Los acusados de lesa humanidad se enfrentan a procesos con todas las garantías jurídicas. Sin embargo, desde hace tiempo sus defensores apelan a distintas estrategias para demorar y dilatar las causas. Así como en un momento usaron los pedidos de nulidades y recursos de todo tipo en colaboración con la todavía “bisordiana” Cámara de Casación, ahora parecen contar con la ayuda de los informes de los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) o de médicos y especialistas en salud mental convocados como representantes oficiales. Un diagnóstico todavía informal de un organismo público que empezó una investigación sugiere que existe un “descontrol” en las convocatorias para cumplir esas funciones. Hay casos en los que peritos del muy cuestionado CMF dictan resoluciones más benévolas que los médicos de los represores. O casos en los que actúan como “médicos oficiales” quienes antes fueron peritos de parte, como sucede en Rosario con quien fue perito de Luis Patti.

Algunos jueces creen que, llevados al extremo, los dictámenes pretenden salvaguardar a los acusados dejándolos en sus casas. El estado de situación todavía no está mensurado, pero parece tan consolidado que hay jueces y fiscales que desarrollaron una suerte de estructura paralela de peritos para controlar los informes del CMF: convencidos de antemano de que los informes pueden no estar bien, salieron a buscar a encumbrados profesionales de hospitales públicos como el Ramos Mejía o el Posadas, o de universidades como la de Buenos Aires, para confirmalos o rebatirlos. Este es uno de los indicadores más claros del problema: el momento en el que la sospecha empieza a institucionalizar una organización alternativa.

Viudos y NN

Uno de los frentes más complicados está abierto en Rosario. Allí la querella representada por la abogada Ana Oberlín acompañó la impugnación de una pericia que presentó la fiscal Mabel Colalongo ante el Tribunal Oral N°1 de Rosario. “Estamos olvidando que todo esto es una carga a favor de la impunidad –dice la fiscal a Página/12–; esto es el centro del problema. Esta corporación judicial garantizó la impunidad con sus fallos durante años. Sorteamos esos problemas, hubo nombramientos de jueces, sorteamos el tema de las nulidades de a poco ¿y ahora nos enfrentamos a esto? Nuevamente estamos haciendo transcurrir el tiempo y recargar pasto a la impunidad, porque además estos señores llegaron a los 80 años sin ser condenados y fue precisamente por eso. Tenemos que ser mucho más exigentes cuando decimos que una persona puede ser inimputable porque se le murió la señora, por ejemplo, como sucedió acá, estas son las cosas que ofenden a quienes trabajamos en esto genuinamente.”

No es fácil evaluar la dimensión del problema. Las quejas sobre la actuación del CMF llegan de algunos fiscales federales, de las querellas y en alguna medida de algún juez de los Tribunales Orales. Es decir, la mayor parte de los actores menciona deficiencias en el mejor de los casos, o complicidad de un organismo que pese a los anuncios que hicieron años atrás para cambiarlo, mantiene una estructura que incluso fue funcional a la dictadura. Como recuerda uno de los jueces, los peritos de la Corte fueron quienes en los años negros de la dictadura hicieron informes de cuerpos NN que aparecían en los supuestos enfrentamientos, algunos de los cuales permanecieron y permanecen como desaparecidos.

Antes de analizar los casos más paradigmáticos, conviene entender en términos generales cómo es el problema. La mayor parte de los acusados cuando dice que no puede ser sometido a juicio, lo dice a través de un médico de parte. Los médicos o especialistas en salud mental explican que están insanos mentalmente o con problemas de salud que los vuelven vulnerables en un juicio. En ese caso, el CMF debería actuar para corroborar o refutar los exámenes. Según se desprende de los datos de las fuentes consultadas, lo que sucede en un número por lo menos llamativo de casos es que los peritos dictaminan a favor de los imputados con informes más fuertes que los suyos. Otro problema estructural es que los jueces sólo notifican a los fiscales y a las querellas cuando el diagnóstico ya está arriba de la mesa y ya tomaron una decisión. La convocatoria temprana a una junta médica, por ejemplo, que evite un único diagnóstico, es una de las soluciones posibles.

En ese contexto, el hecho de salir a buscar médicos propios parece estar institucionalizando por lo menos la idea de la abrumadora desconfianza, tal como lo mencionaron varias fuentes. Uno de quienes buscaron médicos para chequear los informes de los peritos de la Corte fue el fiscal Javier de Luca, en la causa por el Hospital Posadas. Pero también lo está haciendo en este momento el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, por mencionar un ejemplo. En el juicio por el Circuito Camps, el tribunal integrado por Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela consiguió la colaboración de un equipo médico del Hospital Ramos Mejía a cargo de la doctora Silvia Kochen, directora del área de Neurología. Aunque colaboran para sortear distintas dudas sobre el estado de los acusados, intervinieron expresamente en el caso del ex gobernador Manuel Saint Jean, de quien los peritos de la Corte dijeron que no estaba en condiciones de ser imputado en el juicio. Pese a que el incidente aún no está resuelto, el informe del CFM cayó en descrédito cuando los jueces lo escucharon responder con toda conciencia de tiempo y lugar las preguntas del comienzo del juicio.

El Tribunal en realidad ya estaba prevenido: si hubiesen seguido las recomendaciones del CMF nunca habrían podido juzgar y condenar, como finalmente lo hicieron en 2010, a Omar Alonso, el apropiador de María Natalia Suárez Nelson que tan bien resultó estar durante el juicio que hasta confesó haber inscripto a la niña con su nombre y reconoció el nombre del represor que se la entregó.

Los casos

En Salta y Rosario hay dos frentes que en este momento son conflictivos. En Salta, el cardiólogo del Cuerpo Médico Forense emitió un dictamen para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al comisario general retirado Joaquín Guil, que tiene dos condenas: por el asesinato de Miguel Ragone y la masacre de Palomitas. Los integrantes de los organismos de derechos humanos que querellan en las causas se quedaron pasmados cuando leyeron el informe: después de leerlo y leerlo no entendían cómo el cardiólogo Cristian Rando fue más benévolo con Guil que su propio médico de parte.

Para quienes están mirando de cerca el tema, este es uno de los casos paradigmáticos porque revela un problema de fondo: Guil estuvo en prisión, en el verano lo trasladaron por problemas renales y de presión a una clínica privada, y luego del alta su defensor pidió el traslado a su casa. El juez Leonardo Bavio pidió en ese momento un informe del CMF para constrastarlo; el perito Rando dictaminó a favor de Guil y el juez concedió la domiciliaria. Lo que se le cuestiona a Bavio ahora no es tanto haber convocado a Rando, pese a que es conocido entre los fiscales porque sus dictámenes favorecieron entre otros al represor Domingo Bussi, que en una ocasión quedó liberado de un juicio y al otro día salió del hospital para ir a su casa en un country. Se le cuestiona más bien que haya tomado la decisión sin haber notificado antes al fiscal Domingo Batule y a la querella, y que no haya convocado a una junta médica para evitar justamente una única perspectiva sobre un asunto del que finalmente no entienden los jueces sino los médicos.

Tania Kiriaco es una de las querellantes de la causa. “Lo que queremos es que de una u otra manera Guil cumpla la prisión en un establecimiento carcelario, como lo ordenó en su momento el juez federal”, dijo. “Guil cuenta en su haber con dos condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad y no es justo que ahora quiera ocultarse en una clínica o en su casa para evitar ir a la cárcel.”

El otro caso es de Rosario. Muestra un problema distinto, el de los efectos que genera la falta de una base de datos única que permita cruzar los nombres de los médicos que actuaron como peritos de parte, para evitar, por ejemplo, que luego aparezcan convocados como médicos oficiales o con una figura similar. El dictamen que está impugnando Mabel Colalongo es sobre el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, que fue jefe de la represión en San Nicolás, un cordón industrial devastado por la dictadura. La causa está dividida en dos Tribunales. Primero intervino el Tribunal N° 2 y un perito de la CMF declaró al ex coronel inimputable, dictamen luego revertido por el informe de una junta médica. Cuando otro tramo de la causa llegó al Tribunal N° 1, la fiscal pidió lo que parecía más razonable: que tomaran en cuenta ese informe final. Por pedido de la defensa, los jueces decidieron convocar a una nueva junta médica. El caso se convirtió casi en kafkiano porque la Junta tuvo votos divididos: por un lado, votaron el perito de parte, Mariano Castex; la médica del CMF, Ana María Arias, el perito de la Asociación Médica Argentina, Néstor Ricardo Stingo. Ellos dijeron que era inimputable, entre otras cosas porque padecía una depresión producto de la muerte de su mujer y de su suegra.

Una psicóloga de la UBA dijo lo mismo, pero con otros fundamentos. Y por otro lado, un médico de salud mental de la UBA falló en disidencia: dijo que Saint Amant sí era imputable y –como lo había hecho la primera junta médica– encuadró el diagnóstico al decir que “durante la entrevista pericial sobreactuó intencionalmente un cuadro demencial que por groseras contradicciones fue descartado por el perito”.

Con esos datos, la fiscal y la querella de Oberlín impugnaron el informe en general y en particular a Arias y a Stingo, que debían actuar como supuestos peritos neutrales. De Stingo recordaron que curiosamente ya había actuado como perito de parte en el caso de Patti, entre otros represores conocidos, como Emilio Massera. La fiscal explica que su dictamen se cayó porque el ex subcomisario fue sometido a juicio y condenado. Los jueces, hay que decirlo, no se basaron en un informe del CMF que en otro dictamen dejó las puertas abiertas para esa misma posibilidad, sino de los peritos de las querellas que consideraron que Patti sobreactuaba acerca de su estado de salud.

“Para esta parte –dice Colalongo–, los dos antecedentes expuestos, entre otros, coincidentes con la conclusión a la que arriba en el caso de interés resultan elocuentes a la hora de establecer la seriedad del desempeño del profesional en cuestión.”