El policía bajó por las escalinatas del Palacio de Tribunales, se levantó la gorra con cara de asombro y le preguntó a la periodista de Crónica TV que estaba hablando con su camarógrafo: “¿Ustedes van a hacer una nota con esto? ¿De qué se trata? ¿Saben si vino alguien hoy acá, al cuarto piso?” Mientras intentaba que la muchacha le diera algún dato que reportar a sus superiores, el hombre miraba avanzar desde la Plaza Lavalle las banderas y pancartas que los organismos de derechos humanos habían llevado para reclamar que la Corte Suprema confirme la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En diez minutos, los escalones por los que había bajado el policía quedaron cubiertos con nombres de los desaparecidos en cuya memoria se exigió Justicia. Poco antes, Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, se había reunido con las autoridades de la Corte, quienes le aseguraron que el fallo saldría después de las elecciones.
Ante rumores varios e informaciones periodísticas acerca de la inminencia de uno o más fallos de la Corte para paralizar los juicios en los que son juzgados quienes cometieron crímenes contra la humanidad durante la última dictadura militar, los organismos de derechos humanos decidieron no quedarse de brazos cruzados. Llevaron pancartas con siluetas en representación de los 30 mil desaparecidos y las fotos de cientos de ellos, que sostuvieron delante del Palacio de Tribunales. Con aerosol blanco y rojo, escribieron en los escalones “Urondo, Argente, Conti, Brodsky, Walsh” y otros nombres y apellidos de las víctimas del terrorismo de Estado.
A las once de la mañana, Carlotto y la abogada de las Abuelas, Alcira Ríos, entraron al despacho del presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien las recibió junto a su segundo, Eduardo Moliné O’Connor. Sin preámbulos, Carlotto les dijo que estaba allí –era una audiencia previamente concertada– porque el tribunal tenía en estudio desde hacía tres años una causa en la que debía resolver sobre la realización de los análisis genéticos de una joven que podría ser hija de desaparecidos. Los ministros argumentaron que habían estado ocupados por temas como el corralito y el corralón pero Carlotto les recordó que la última vez que había estado en la Corte le dijeron que estaban esperando el dictamen del procurador y que Becerra se expidió hace tiempo y opinó que quienes pueden ser hijos de desaparecidos deben hacerse los estudios de ADN. Además, Ríos recordó que la Corte misma ya se había pronunciado sobre este tema en otras causas. “Creo que en esos casos nos referíamos a menores”, le dijo Nazareno, en alusión a que en el caso pendiente, Evelyn Karina Vázquez (así fue anotada), era mayor cuando se supo que podría ser hija de desaparecidos. La abogada contestó que de cualquier manera se trataba del mismo delito y ambas explicaron que si la Corte decide que los análisis no son obligatorios, cerraría la posibilidad de que muchos niños, hoy jóvenes, recuperen su identidad.
Las autoridades de la Corte tenían en carpeta otro pedido de audiencia que habían hecho Abuelas junto con el resto de los organismos de derechos humanos por las causas en las que se discute la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y aprovecharon la presencia de Carlotto para hablar del tema. Nazareno y Moliné O’Connor aseguraron que no se tomaría una decisión antes de las elecciones.
Carlotto se retiró de tribunales antes de que el resto de los organismos –Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asociación de Ex Detenidos, Centro de Estudios Legales y Sociales y Servicio de Paz y Justicia, entre otros– iniciara la protesta que comenzó al mediodía y que tomó por sorpresa a los policías que “custodian” el edificio. Luego, en la calle Talcahuano se improvisó una conferencia de prensa. “Hubo jueces que se expidieron y dijeron que estas leyes son inconstitucionales, pero además estas leyes son inmorales, no podemos permitir más que los asesinos y torturadores se paseen por lascalles del país”, explicó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Sabemos que se está formando una mayoría en la Corte tendiente a convalidar las leyes pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció en relación con Perú y dijo que este tipo de leyes no son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir que si la Corte se pronuncia en contra, su decisión va a ser revocada”, dijo Horacio Verbitsky, presidente del CELS. Mabel Gutiérrez, de Familiares, afirmó que si la Corte convalida la constitucionalidad va a fallar “a favor de la impunidad y no se trata sólo de la impunidad de la dictadura porque la impunidad se ha trasladado a todos los ámbitos”. Pasadas las 12.15 llegaron a tribunales los miembros de la Infantería armados con sus bastones, sus cascos y sus chalecos antibalas, pero la protesta ya había terminado.