas de la Dipba que lo desvinculan de una relación política. Y el jueves pasado, por ejemplo, declaró un testigo clave que apuntaló esa dirección. Ignacio Miguel Ruppel dijo que le ganó una demanda a una de las cementeras, y al día siguiente el mayor Roque Italo Pappalardo lo secuestró.

Esos son algunos elementos que hacen concluir que el homicidio se hizo por encargo del poder económico. Una de las escenas del día del asesinato de Moreno también agrega otro dato. Es el momento en el que el jefe de la Unidad Regional de Azul, el teniente coronel del Ejército Aníbal Verdura, le entrega el cuerpo a su familia. Para entonces, en Olavarría se había armado un revuelo porque los obreros de AOMA se levantaron para reclamar por el homicidio. El jefe, en ese contexto, le dijo a la familia que sólo les entregarían el cuerpo si lo enterraban fuera de Olavarría.