La jueza federal María Servini de Cubría rechazó el pedido de un magistrado de la Ciudad de Buenos Aires para que le entregara la causa de la “campaña sucia”, orquestada por Jaime Durán Barba, asesor estrella de Mauricio Macri, contra el senador nacional Daniel Filmus cuando, en 2011, competía en las elecciones para jefe de gobierno porteño. Filmus se mostró conforme con la decisión y por los avances registrados en el fuero federal, a cargo de la investigación. Durante aquella contienda los electores recibían llamados telefónicos con una presunta encuesta que difundía acusaciones falaces referidas al candidato y a su padre. Servini afirmó que esos cuestionarios pudieron “haber tenido efectos no sólo en las elecciones porteñas, sino también en las nacionales que se desarrollaron días después”.

En la misma resolución en la que rechazó el planteo de inhibitoria la magistrada decidió solicitar la del juez que había formulado el pedido y remitir copia de su resolución a la Cámara Federal para que se investiguen otros supuestos delitos detectados en su investigación.

El juez en lo Penal y Contravencional de la Ciudad, Carlos Bentolila, había reclamado el expediente que tramita Servini de Cubría para acumularlo con una denuncia por los mismos hechos radicada en su tribunal. El argumento del magistrado local para pedir la inhibitoria fue que, por tratarse de una contienda “donde sólo se ventilaban situaciones de carácter electoral” relacionadas con autoridades locales, de la Ciudad, no existe ningún interés por parte de la Justicia federal o nacional.

Servini de Cubría –quien aún no pudo interrogar como imputado al publicista Jaime Duran Barba porque evadió en tres oportunidades la citación, así como también a otros implicados en la causa– sostuvo que recién después de esas indagatorias se podría determinar “concretamente” cuál es el juez competente. Sin embargo, obligada a responder el planteo de Bentolila, Servini de Cubría sostuvo que es “prematura” la apreciación del juez local que limita el posible engaño a través de llamadas telefónicas al electorado porteño en la elección del jefe de Gobierno.

Filmus expresó que está a la expectativa de “la nueva convocatoria a declaración indagatoria y que los acusados se presenten ante la Justicia, caso contrario le reiteraremos a la jueza que no haga lugar al pedido de prórroga que pudieran presentar los acusados y exigiremos que se los intime a declarar bajo apercibimiento de comparecer por la fuerza pública”. Según recordó el senador, “Duran Barba buscó artilugios legales para que la causa no avance, pero las pruebas son de tal contundencia que es muy difícil que pueda evadir su responsabilidad, y al no presentarse se fortalece la hipótesis de la culpabilidad”.

La denuncia original mencionó la posible violación del artículo 140 del Código Nacional Electoral, que reprime con hasta dos años de prisión a quienes inducen con engaño a sufragar de determinada manera. En la encuesta telefónica se preguntaba a los destinatarios de las llamadas si “¿sabía usted que el padre de Filmus es arquitecto y trabajaba en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado?”, y “ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?” En el fallo, la jueza acotó que en 2011 hubo varios comicios y que no debía descartarse que las encuestas telefónicas de julio de ese año que habrían perjudicado a Filmus pudieran haber tenido efectos en las elecciones nacionales que se desarrollaron días después del 31 de agosto, fecha del ballottage en la Ciudad.