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Piqueteros, asambleas, delegaciones gremiales y partidos de izquierda realizarán a partir de este mediodía una marcha a Brukman para reclamar el retiro de las fuerzas policiales y el reingreso a la fábrica de las trabajadoras desalojadas. Ayer hubo una nueva protesta en la planta, de la que participaron mayoritariamente asambleístas de la Capital y el conurbano. Las trabajadoras ratificaron que su decisión es recuperar la textil, incluso atravesando el vallado de la policía. Hoy buscarán impedir que el juzgado entregue la llave de la fábrica a los dueños. Desde las organizaciones sociales y de derechos humanos hubo pedidos para que el gobierno nacional intervenga en el conflicto.
La barrera policial que rodea el lugar fue ampliada otros doscientos metros sobre la avenida Jujuy y ahora abarca cuatro manzanas, desde la calle México hasta Entre Ríos. También el número de efectivos aumentó en relación a la primera noche. En las rejas del vallado, los manifestantes colgaron carteles con la advertencia “no alimente a las fieras” y fotografías de las mujeres en las máquinas de coser, produciendo.
Sobre esa línea que separa a uniformados de los manifestantes volvió a estar concentrada la tensión desde las cuatro de la tarde hasta el anochecer. Las obreras hicieron un cordón frente a los policías, tomadas de los brazos. Detrás se ubicaron personalidades, asambleístas y finalmente los militantes de los partidos.
Como ocurre desde la noche en que fueron sacados del edificio, se plantean cómo recuperar el lugar donde trabajaban 58 personas. El viernes hubo cuatro horas de negociaciones frustradas entre los trabajadores, el juez, legisladores, integrantes de organismos de derechos humanos y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Ayer el debate más fuerte era si existe alguna posibilidad de revertir la situación estando fuera de la planta, si había que entrar y cómo evitar en ese caso que se desate una represión.
Vestida con el delantal de la textil y ayudada con un megáfono, Celia Martínez informó sobre la postura que sostiene junto a sus pares. “Queremos recuperar la fábrica. No queremos violencia, queremos trabajo para vivir, no para morir, así que veremos cuál es el momento de recuperarla. Pero estamos seguras de que tenemos derecho y nadie más va a entrar.”
Se movilizaron, básicamente, las asambleas. Nora Cortiñas y Pepa Noia, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el actor Juan Palomino, el ceramista Raúl Godoy (Zanon), el titular de la FUBA Agustín Vanella, Graciela Daleo de Ex Detenidos-Desaparecidos, una delegación de los trabajadores de LAPA y un grupo de legisladores estuvieron también entre los que se acercaron a la protesta.
“Esta fábrica fue vaciada por sus dueños, que llegaron a pagarle a las trabajadoras cinco pesos por semana. En una actitud inmoral abandonaron la empresa. Las obreras la recuperaron, la hicieron producir, reconectaron los servicios cortados por falta de pago, defendieron sus puestos de trabajo y ahora, cuando a los propietarios les conviene volver, las desalojan. El Estado tiene que intervenir para solucionar esta injusticia”, dijo Cortiñas a Página/12 al llegar al lugar.
El reclamo es compartido también por las organizaciones de desocupados que hoy concentrarán en la plaza Once desde el mediodía para movilizarse, cerca de las dos, a la puerta de Brukman.
En el plano legal existe un concurso de acreedores, en el fuero comercial, y un juicio penal que es el que dio lugar al desalojo.
En la causa por la quiebra, según explicó la abogada Ivana Dal Bianco (Ceprodh), “los dueños deben 15 millones de pesos, ocho de ellos al Estado en concepto de impuestos. El Banco Nación está entre los principales acreedores financieros. En ese expediente los trabajadores no están siquiera mencionados debido a que la empresa no los inscribió en el Anses ni pagó cargas sociales”. El proceso penal se inició en marzo del año pasado, cuando los dueños presentaron una denuncia contra los trabajadores por los delitos de robo y usurpación. Inicialmente estuvo a cargo el juez Enrique Velázquez. En marzo del 2002 el magistrado “ordenó un allanamiento, en el que hubo cuatro obreros imputados”, recordó la defensora. “Tras estudiar el caso, el juez los sobreseyó al entender que el conflicto era de orden laboral. Dijo además que no hubo usurpación porque la toma había sido pacífica”.
En noviembre el juez Raúl Yrigoyen recibió otra denuncia por la cual hubo un segundo intento de desalojo. Al igual que en marzo, las manifestaciones de apoyo a las trabajadoras lograron desactivarlo. “En esa oportunidad se detuvo a seis personas. Como existía una causa anterior de contenido similar, Yrigoyen se declaró incompetente. Todo el paquete se concentró en manos de Velázquez, quien indagó a los imputados y les dictó la falta de mérito. El fallo fue apelado por la empresa. Los camaristas Piombo y Bonorino Peró dispusieron el desalojo con permanencia de la policía dentro del edificio, que se entregue la llave a la patronal y el secreto de sumario, sin que la defensa fuera notificada de la decisión”.
Por este motivo, un grupo de diputados nacionales, legisladores porteños, integrantes de organismos de derechos humanos y funcionarios de la ciudad de Buenos Aires firmaron el acta en la que piden que se vuelva atrás con el desalojo. El documento advierte que la medida viola derechos de raigambre constitucional, entre ellos “los del trabajo, la subsistencia y la dignidad”.