Gobernar, vaya novedad, no tiene nada de sencillo. El espectro de responsabilidades es enorme, las demandas infinitas y los recursos suelen escasear. La presidenta Cristina Kirchner cumple hoy 90 días de su segundo mandato, inaugurado bajo la premisa de la “sintonía fina”, entendida como una manera de hacer más efectivo el gasto del Estado. Una de las partes más aplaudidas de los últimos discursos de la Presidenta suele ser cuando anuncia que “los subsidios deben llegar a las actividades y a las personas que lo necesitan, y no a los que pueden hacer frente”, como expresó ante la Asamblea Legislativa. Nadie podría estar en desacuerdo. Los problemas empiezan cuando alguien se ve alcanzado por uno de esos “redireccionamientos” de gastos.

China anunció que este año crecerá menos de lo previsto. Brasil muestra una brusca desaceleración según las cifras conocidas esta semana sobre el último trimestre de 2011. Estados Unidos parece recuperarse lentamente, pero la debacle europea aún no tocó fondo. Frente a este panorama, el Gobierno plantea que este año habría que ser cuidadosos con los reclamos, que sería prudente conformarse con mantener lo ganado en los últimos tiempos. En abstracto, la premisa suena razonable. El inconveniente surge cuando se discute cada caso en particular, porque ningún sector considera que lo que recuperó es suficiente y, bien mirado, es lógico que así sea. Se perdió mucho en otras épocas, las metas se renuevan y cada quien está en su derecho de reclamar lo que considera que le corresponde.

En el Ministerio de Trabajo sabían que los docentes no eran precisamente la mejor opción para arrancar las paritarias de este año, pero la negociación se complicó incluso más de lo imaginado. En el Gobierno argumentan que no encontraron ninguna comprensión y la paritaria nacional se cerró sin acuerdo por primera vez desde que se inició, con Néstor Kirchner como presidente.

La conducción de los gremios docentes está mayoritariamente enrolada en el kirchnerismo, no así sus cuerpos de delegados, lo que actúa de acicate para que las negociaciones se estiren siempre un poco más. Ya sucedió en años anteriores en la provincia de Buenos Aires, que las asambleas no aceptaron lo que había pactado la conducción de sus gremios. Así se da el caso de que algunos sindicalistas participan de actos oficiales y luego se muestran intransigentes con los funcionarios a la hora de negociar. La doble realidad produjo también una desilusión por partida doble a cada lado del mostrador. La Presidenta mostró su desazón en el discurso en el Congreso y los docentes retrucaron con más emoción que razón. Esta semana realizaron su primer paro nacional.

El mayor distrito, la provincia de Buenos Aires, ya ofreció más del 19 por ciento de aumento y prometió una propuesta mejor para cerrar el conflicto este lunes. Seguramente está por encima de lo que el Gobierno se había planteado ofrecer y funciona como antecedente para el inicio de las negociaciones en los sindicatos grandes, que ya se viene. Como profecía autocumplida, en varios sectores comenzaron a retocar los precios, anticipándose a esos aumentos que ni siquiera empezaron a discutirse. Es una inercia que el Gobierno se planteó combatir, pero no es nada sencillo.

En la vía

La sintonía fina y la eficiencia del gasto estatal se emparientan también con la cuestión del transporte. Evidentemente, el Gobierno tenía puesta su mira en las últimas semanas en la situación de YPF. No es un tema menor, porque la provisión de combustible le significa al país cientos de millones de dólares de importaciones y satisfacer la demanda energética hace a una cuestión estructural en una economía en crecimiento constante. Como quedó demostrado en la reunión de directorio de YPF del pasado jueves, el Gobierno no piensa quitarle presión al asunto. Pero, con la tragedia de Once, el problema del transporte irrumpió insoslayable.

La salida de Juan Pablo Schiavi de la Secretaría de Transporte se caía de madura, evidentemente no se trataba del funcionario adecuado –probablemente tampoco el idóneo– para poner en marcha la recomposición del sector, una tarea en el debe de la gestión kirchnerista. En la asunción de su sucesor, el joven intendente santafesino Alejandro Ramos, el ministro Julio De Vido anticipó que el Estado no dejará de invertir ni abandonará su política de subsidios, sí que la segmentará y será “más transparente”.

El juez federal Claudio Bonadío, quien investiga la tragedia, dejó trascender ayer que comenzará a estudiar la ruta de los subsidios que se destinaron durante estos años a TBA. A ojo de buen cubero, no parecería complicado determinar que pese a recibir los recursos la concesionaria no cumplió su deber de mantener trenes y vías, algo ya determinado en el último informe aprobado por la Auditoría General de la Nación. La concesión a la empresa de los Cirigliano tendría los días contados.

La otra vía

El reordenamiento del sector incluye la cesión a la Ciudad de Buenos Aires de los transportes que circulan exclusivamente por jurisdicción porteña: los subtes, el Premetro y 33 líneas de colectivos. El traspaso es una demanda histórica que enarbolaron los principales dirigentes del distrito desde que la Ciudad comenzó a ser autónoma. El ping pong iniciado entre el gobierno nacional y el porteño por la cuestión es un espectáculo asombroso, con protagonismo excluyente del siempre sorprendido jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y sus periódicas conferencias de prensa.

Macri bate el parche con una única cuestión, la falta de recursos. “Bienvenido al club”, podrían decirle gobernadores y cientos de intendentes. La estrategia del Gobierno es poner énfasis en esa realidad del interior humilde frente a la poderosa urbe que no quiere hacerse cargo de lo que le corresponde. En el macrismo sostienen que en la Constitución Nacional está estipulado que el traslado debe hacerse con los recursos. Probablemente los dos tengan parte de razón. Si a quien le tocará dirimir la cuestión será el Congreso (el ámbito elegido por la Presidenta), la suerte parece echada. A la Capital Federal siempre le fue mal cuando reclamó allí fondos extras, algo de lo que cada provincia podría escribir un libro. La Corte Suprema (el ámbito preferido por el macrismo) ya adelantó su desinterés por intervenir en un conflicto eminentemente político.

Macri quedó envuelto en un galimatías. Al comienzo, cuando salió a anunciar el rechazo, en su entorno se mostraron satisfechos porque entendían que el enfrentamiento reposicionaba al jefe de Gobierno como el principal opositor al kirchnerismo. Venía de maravillas con las actividades que tenía previstas para estos días: la visita anual a Expoagro –donde siempre es bien recibido– y el encuentro con algunos intendentes radicales que coquetean con pegar el salto al PRO. Todo abrazos, fotos sonrientes, la camisa celeste con el botón desabrochado.

Con el correr de los días, la cosa comenzó a no andar tan bien. Lo que quedaba patente en la discusión era que Macri no quería hacerse responsable de los asuntos que podrían generarle algún contratiempo. En entrevistas radiales, aun en los medios afines, dirigentes macristas se la vieron en figurillas para explicar cómo es que la única intervención del jefe de Gobierno en la administración de los subtes había sido la de aumentar la tarifa el 127 por ciento de un plumazo y que ahora pretendiera devolverlos como si tal cosa. Con lógica calcada, Macri anticipó ayer un boleto de más de cuatro pesos para los colectivos de la ciudad. Ni imaginar otra solución que no sea trasladarle al usuario el ciento por ciento de los costos. Hasta la semi retirada Elisa Carrió lo criticó y le aconsejó que tomara un préstamo.

Una frase atribuida al compositor Frederic Chopin asegura que “toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo”. Probablemente el reposo de Macri sea imperturbable, pero su ambición presidencial no tanto. Gobernar es un arte difícil, su desafío es mostrar que está a la altura.