Un grupo de diputados anti-K pidió el juicio político del vicepresidente Amado Boudou por supuesto “mal desempeño en sus funciones como funcionario y violar la ley de ética pública”, en el llamado caso Ciccone Calcográfica. Aunque la diputada Patricia Bullrich (Unión por todos) afirmó que la iniciativa contaba con la firma de diputados radicales, uno de ellos, Jorge Chemes, indicó que no firmó el proyecto, pese a estar de acuerdo con las ideas generales, porque prefirió esperar la definición de su bloque e indicó que si su bancada no acompañaba la iniciativa pensaba respetar la disciplina partidaria. A su turno, Federico Pinedo (PRO) dijo que el planteo de juicio político no implica culpabilidad del funcionario, sino que es una oportunidad para que el vicepresidente “explique al pueblo” lo ocurrido. El Frente Amplio Progresista (FAP), la Coalición Cívica y el centroizquierda no acompañaron el proyecto. Por otra parte, Margarita Stolbizer y Gerardo Milman, del GEN, se reunieron con el fiscal Carlos Rívolo para aportarle una serie de elementos y pedidos de informes que demostrarían “el trazado de las condiciones para la consumación del negocio de la impresión de billetes”.