Desde Córdoba

El expediente en el que se investiga el vaciamiento de la empresa Mackentor durante la última dictadura volvió a ser tratado, luego de meses de parálisis, por la Justicia cordobesa. La Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia realizó una audiencia en la que comenzaron a escuchar los informes de las partes involucradas en este caso emblemático de delitos económicos cometidos por el terrorismo de Estado. La causa también incluye el secuestro y los tormentos que sufrieron 29 personas, entre empleados y directivos.

Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez son los principales acusados, junto a otros 17 militares y personal civil de Inteligencia. Meses atrás, ambos fueron sobreseídos por el delito de robo calificado. Por eso ayer en la audiencia, presidida por los jueces Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Lascano, el fiscal Alberto Lozada pidió que se revoque el fallo que favorece a Videla y Menéndez.

Losada sostuvo que la Cámara Nacional de Casación Penal, en esta misma causa, ya había considerado en 2007 estos delitos como conexos a los de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Tres de los cuatro abogados defensores también alegaron ayer, y el viernes 16 será el turno del querellante Carlos Vega. “Vamos a pedir que se reordene la causa –dijo el abogado–. El mes que viene se cumplirán 35 años desde que Luciano Benjamín Menéndez ordenó la ocupación militar de la empresa, acusando a sus dueños de sostener económicamente a la subversión.”

Eso ocurrió la mañana del lunes 25 de abril de 1977. Ese día, en varios operativos realizados en Córdoba y Buenos Aires, fueron secuestrados 19 empleados y todos los accionistas de la firma. El presidente de Mackentor, Natalio Kejner y el síndico, Gustavo Roca, lograron huir del país. Regresaron en 1984, cuando el Estado devolvió la empresa virtualmente vaciada. Para presionar a Kejner y obligarlo a volver al país, su hermana Marta fue apresada en 1977 y mantenida durante un año como rehén en la cárcel del Buen Pastor.

El resto de los socios purgó una condena de entre cuatro y cinco años que fue anulada recién en 1982, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema los declaró inocentes, ya que no pudieron comprobar que habían colaborado económicamente con Montoneros. “Mackentor era una empresa que molestaba al poder económico-político porque no participaba de los lobbies empresarios para la adjudicación de las obras públicas”, dijo Jorge Paván, hijo de Luis Paván, uno de los directivos.

Dos meses después de la ocupación militar, el fallecido juez Zamboni Ledesma dictó la intervención judicial de la empresa. Su secretaria era entonces Cristina Garzón de Lascano, quien luego fue la titular del Juzgado Federal No 3 hasta el 2010 e intervino en el proceso judicial.

Ayer volvieron a reunirse los hijos de los directivos que ahora impulsan también la causa. Para todos, el recuerdo de aquel 25 de abril es el comienzo de una etapa oscura en sus vidas. El día que dejaron de ser los hijos de respetados empresarios para comenzar a transitar las cárceles del país, en busca de sus familiares detenidos.

Entre todos los secuestrados, cuatro abogados de la empresa aún permanecen desaparecidos. Cuando Natalio Kejner retornó de su exilio en Venezuela e Italia, inició en 1985 un juicio civil contra el Estado pidiendo que se le repare el daño ocasionado, pero la jueza Garzón de Lascano y luego la Cámara Federal de Córdoba fallaron en su contra, argumentando la prescripción de los hechos y lo condenaron a pagar más de dos millones de dólares en concepto de honorarios. El director de Mackentor nunca pudo afrontar esa deuda y la empresa quebró finalmente en 1998.

El viernes 16, el abogado Carlos Vega pedirá en su alegato que se declare la nulidad de esa sentencia y de la quiebra, y que “se amplíe el objeto de la investigación abarcando el accionar de la Justicia durante la democracia”.