El organismo dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se ocupa de defender los intereses porteños consideró que la red de subterráneos le “es propia” al distrito. En franca contradicción con los argumentos esbozados por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para desentenderse de la administración de los subtes que ya había aceptado, la Procuración porteña reconoció en un informe que los subtes le pertenecen “originariamente” a la Ciudad y que, tras la firma del acta acuerdo de enero pasado entre la Nación y la Capital, fue “recuperada por la Ciudad la potestad sobre el servicio de transporte subterráneo”. Es la misma Procuración que ayer se presentó ante la Justicia para intentar detener la transferencia de la red de transporte.

Con la firma del procurador general adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Carlos Tambussi, el dictamen del cuerpo fue presentado hace unas pocas semanas, el 5 de enero pasado, cuando nada hacía prever que poco después Macri buscaría desligarse de la red. En ese momento, diversas organizaciones sociales y políticas habían solicitado una medida cautelar para impedir que se concretase el incremento del 127 por ciento en la tarifa del subte, decidido a comienzos de este año por la Jefatura de la Ciudad. Como respuesta a un requerimiento del fuero Contencioso Administrativo, el propósito del informe de Tambussi era defender la facultad del gobierno porteño para aumentar en forma inconsulta los pasajes, sin necesidad de convocar a una audiencia pública.

El documento de la Procuración comenzaba recordando el Acta Acuerdo de Transferencia de los Servicios de Subterráneo y Premetro suscripto con fecha 3 de enero de 2012 por el gobierno porteño y el gobierno nacional para iniciar la transferencia de las líneas de subterráneos. Ese acuerdo, señaló el procurador adjunto, implicó que “la Ciudad asumió el control y la fiscalización del contrato de concesión en todos sus aspectos, incluyendo la potestad exclusiva de la fijación de la tarifa correspondiente al servicio”. Bajo el subtítulo “Materialización de la transferencia e inicio del proceso”, Tambussi observó que los subtes se habían mantenido en la órbita nacional “sin que se haya formalizado el traspaso hasta la firma del acta”. Fue a partir de esa instancia cuando se inició “el proceso de transferencia concreto” y fue “recuperada por la Ciudad la potestad sobre el servicio de transporte subterráneo”.

“La Ciudad recupera algo que le es propio”, afirmó en el escrito el procurador adjunto. “La Ciudad es la titular primigenia de las facultades concernientes a la planificación, ejecución y control del sistema de transporte subterráneo”, abundó en otro apartado del mismo dictamen.

La Procuración General de la Ciudad es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo local y se ocupa de representar al distrito “en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses”. También, como organismo de control, tiene a su cargo dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos del gobierno porteño: lo cual, en ese caso, ha llevado al procurador a sostener argumentos exactamente opuestos en el breve término de dos meses.