La policía desalojó a la asamblea de Lezama Sur del ex Banco Mayo de Suárez y Patricios, un lugar con el peso simbólico de haber sido uno de los primeros en ser recuperados por los vecinos, el 14 de julio del año pasado. El operativo policial se realizó a las siete y media de la mañana, cuando en el local no había más de una decena de personas. No hubo detenidos. En repudio por la medida, desde el mediodía se realizó un corte de calle al que se acercaron integrantes de otras asambleas, piqueteros, trabajadores de Brukman y estudiantes secundarios. Al cierre de esta edición los manifestantes permanecían reunidos en la avenida.
Inés fue una de las personas que estaban en el edificio cuando llegaron los patrulleros. “La policía cortó el tránsito colocando vallas en las dos esquinas de la cuadra, para mantener alejados a quienes se acercaran a protestar. Como teníamos encima la amenaza de desalojo, habíamos preparado el lugar colocando en la vidriera del frente paneles de madera, con la idea de demorar el ingreso de los efectivos y tener tiempo de llamar a abogados y organizaciones sociales. Para entrar, la policía rompió con hachas los vidrios, la cortina y los paneles de madera. Abrieron la última puerta con una grúa.”
El procedimiento llevó cerca de tres horas, a cargo de unos cincuenta policías de la Federal con personal de civil e infantería que cargaron en un vehículo las pertenencias de los asambleístas y los equipos de los periodistas de Indymedia, que tenían allí su centro de operaciones. “Se llevaron una computadora, la tirada del periódico impreso y una muestra de fotos sobre los desalojos”, señaló Sebastián Hacher. En la publicación secuestrada, anticipando lo que finalmente ocurrió ayer, una nota señalaba “para un nuevo orden mundial, necesitan un nuevo orden barrial”.
El ex Banco Mayo había sido tomado por la asamblea para abrir allí un centro de actividades comunitarias, en un gesto con un sentido político vinculado a la historia de defraudaciones de la entidad. Cuando el banco quebró, en 1995, salieron a la luz una serie de maniobras de estafa contra los ahorristas. La Justicia comprobó que sus directivos, entre ellos el presidente de la entidad, Rubén Beraja, se habían otorgado autopréstamos junto a otros mecanismos de vaciamiento. Ahora el caso se está reinvestigando bajo la óptica del lavado de dinero.
Otro banco, el Comafi, está a cargo de la liquidación del ex Mayo, y es quien reclama judicialmente la propiedad. El informe de la comisión investigadora que presidió la diputada Elisa Carrió también lo incluye entre las entidades bajo sospecha de lavado de dinero.
A los integrantes de la asamblea no se les concedió el acceso al expediente. Si bien ayer no hubo detenciones, los encargados del operativo tomaron los datos de dos personas que resistieron el desalojo, quienes deberán declarar en los próximos días.
Expresando su solidaridad estuvieron en el lugar integrantes de las asambleas de Anchorena y Córdoba, Lomas de Zamora, Gerli, Ramos Mejía, el centro cultural Tierra del Sur, los MTD Aníbal Verón, la agencia Anred, el Movimiento Juvenil No Pasarán, la periodista Naomi Klein, el Movimiento Territorial de Liberación y militantes del MST, entre otras organizaciones.