El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, es abogado. Su currículum relata que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, en tres años. El detalle insinúa que fue un estudiante aventajado. En la semana que pasó, dejó la impresión (sin duda apresurada) de haberse salteado unas materias. Sus declaraciones y decisiones referidas al fallo de la Corte Suprema sobre abortos no punibles no pasarían ningún examen. Claro que lo que incidió no fue su falta de versación, sino su ideología integrista-católica.

Urtubey explicó que la sentencia en cuestión no rige en Salta, que se refería a un caso especial (el de una joven de Chubut) y no era proyectable a otras situaciones. Prestamente debió corregir su primer impulso, que era un papelón en toda la línea y exponía a médicos o funcionarios judiciales de “la linda” provincia a quedar incursos en delitos.

El “Chango” Urtubey promueve la educación religiosa contra la letra y el espíritu laicos de la Constitución nacional. Es congruente con su cosmovisión, improbablemente republicana, que rechace la decisión de la Corte. No es tolerable que, como gobernante, la desacate.

Contra lo que predicó el gobernador, la Corte no resolvió el caso de Chubut, zanjado en los hechos más de un año atrás. Estableció una interpretación de un (demasiado) zarandeado artículo del Código Penal nacional.

Nuestra Carta Magna copia bastante la de Estados Unidos, afán imitativo que reparó un poco la reforma de 1994. Pero en materia de legislación general adopta otro paradigma. Allá en el Norte, los Códigos de fondo se dictan en cada estado, lo que explica que en algunos haya pena de muerte y en otros no. En la Argentina el Código Penal (entre otros, por ejemplo el Civil y el Comercial) es nacional, su dictado compete al Congreso y, más vale, rige en todas las provincias, mención que abarca a Salta. Y, ya que estamos, a Mendoza, cuyo gobernador Francisco “Paco” Pérez adhirió con un discurso pobre de solemnidad a los planteos de Urtubey.

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El vigor de la ley: El máximo Tribunal desmalezó una controversia viejísima, referida al artículo 86 del Código Penal. La norma despenaliza el aborto para casos extremos: “1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Los dos apartados, que forman parte del mismo texto, revelan que el legislador priorizó a la mujer en el conflicto que suscita la interrupción del embarazo. Lo hizo sólo en supuestos tremendos y límite. El inciso segundo, opinan relevantes juristas, es una variante específica del primero. La mención a la “salud”, interpreta Eugenio Raúl Zaffaroni, comprende la salud física tanto como la psíquica.

La mala redacción del apartado referido a violaciones permitió que jueces y un sector minoritario de la doctrina restringiera la inimputabilidad a las violaciones contra víctimas idiotas o dementes. La lectura armónica del Código, fundamentó la mayoría de la Corte, desautoriza esa restricción que casi no rige en los países occidentales.

El análisis de la mayoría de la Corte fue riguroso, dejó constancia de pronunciarse en un caso “abstracto” (ya resuelto en los hechos) para proyectar efectos en situaciones semejantes y ulteriores.

No se trata de una “nueva ley”, sino de interpretación competente de una ley previa, sólo para supuestos muy acotados y terribles. La casuística se empecina en repetirse: mujeres muy jóvenes, adolescentes o hasta niñas, de sectores bien humildes. La lógica indica que habrá otras violadas que quedan embarazadas pero que, por nivel económico social o competencias, no llegan a la cruel encrucijada de tener que pedir amparo ante médicos o funcionarios judiciales que fungen de inquisidores.

La reacción social y mediática ante la medida de Urtubey lo movió a retractarse parcialmente. Ordenó adecuar los protocolos provinciales a la exégesis de la Corte pero, ladino, añadió un recaudo de su cosecha. La denuncia de la víctima no puede hacerse por declaración jurada: en Salta será forzosa una denuncia judicial. La utilidad del cambio como medida probatoria es nula: siempre se trata de una manifestación unilateral de la víctima. El mandatario provincial le impone a ésta, entonces, una ordalía: judicializar la violación. En efecto, la promoción de la acción penal depende de la “instancia” (la decisión) de la damnificada. Muchas razones puede tener quien ha sufrido un agravio semejante para evitar tener que peregrinar, meses o años después por los tribunales, tener que enfrentar a su violador, dar una divulgación enorme a su padecimiento. Urtubey no repara en ese calvario adicional o, por mejor decir, lo estatuye.

En Córdoba, con mayor apego a la ley y más respeto, se interrumpieron embarazos de mujeres violadas conforme a la jurisprudencia de la Corte. Hubo poco estrépito, nula victimización, respeto y legalidad. Se trata de una disputa, ética y política por donde se la mire.

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Desvaríos en Corrientes: Los compañeros peronistas Urtubey y Pérez no están solos en sus Cruzadas, cuentan con aliados transversales. El ministro de Salud de Corrientes, Julián Dindart, radical él, había primereado a Urtubey con declaraciones espantosas sobre embarazos adolescentes. Las profirió cuando se le preguntó por la sentencia de la Corte, que obviamente no comparte. Pero el hombre fue más allá, divagó sobre embarazos adolescentes. Sin más background que notas anónimas publicadas en un medio on line de su provincia, Dindart adujo que los embarazos adolescentes aumentaron y aumentarán porque muchas mujeres los eligen para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Se embarazan para recibir el plan como premio”, insultó.

Ya en carrera, Dindart disparó contra la AUH agregando que no cumple su función de promover que las madres queden en el hogar. Hay quienes la perciben y, se hizo cruces, trabajan. Es difícil imaginar un punto de vista más troglodita. Y es de cajón que es funcional ignorar de qué se habla para sostenerlo sin sonrojarse.

La acusación a las madres jóvenes no tiene sustento fáctico, es pura ideología del ministro. Engarza con un desdén a la condición femenina y al trance del embarazo: si las violan, que se embromen, si tienen hijos por su voluntad es para estafar al Fisco.

Hay un cargo que no se puede hacer a Dindart: el de ser original. Imputar mala fe a los más humildes que reciben ayuda social es un clásico de la derecha extrema en todo el mundo. Las campañas electorales en Francia y en Estados Unidos agregarán ejemplos a una vieja praxis. En Francia hay, gracias a Dieu, dos aspirantes de derecha: el presidente Nicolas Sarkozy y Marine Le Pen. Los republicanos, cada vez más reaccionarios, tendrán el suyo en “America”. Esos paladines no denostarán a la AUH, que no existe en sus pagos, pero sí a quienes perciben seguro de desempleo o subsidios sociales o son titulares de algunas formas de “discriminación positiva”.

La discriminación y la estigmatización son el mayor pecado del ministro en cuestión, pediatra él. La ignorancia es, en proporción, venial, pero justifica unas líneas para resaltarla. La AUH no se concibió para confinar a las madres en su hogar. Por el contrario, es de movida aplicable a trabajadores con empleo, entre ellos informales, personal doméstico, laburantes de temporada o con ingreso mínimo. Se la pensó en línea con las asignaciones familiares de los trabajadores formales para que, si los beneficiarios pasan a ese sector, las sigan cobrando.

Otro mito no corroborado menta a núcleos familiares con muchos hijos. Los datos de la AUH cambian mes a mes pero mantienen ciertas constantes. El promedio de hijos menores de 18 años a cargo de las jefas (o jefes, minoritariamente) de familia que la cobran es de alrededor de 2,2. Hay ejemplos de más vástagos pero, en tendencia, poco más de un 25 por ciento de los hogares cubiertos por la AUH alberga más de dos chicos. En Corrientes, los números no son especialmente distintos.

De nuevo, una ideología machista y brutal, huera de sensibilidad, información seria y compasión cargando contra las leyes imperantes, incluida la mejor política social desde hace décadas.

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Interpelaciones: El diario La Nación abundó en notas críticas contra la Corte. Llegó al clímax el martes 20 con un editorial furibundo, que frisa el llamado a la desobediencia civil e institucional. La tribuna de doctrina proyecta, calcula el cronista, una carambola a dos bandas: desprestigiar el avance conseguido con el fallo y presionar al Tribunal que tiene para resolver la medida cautelar obtenida, con malas artes, por Clarín. La jurisprudencia de la Corte tiene un costado flaco en eso de controlar a las corporaciones, aunque el último discurso de su presidente, Ricardo Lorenzetti, dio cuenta de los poderes fácticos.

Lo cierto es que hay una contraofensiva de la derecha, que interpela a otros actores institucionales. El usualmente silencioso ministro de Salud, Juan Manzur, nada dijo sobre la sentencia y mucho menos convocó al Consejo Federal de Salud. Debería hacerlo para poner a los Ejecutivos nacional y provinciales en línea con la decisión judicial.

Los Tribunales también deben hacer lo suyo para cimentar la medida de los Supremos. La Cámara de Casación, recientemente higienizada y mejorada, podría dictar un fallo plenario obligatorio para juzgados de inferior rango, confirmando la interpretación legal de los Supremos. Cerraría así un círculo, limitativo de rebeldías en el Foro.

Un columnista de La Nación, Jesús María Silveyra, quiso ver una conjura que ligaba a la sentencia con la nueva entrada del proyecto de despenalización del aborto en Diputados. Los inquisidores saben ser conspirativos, eso lubrica su labor. En verdad, el proyecto perdió estado parlamentario en 2011 y su reingreso era inexorable. Seguramente se quiso capitalizar el clima de opinión derivado del fallo pero, si éste no hubiera existido, el proyecto hubiera sido reinstalado en un lapso breve. La firma de 53 legisladores, de variadas bancadas, da cuenta del pluralismo existente.

Instalar el debate en la opinión pública, ampliar la esfera de reconocimiento y tolerancia es una de las tareas de los diputad@s. Arduo será el camino en la Cámara baja. Si se llegara al Senado sería (cabe imaginar) más escarpado.

Aunque ésa no sea agenda del Ejecutivo, sí lo es de amplios sectores de la sociedad. El Congreso, también, tendrá que ponerse las pilas en una cuestión que siempre se consideró sujeta a la “libertad de conciencia”. Lo que no quiere decir lavarse las manos en función de la disciplina partidaria sino, mayormente, lo contrario.

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