Tal como lo anunció el miércoles la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley que ratifica el traspaso de las líneas del subterráneo y del Premetro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que además pone bajo la órbita del gobierno porteño todo el sistema de transporte automotor de pasajeros, que comprende a unas 33 líneas de colectivos que circulan dentro de su propio territorio. El bloque oficialista del Senado, por donde ingresó ayer por la noche la iniciativa del Ejecutivo, ya se prepara para abordar la semana entrante el debate en un plenario de comisiones y confía que sacará dictamen favorable para llevarlo al recinto de la Cámara alta entre el 21 o el 22 de marzo. La mayoría de las bancadas opositoras, incluido el PRO, están dispuestas a discutir el traspaso del subte a la Ciudad, aunque con ciertas condiciones, que van desde la asignación de los recursos económicos que hasta ahora aporta el Estado nacional –como afirma el macrismo– hasta el mantenimiento de la competencia de la Policía Federal en materia de seguridad en toda su extensión.

El gobierno nacional no sólo ratificó así su intención de no dar marcha atrás en el traspaso de los subterráneos a la Ciudad, sino que dobló la apuesta en el proyecto que envió al Congreso: también propone el traspaso al gobierno porteño del control y la fiscalización del sistema de transporte automotor de pasajeros cuyos recorridos empiezan y terminan dentro de su territorio, aunque la iniciativa del Ejecutivo no incluye en las atribuciones porteñas ninguna mención a las tarifas ni a los subsidios que reciben las líneas de colectivos.

El proyecto consta de sólo cuatro puntos. En el primero dispone el traspaso del servicio de transporte subterráneo y Premetro establecidas por las leyes que determinaron la autonomía de la Ciudad y “ratificada a través del acta acuerdo celebrada el 3 de enero de 2012 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma”, de la que Mauricio Macri intentó desligarse. Más adelante, en el tercero, dispone que el traspaso de la concesión de los subterráneos debe cumplirse “dentro del plazo previsto en el artículo quinto” del acta acuerdo. Allí se establecen “90 días corridos de la firma” de la misma.

La novedad está contenida en el segundo punto del proyecto: “Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneo y Premetro; de transporte automotor y de tranvía (de Puerto Madero) cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma”. Esto, explicaban ayer en el Congreso, implicaría que el gobierno porteño tendrá que armar su propia infraestructura para ejercer esa competencia, que hasta ahora estaba en manos de un organismo nacional como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Aunque no hace referencia alguna a la posibilidad de fijar tarifas ni sobre los subsidios que este tipo de transporte recibe desde la Secretaría de Transporte de la Nación. El artículo cuarto es de forma.

No bien recibió el proyecto en su despacho del Senado, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, decidió darle prioridad a la iniciativa del Ejecutivo y ponerle fechas a las intenciones del oficialismo. Pichetto propone –a partir de que el titular del Senado, el vice Amado Boudou, gire hoy el proyecto a “las comisiones correspondientes”, que al menos incluiría a las de Infraestructura, Vivienda y Transporte y a la de Asuntos Constitucionales– que comience un debate que se abriría a “especialistas en todos los niveles” (de ingenieros en transporte hasta constitucionalistas) y que incluso podría ser el debut parlamentario del flamante secretario de Transporte, el santafesino Alejandro Ramos.

Aunque Pichetto pretende que el mismo no se extienda más allá del miércoles que viene, cuando estima que tendría la mayoría necesaria para emitir un dictamen favorable al proyecto. Llegaría al recinto de la Cámara alta el miércoles 21 o jueves 22 de marzo para obtener la media sanción a la norma y remitirla a Diputados para convertirla en ley. “El fondo del proyecto es ratificar el acta acuerdo, firmado por el jefe de Gobierno porteño, y transferir la competencia y la fiscalización del sistema de transporte”, explicó el rionegrino a los cronistas parlamentarios.

“No se puede hacer lo que hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad, de devolver los subtes. El acta acuerdo establece claramente la transferencia de los subtes, el jefe de Gobierno lo acepta al firmar y deja un plazo de noventa días para resolver cuestiones complementarias”, insistió Pichetto en sintonía con el Gobierno y argumentó que “el aumento de tarifas es otra prueba de que Macri aceptó la transferencia del servicio”.

En el oficialismo también admiten que podrían tener el acompañamiento de distintas bancadas con un argumento de peso: “Los legisladores de las provincias, que se hacen cargo de todo su sistema de transporte, no están dispuestos a seguir solventando desde el Estado nacional el servicio de los porteños”, afirman.

El giro al Congreso del proyecto para el traspaso de los subtes obligó a Macri a girar sobre sus propios talones en la disputa con el gobierno nacional. “La Presidenta convocó a que tengamos un debate en el Congreso y creo que es un debate muy valioso”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño durante el acto por el Día Internacional de la Mujer que celebró ayer en el Teatro Colón (ver página 3). Aunque sus legisladores tienen instrucciones precisas: aceptarán el traspaso “si viene junto a los recursos económicos” que aporta el Estado nacional. Así lo ratificó a Página/12 el jefe del bloque de diputados macristas, Federico Pinedo.