En este caso los damnificados por lo que se llamó “la industria del juicio” pueden decir que la justicia es lenta pero llega. El ex juez civil Alberto Nicosia, detenido desde que fue extraditado desde Uruguay, quedó ayer virtualmente procesado con prisión preventiva y con un embargo de 20 millones de pesos, acusado de liderar un grupo delictivo que habría estafado al Estado argentino en más de 30 millones de pesos. En una extensa resolución, el juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de Nicosia, al que acusó de ser el jefe de una asociación ilícita que cometió una estafa en perjuicio de la administración pública, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez de instrucción Esteban Cicciaro ya había procesado a Nicosia por cohecho pasivo en perjuicio de Marta Cerutti.
Oyarbide rechazó un pedido de prescripción planteado por el abogado de Nicosia, Pedro Pussineri, que esperaba lograr la nulidad de todo el proceso. Como la causa se tramita por el Código Procesal viejo, ya que se inició hace 13 años, la medida implica el actual procesamiento del imputado. Según el magistrado, se encuentra probado que Nicosia incurrió en serias irregularidades en siete causas que se tramitaron en su juzgado en la que favoreció a abogados que iniciaron demandas a la empresa Ferrocarriles Argentinos, cuando era propiedad del Estado. Nicosia “formaba parte de una organización delictiva con fines de enriquecimiento a costa de las actas de esa empresa”, dijo Oyarbide en su resolución. Además, destacó que “mediante su actuación como juez velaba por la realización del acto criminal dirigiendo el proceso a su fin natural, la sentencia, pero con la premeditada intención que sea condenatoria”.
El ex juez civil fue destituido en diciembre de 1992 por mal desempeño de sus funciones, pero abandonó el país y se mantuvo prófugo de la Justicia, hasta que en febrero de 2002, orden de captura internacional mediante, fue hallado y detenido en una zona balnearia a unos 50 kilómetros de Montevideo. Según constancias de las casi 10 mil fojas que tiene el sumario, el magistrado actuaba en combinación con abogados y peritos para fraguar pruebas contra la empresa Ferrocariles Argentinos y en otros expedientes en los que se manejaran importes significativos, y así nació lo que luego se conoció como “la industria del juicio”. A modo de ejemplo, en 1994 durante el juicio del caso Roselot, Nicosia había determinado que el Estado debía pagarle una indemnización de 31 millones 500 mil pesos al presunto damnificado. Los peritos implicados habían establecido que Luis Carlos Roselot tenía una incapacidad física del 40 por ciento por un presunto accidente de tren. Pero el cuerpo médico forense determinó que la deficiencia física que tenía era congénita.
Oyarbide estableció que Nicosia incurrió en una “maquinación elaborada y una trabajosa trama urdida para lograr el desapoderamiento de la empresa” estatal. Y remarcó que “se advierte la existencia de un plan común consistente en la irregular asignación del juzgado, la inusual celeridad en la tramitación del juicio, la designación de los mismos peritos y la condena a la empresa Ferrocarriles Argentinos por montos que aparecen excesivos”. El magistrado hizo hincapié en la “especial vinculación” que su ex colega tenía con “abogados y peritos” con los que compartía un “trato frecuente y poco habitual”. Un grupo de abogados también fue implicado en la asociación ilícita.