El comisario Carlos Roncatti acercó la cara a la valla y dijo:
–No tenemos nada que negociar.
Estaba vestido de traje gris, el pelo cortado al ras y llevaba en la mano un teléfono celular por el que había recibido, dijo él, instrucciones claras. “No vamos a retirar el personal porque estamos cumpliendo una orden”, señaló. Del otro lado de la valla, las trabajadoras de Brukman lo vieron darse vuelta y alejarse en dirección a las tropas de infantería apostadas en la puerta de la fábrica. Eran las cinco y cuarto de la tarde. Diez minutos después, las obreras harían lo que venían anunciando desde el momento del desalojo: acompañadas por una columna de dos cuadras de manifestantes, personalidades y legisladores, avanzaron tomadas del brazo, hicieron caer la valla y caminaron hacia la puerta de entrada de la planta. Entonces comenzó la represión.
El intento de retomar Brukman obtuvo como respuesta un operativo policial que dejó decenas de heridos y más de cien detenidos. Durante varias horas los jóvenes dispersados con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos se reagruparon en distintos puntos para enfrentar a la policía tirando piedras y encendiendo fuego en las esquinas. A la noche todavía se producían escaramuzas en la puerta de la Facultad de Psicología. También en el hospital Garraham, muy distante de la zona, hubo incidentes.
Las trabajadoras de la textil habían convocado a la manifestación a partir de las 10 de la mañana. Fue el cuarto día de protestas desde que el jueves la fábrica –ocupada desde diciembre del 2001 y puesta en producción por las obreras, que mantenían así 58 puestos de trabajo– sufrió el desalojo.
Sobre Jujuy al 500 se reunieron asambleas barriales, organizaciones piqueteras, partidos políticos y gremios en lucha. La represión policial avanzó por esa avenida hacia el sur. En la esquina más cercana, donde Jujuy se cruza con México, hicieron las primeras detenciones: un hombre joven, con la cabeza rapada, que corría tratando de escapar, fue tirado por cinco uniformados al piso, donde lo patearon en la cabeza y golpearon con los bastones antes de llevárselo. Al cierre de esta edición Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto porteño, tenía este recuento de detenidos: 55 en la comisaría octava, entre ellos cuatro menores. 61 personas en la seccional 20ª. Y otras diez repartidas en la 18ª, 28ª y sexta.
Apenas sonaron los primeros disparos, las trabajadoras buscaron refugio contra la pared de un local aledaño a Brukman, donde fotógrafos y periodistas las protegieron poniéndose delante y auxiliándolas para salir del lugar.
Cien metros más adelante, en el bar de una estación de servicio de la avenida Independencia y Jujuy, un grupo de manifestantes quedó encerrado en un bar, donde fueron arrestados. El periodista Miguel Bonasso y el legislador Marcelo Parrilli también fueron detenidos cuando intervinieron en su defensa (ver página 32).
La mayor parte de los heridos acudió al hospital Ramos Mejía y al Francés, mientras que otros, ante el temor de ser detenidos, se escondieron en la Facultad de Psicología, ya que la policía no puede ingresar a los edificios universitarios. Hubo por lo menos dos fotógrafos sobre quienes dispararon con balas de goma. Daniel Jayo, de Página/12, recibió un impacto en el abdomen, mientras que a Pablo, integrante de Indymedia, le dieron en la frente. La diputadas Marcela Bordenave y María América González denunciaron que se utilizaron balas de plomo.
Muchos de los manifestantes, una vez desatada la represión, se reagruparon intentando volver a la fábrica. Habían ido a la protesta con la idea de que las negociaciones en el ámbito del Gobierno o de la Justicia serían inviables sin la presión de una acción directa, y los mensajes que llegaron durante el día (ver aparte las negociaciones) les ratificaron esta percepción. En la calle, inventaron cantitos sobre la situación. “Con los huesos de la yuta / vamo’a hacer una escalera / para que a la textil Brukman / pueda entrar la clase obrera”, corearon en la espera. “Dale las llaves / la puta que los parió”, interpelaron a los comisarios. Otro de los cantos decía “y si querés desalojar / le vamo’a poner el cuerpo / porque Brukman es un ejemplo / de trabajo y libertad”.
Vilma Ripoll, José Roselli, Ariel Basteiro, Jorge Altamira, Patricio Echegaray y Patricia Walsh fueron algunos de los legisladores presentes. También estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini.
A las siete y veinte de la tarde, casi dos horas después del comienzo, continuaban los incidentes.
–Sardina, ¿dónde están? –le preguntó un camarógrafo a un tipo de traje con cara de policía, con esa familiaridad que algunos camarógrafos de televisión mantienen con algunos comisarios.
–Están en varios lados –dijo el de traje–. En el Congreso, en el Garraham.
Pero no terminó la enumeración porque en ese momento se escucharon gritos y se levantó una columna de fuego a doscientos metros. En Independencia y Deán Funes, un Renault break blanco había sido dado vuelta e incendiado.
La calle volvía a tener un clima irreal, con gente escapando de los bares a medida que avanzaba la infantería, y cada tanto barricadas hechas con carteles y basura. La policía, que secuestró gomeras y algunas molotovs, sufrió durante un rato la pérdida de uno de sus efectivos, que fue tomado de rehén frente a Psicología y luego sacado por el SAME en una ambulancia que terminó con los vidrios rotos por las piedras y pintadas que decían “asesinos”. Tras la recuperación de su hombre, la infantería tomó venganza con una nueva carga de gases y disparos contra los manifestantes. La mayoría de los agentes no lucía placa identificatoria.
A la noche el vallado en torno a la textil se extendía desde la avenida Belgrano hasta la avenida Independencia.
En el Ministerio de Interior, en un intento de tomar distancia del episodio, el viceministro Alberto Iribarne dijo que la magnitud del operativo policial fue para cumplir una orden del juez Jorge Rimondi, comunicada “directamente” al jefe de la Policía. “Actuaron por orden del juez en el sentido de desalojar y asegurar que el edificio no fuera reocupado”, indicó el funcionario (ver asimismo nota aparte).
El argumento de obediencia a la orden judicial es el mismo que alegó el comisario Carlos Roncatti cuando se frustró la última negociación. La orden se basó en un fallo de los camaristas Bonorino Peró y Piombo, ambos jueces de instrucción durante la dictadura militar, en un fallo que, de acuerdo a la denuncia de las abogadas defensoras, expresa textualmente que “no hay supremacía de la vida y la integridad física frente a los intereses económicos”.
Informe: Martín Piqué.