El juez Carlos Olivera Pastor volvió a frenar la causa del ingenio Ledesma, por la llamada Noche del Apagón. Como sucede hace años, esta vez rechazó un pedido de indagatoria de la fiscalía sobre el empresario Pedro Blaquier por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y tormentos de las víctimas. Los organismos de derechos humanos jujeños cuestionaron su decisión y su política frente a las causas de lesa humanidad provocó una nueva denuncia de la Procuración General de la Nación: “Jujuy es un caso emblemático de impunidad”, dijo Jorge Auat, fiscal general y coordinador de la Unidad Fiscal de seguimiento de las causas de lesa humanidad. “Yo no hablo de una resolución, hablo de una inacción concreta y palmaria que va más allá del caso Blaquier: en Jujuy hubo más de 130 víctimas del terrorismo de Estado, no es un caso que hay que probar, la provincia no tuvo juicios habiendo sido de las más castigadas.”

Auat estuvo en Jujuy el fin de semana. “El tema es serio”, dijo a Página/12. “Cuestionamos al juez ya no por una causa, sino por lo que sistemáticamente hace con todos los planteos: esto termina ahora con la cuestión de Blaquier, y yo no cuestiono que su argumento sea bueno o malo; lo que digo es que es el último episodio, pero se da en el mismo contexto en que no avanza ninguna causa, no importa si es Blaquier o cómo se llame. Las causas tienen un cepo de impunidad porque, cuando incluso avanzan, lo hacen en forma fragmentada, lo cual también alimenta la impunidad.”

Olivera Pastor ya tiene un expediente abierto en el Consejo de la Magistratura por demorar las causas. El jueves pasado rechazó el pedido de indagatoria de Blaquier. También rechazó un pedido similar para Alberto Lemos, quien fue administrador del ingenio. En su descargo explicó que necesita más testigos “en el afán de descubrir la verdad real acerca de los hechos investigados e individualizar a sus partícipes”. Pero, con el evidente afán de defenderse, reveló que le pidió a la empresa un informe sobre las camionetas y pick up que usó en esa época y de los logos de identificación de los que hablaron los sobrevivientes. Para las querellas, el tema es delicado: les pareció un intento de poner a la empresa sobre aviso. “Es como si alguien que investiga a una persona por un robo de bicicleta, en vez de allanarle la casa, le pregunta en una carta si tiene o no tiene la bicicleta”, dice Pablo Pelazzo, querellante.

Olivera Pastor no es juez titular sino subrogante, pero es el único que tiene las causas de lesa humanidad en la provincia mientras no se designe a nuevo magistrado. Su política de “mora” fue una de las primeras razones por las que fue citado hace años por la Comisión Interpoderes. Más tarde, la Procuración lo denunció porque sus rechazos sistemáticos a los pedidos de indagatorias se convirtieron en un método de frenar las causas con la figura de la “falta de mérito”. El juez consiguió algún aval de la Cámara de Apelaciones de Salta que en cierto momento defendió lo que hacía, en informes luego refutados por la Procuración. Y ahora consigue algo de aire en el Consejo de la Magistratura; el expediente con su caso está en manos del consejero Ricardo Recondo, declarado antikirchnerista y, según reconoció el consejero Hernán Ordiales la semana pasada, está “en el mismo estado”.