A mano alzada y por unanimidad, el Senado aprobó ayer la Declaración de Ushuaia, que reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y avala como política de Estado el reclamo pacífico en todos los foros internacionales que obligue al Reino Unido a cumplir la resolución 2065 de Naciones Unidas de sentarse a negociar para poner fin al enclave colonial en el Atlántico Sur. Desde todas las bancadas políticas se respaldó el documento rubricado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Tierra del Fuego el 25 de febrero, que entre sus diez puntos también condena la militarización británica en las islas y el saqueo de sus recursos naturales. Sin embargo, la creación de una comisión bicameral sobre Malvinas quedó postergada por falta de acuerdos.

El tratamiento en el recinto de la Cámara alta de la Declaración de Ushuaia coincidió con el homenaje del Senado a los soldados caídos en Malvinas a través de la historia de José Honorio Ortega –uno de los conscriptos muertos durante la guerra de 1982–, reflejada en una película realizada en Santa Cruz. El senador porteño Daniel Filmus, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y uno de los promotores de la iniciativa, se encargó de repasar los diez puntos de la declaración firmada en Tierra del Fuego por senadores y diputados de todas las bancadas políticas del Parlamento.

“La declaración no es una respuesta a las declaraciones de (el primer ministro británico) David Cameron, sino una cuestión permanente de este Congreso y fuerzas políticas”, arrancó Filmus antes de repasar los puntos del documento que ratifica el reclamo de la soberanía argentina en Malvinas como política de Estado. Allí se plantea el compromiso de la democracia argentina con la paz, condena el colonialismo y la militarización del Reino Unido de una zona declarada de paz, además del saqueo de los recursos pesqueros y de hidrocarburos.

Así como la propuesta de llevar el reclamo argentino a todos los Parlamentos del mundo, en busca de solidaridad para terminar con este tipo de enclaves coloniales, el pedido del Congreso argentino a la Unión Europea es para que Gran Bretaña no avance en su intención de declarar a las islas como territorios propios de ultramar y agradecer el respaldo de los países del Mercosur y latinoamericanos a la postura argentina que se cumpla con la resolución 2065 de la Naciones Unidas, impulsada por el gobierno de Arturo Illia ante ese organismo internacional.

Uno a uno, senadores de todos los bloques también sumaron su adhesión al proyecto. El neuquino Horacio Lores (MPN) remarcó la necesidad de obligar al gobierno británico a sentarse a un “diálogo bilateral”, como el que encauzó el canciller Zabala Ortiz durante el gobierno de Illia. “La guerra fue la excusa para romper ese diálogo bilateral, que el Reino Unido siempre esquivó”, señaló Lores.

El radical pampeano Juan Carlos Marino destacó que “el tema escapa a cualquier especulación política, es un tema de todos y representa a la opinión del pueblo argentino que las Malvinas son y serán argentinas”. Insistió en la creación de una comisión bicameral “que nos represente a todos” y que “el desafío es seguir por la vía de la diplomacia, acompañar a la Cancillería y exigirle al Reino Unido que no intente transformar la disputa en una negociación trilateral, con la propuesta de autodeterminación de los habitantes” de las islas.

“Nos hubiera gustado estar en Ushuaia, no nos han invitado”, reprochó la peronista federal Sonia Escudero, antes de proponer no sólo reclamar contra la militarización de la región, sino también por la “introducción de armas nucleares a las islas”, violando los tratados internacionales. “El FAP apoya la declaración que firmamos en esa oportunidad: Malvinas como política de Estado. Los sectores del pueblo van asumiendo como propios esa política, más allá de los gobiernos y partidos”, afirmó el socialista Rubén Giustiniani. “No hay argumento para sostener un enclave colonial –continuó– ni la coartada de la autodeterminación de los pueblos. La resolución 2065 determina situación colonial, excluye la autodeterminación.” Giustiniani sugirió que la Argentina vuelva a reclamar este año no sólo ante el Comité de Descolonización de la ONU –como anunció la Presidenta–, sino también ante la Asamblea General.

“Más de 500 años de saqueo colonial a países latinos ya son más que suficientes”, argumentó el fueguino Osvaldo López (NE) para referirse a la usurpación que ejerce la “política colonial de Gran Bretaña”. Y señaló que el sostenimiento colonial británico en una zona políticamente estratégica “obedece a la política de las potencias de garantizarse el granero o alacena del mundo en el que se abastecen, en un esquema desigual de reparto, en el que a nosotros nos ha tocado la peor parte”.

El cierre también estuvo a cargo de Filmus, quien respondió algunos cuestionamientos sin dejar de resaltar el respaldo a lo que definió como “política de Estado”. “¿Qué es lo nuevo?”, se preguntó Filmus, para responder que Malvinas “es tomado como tema regional. No es un gesto de solidaridad, sino que la presencia colonial del Reino Unido en la región atañe a toda América latina”. Propuso superar las diferencias para que la semana entrante se apruebe la creación de una comisión bicameral sobre Malvinas. “Necesitamos una participación más activa del Parlamento, porque los gobiernos pasan, pero la representación soberana sigue en el Congreso”, concluyó.