El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, no podrán salir del país sin un permiso judicial. La misma restricción rige para el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; para el titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, y otros directivos de la empresa concesionaria, ahora intervenida. Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadío como medida preventiva en la causa en la que investiga las responsabilidades en la tragedia ferroviaria ocurrida en la Estación Once. La decisión, según explicaron a Página/12 allegados al expediente, está relacionada con el contenido de los informes de la Auditoría General de la Nación y de la CNRT, que advierten sobre fallas en el mantenimiento y el servicio de los trenes de la línea Sarmiento, dudas acerca del uso de los subsidios públicos y falta de controles por parte del Gobierno.

La medida dispuesta por Bonadío pone a Schiavi, funcionarios de su área y directivos de TBA en una situación comprometida en la investigación del accidente, aunque cerca del juzgado acotan que no hay una imputación concreta formulada contra ellos, a diferencia del maquinista Marcos Antonio Córdoba, indagado por estrago culposo. La explicación ofrecida es que el juez analizó todos los informes sobre los trenes del ex Sarmiento y tomó la decisión de restringirles la salida del país al concluir que “podrían tener que aclarar algo y en ese caso mejor asegurarse de que estén acá”. Voceros de la Secretaría de Transporte subrayan que “Schiavi no está imputado”, al menos por ahora. Dos abogados penalistas y un fiscal consultados por este diario dijeron que no conocen antecedentes de meros testigos a los que se les impida salir del país y que sería una rareza que se tome esa medida “si no existe un estado de sospecha”. El objetivo, explican, es evitar la fuga y el entorpecimiento de la causa.

El vierne, Bonadío había aceptado que el Estado asuma el papel de querellante en el caso. Es decir que lo reconoció como damnificado, una resolución muy criticada por darle al Gobierno la posibilidad de tener acceso a una causa que también podría afectar a sus propios funcionarios. Quien querella puede ver el expediente, pedir pruebas y apelar. Ya entonces desde el juzgado anunciaban que admitir la querella estatal no era incompatible con la imputación a funcionarios públicos. El abogado Gregorio Dalbón le pidió a la Cámara Federal que revise ese criterio (ver aparte).

Hasta ahora, Bonadío venía orientando la investigación a las causas concretas del accidente, que deberían explicar por qué el tren no frenó y se estrelló contra el paragolpes de la estación. En cambio, el fiscal Federico Delgado insistía en que, además de analizar las cuestiones técnicas, había que poner el foco en las “condiciones” del servicio ferroviario que “hicieron posible la tragedia”, en alusión a las fallas en el mantenimiento, los controles sobre el estado de los trenes y el uso de subsidios públicos asignados a TBA. En uno de sus dictámenes citaba un informe la AGN (que abarcaba hasta 2008) del que surgían “reiterados y alarmantes incumplimientos contractuales del concesionario y la pasividad de los órganos de control, tanto la CNRT como la Secretaría de Transporte, ante las asiduas infracciones de TBA”, según decía. Señalaba fallas de mantenimiento, certificados vencidos, frenos inoperantes, falencias en la señalización, mal estado de las vías y de las estaciones.

El juez recibió ayer en su despacho al titular de la AGN, Leandro Despouy, que se presentó para explicarle los resultados del último informe aprobado la semana pasada, que abarca la gestión de TBA en el Sarmiento hasta 2010, y ofrecerle personal técnico para trabajar en la causa. El documento vuelve a alertar sobre la falta de mantenimiento y las consecuencias en la seguridad del sistema ferroviario. Advierte que entre 2006 y 2010 el Grupo Cirigliano aumentó en un 146 por ciento los subsidios recibidos (en 2009 totalizaban el 75 por ciento de los ingresos del concesionario, más del doble que seis años antes). Además, el organismo señala que como no se creó el régimen sancionatorio, la Secretaría de Transporte no aplica las multas que impone la CNRT. Y muchas de las sumas millonarias aplicadas como sanción son apeladas por TBA.

La primera medida que tomó Bonadío en relación con esas cuestiones fue pedir a la Secretaría de Transporte el monto exacto de los subsidios, las multas aplicadas y cuántas se efectivizaron. La otra fue, ahora, la prohibición de salir del país para Schiavi, Sícaro, Luna, Claudio Cirigliano y otros directivos del grupo empresario que aún no habrían sido notificados.

Las pericias sobre los últimos cuatro vagones del tren continuaron ayer y se centraron en el funcionamiento de los compresores que regulan el aire comprimido que alimenta el sistema de frenos. Hasta ahora las mediciones se habían hecho con un manómetro del propio tren. Los peritos ingenieros de la UBA intentaron hacer el mismo testeo con uno de la universidad, pero tuvieron que postergarlo porque les faltaban algunos instrumentos. El viernes fueron verificados los frenos de los vagones traseros en una prueba “dinámica” en la que se comprobó que funcionaban. De todos modos, para los expertos y para el juzgado es un resultado parcial y que no se puede leer en forma aislada. Una vez que terminen el examen con el manómetro, los peritos desarmarán los compresores, incluso los de los primeros vagones, y los pondrán en bancos de prueba para determinar cómo funcionaban al momento del accidente. Hoy los peritos están convocados al juzgado de Bonadío para explicar la marcha de su trabajo.