Como la mayoría de los argentinos (no todos), creo que las Malvinas son argentinas, creo que no es correcto intentar recuperar la soberanía sobre las islas por medio de la fuerza (y estuve en contra de ello oportunamente, a pesar de los males que ello me irrogó, y también de estimar ridícula esa estrategia), que el resultado de la disputa con Gran Bretaña es “cantado” y no vale la pena jugar el partido, si la determinación de la solución depende de la opinión de los habitantes introducidos en las islas por los ingleses; y sé, desde niño, que los únicos subtes de este país son porteños. Ambos temas constituyen la agenda de debate de estos días y a mí se me aparecieron unidos. ¿Cómo?, es la pregunta, aparentemente sin respuesta posible. Desde hace varios días ronda mi mente y mis sueños una figura fantasmal. Me imagino un gobierno argentino futuro, cuando los ingleses resuelvan reconocer la soberanía argentina (el año del arquero), expresando, en más o en menos, que no quieren las islas porque no suman más de lo que restan, porque en años de administración inglesa el desarrollo cloacal de ellas, sus rutas y bicisendas son deficientes, en fin, porque constituyen un problema y, quizás, un problema difícil de superar o resolver. La pregunta posterior obligada (de los ingleses, pero también nuestra) reza: ¿para qué queremos los argentinos la soberanía sobre las islas?

En mis años de juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Buenos Aires recuerdo haber formulado esa pregunta a mis colegas, referida al padrón electoral, una vez que tomamos conciencia acerca de la tarea que el TSJ cumple en las elecciones de la Ciudad según su Constitución. Sin padrón (que según creo todavía proporciona el Estado federal por medio de sus órganos competentes) era inexistente prácticamente la autonomía política. Incluso el Parlamento porteño debió cambiar los límites decididos por ley para sus comunas, porque ellos no coincidían con los distritos electorales del padrón federal. Sigo preguntándome: ¿para qué desean la autonomía los porteños? Si no están dispuestos a gastar en la confección de un padrón electoral, en la mejora de su sistema de transporte, o de los órganos de seguridad de la Ciudad. Las provincias y las municipalidades de Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Rioja, etc., luchan todos los días, con variada suerte, con la organización de su policía, sus transportes urbanos y extraurbanos, etcétera. ¿Qué impulsa a los porteños a estimar que el Estado federal debe solucionarles esos problemas y pagarles sus policías, sus trenes (únicos que funcionan, mal pero funcionan), etc., veinte años después de consagrada la tan ansiada autonomía?

Un proyecto ideal debería conducir a la Ciudad de Buenos Aires a proponer cambiar sus límites actuales y tomar a su cargo no sólo los distritos ricos o medianamente satisfechos que hoy la conforman sino a pedir ampliar su radio, tomando aquellos distritos del conurbano que ella ha prohijado (de mayoría pobre y sin aporte contributivo, con innumerables problemas de todo tipo), con el loable propósito de distribuir mejor y solucionar los problemas de esa mayoría insatisfecha. Yo no soy porteño, ni conseguí serlo, a pesar de lo bien que me trató Buenos Aires, pero mucho me temo que una eventual reforma constitucional debería considerar el artículo 129 de nuestra Constitución Nacional, incluso para derogar la autonomía porteña, si ella (como sucede ya durante dos décadas) no muestra indicadores reales de “querer ser”, con todas sus consecuencias. Una cosa es la autonomía “virtual” (jurídica) y otra muy distinta la autonomía real. No vaya a ser que se les ocurra, en mi materia, devolver la competencia penal, obtenida a tirones, porque los tribunales no son negocio.

* Ex juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor consulto de Derecho Penal y Procesal Penal UBA.