La iniciativa presidencial de ratificar por ley el acta entre la Nación y la Ciudad Autónoma es garantía de una discusión jugosa en el Congreso. Cada uno interpretará a su modo este párrafo del artículo 75, artículo segundo, de la Constitución nacional: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.

El artículo 75 forma parte del capítulo de atribuciones del Congreso.

En el artículo 19 figuran otros dos párrafos que podrían llegar a ser parte de la discusión en el Congreso.

Uno dice: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

Y el otro señala: “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”. Termina aclarando que para estas iniciativas, “el Senado será Cámara de origen”.

La Presidenta pudo tomar la decisión de anunciar el envío al Congreso de una ley para evitar la judicialización del conflicto Nación-Ciudad una vez que, precisamente, comenzó a remontar un camino de judicialización que el Ejecutivo había utilizado como primera reacción ante los 51 muertos de Once. En contra de su propia postura inicial, Cristina Fernández de Kirchner no esperó el resultado de las pericias para nombrar a Raúl Baridó, de la Sindicatura General de la Nación, como interventor en la empresa TBA, concesionaria del Estado. Tampoco esperó, al final, para cambiar la cabeza de la Secretaría de Transporte y reemplazar a Juan Pablo Schiavi por el intendente de Granadero Baigorria, el sub-40 Alejandro Ramos, que ya venía trabajando tanto con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como con los diputados y senadores nacionales santafesinos del Frente para la Victoria.

Como todo conflicto, el debate del acta por los subtes puede desatar en el Congreso otras discusiones.

La Presidenta viene buscando la instalación de una: si los servicios públicos de la Ciudad Autónoma tienen que ser financiados o no por toda la Argentina.

El gobierno porteño podría tener un punto a favor, aunque sólo en los papeles. En buena medida, los usuarios del subte son sufridos trabajadores del Gran Buenos Aires. Pero el problema para Mauricio Macri es que suele encarar este tipo de cuestiones con el simple criterio de caja. La falta de planes de vivienda popular o la existencia de chicos en situación de calle en la ciudad más rica de la Argentina no ayudarían a Macri si quisiera redondear un discurso social. Y en términos de caja, también los trabajadores que entran y salen todos los días hacia y desde su trabajo generan ingresos para la tesorería porteña.

En todo caso, un tema pendiente de más peso es la integración de la zona metropolitana entre la ciudad y el Gran Buenos Aires. Un debate profundo permitiría analizar a fondo de qué modo terminar de solucionar los problemas del Gran Buenos Aires como fruto de la macrocefalia, como histórico destino migratorio de provincianos y sudamericanos en crisis, como presente de subrepresentación institucional y financiera y como evidencia permanente de la necesidad de crear nuevos polos de desarrollo regional.

Y todo esto, claro, daría la chance de revisar el sistema público de transportes. O, mejor dicho, de crearlo.

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