Se cumplió un mes de la tragedia de Once. Familiares de las víctimas y sobrevivientes salieron a la calle a expresar su dolor, pedir justicia, convocar a la solidaridad. Seguirán haciéndolo, es una tradición argentina, tan venerable como hija de la desdicha. El discurso de las víctimas, es proverbial, incluye dos mensajes tópicos: “Esto pudo pasarte a vos” y “lo que sucedió no fue azar y debe evitarse que se repita”. Son clamores democráticos y sistémicos. La sociedad debe arroparlos, los poderes públicos darles condigna respuesta.

El expediente avanza, el secreto del sumario dificulta saber cómo y cuánto. No está mal ese recaudo, en la actual etapa del proceso. El juez Claudio Bonadío y el fiscal Federico Delgado siguen llevándose pésimo. Su Señoría decidió manejar mayormente él la pesquisa, lo que está dentro de sus incumbencias. Pero obstruye al fiscal sin razones y hasta le impide el acceso al expediente, lo que viola toda regla procesal.

La empresa TBA apuesta sus fichas a una pericia que dictamine “error humano”, sin concausas que lo agraven. Así dicho, parece inconsistente con lo que se va conociendo sobre el estado de los vagones, la conservación de los parachoques, la condición en que viajaban los pasajeros. La empresa confía en esa baraja, de todos modos. Bonadío sabe que una decisión en tal sentido encresparía a las víctimas.

Más allá de lo estrictamente judicial, ya en el terreno político, abruma la cantidad de información sobre deficiencias previas del servicio. El informe de la Auditoría General de la Nación fue un hito. Otro material llegó al expediente aportado por Delgado: son más de mil denuncias interpuestas por una ONG, llamada Frente de usuarios desesperados del Sarmiento (Fudesa). Ambos documentos son previos al estrago y por lo tanto ajenos al clima emocional posterior al mismo. Dan cuenta del contexto en que se produjo la tragedia. No prueban acerca de la comisión del accidente, de responsabilidades penales que son estrictas y tuteladas por la presunción de inocencia. Pero son concluyentes respecto del estado del sistema ferroviario y de las calidades de la concesión.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió al juzgado que la pericia se presentara en un término perentorio, como paso previo a la toma de decisiones políticas. Se sabía desde el vamos: era un plazo incumplible. Buscaba “marcar la cancha” y darle al Gobierno un lapso para elaborar su respuesta. Vencidos los 15 días, tiempo por el que se fijó la intervención al concesionario, ésta se prorrogó sin más.

Más allá (y aún a despecho) de lo que surja de la pericia, pintan como ineludibles la implementación de reformas sustanciales en el sistema ferroviario y la revocación de la concesión. Mucho hay pendiente por hacer, para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos-usuarios que siguen usando el tren y para responder a las demandas legítimas de las víctimas.