El Gobierno no intervino, por los menos a tiempo, para evitar la feroz represión policial sobre los trabajadores de Brukman y quienes les daban apoyo. Todos los legisladores, representantes de la textil y organismos de derechos humanos que desde la mañana le venían pidiendo al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, que sacara a la policía del lugar, recibieron una misma respuesta: “No puedo meterme ni desobedecer una orden que dio la Justicia”. Tanto en esa cartera como en la Casa Rosada había un clima que oscilaba entre el desconcierto y alguna reacción tardía. El ministerio de Trabajo ofreció una mesa de negociación sobre el horario tope de las 17.30 que habían puesto los obreros para reingresar a la fábrica y cuando ya los uniformados se alistaban para actuar.
Si el presidente Eduardo Duhalde quiso y no pudo evitar el arranque de violencia policial, o si pudo y no quiso, es algo confuso. Más aún, si se tiene en cuenta que una nueva movida tan brutal más que a su Gobierno favorece a los candidatos presidenciales –con Carlos Menem y Ricardo López Murphy a la cabeza– que asientan sus campañas en cómo reprimir más y “mejor” a los movimientos sociales. En el mejor de los casos, cabe interpretar que se les fue todo de las manos. Que la ceguera ante un conflicto que comenzó hace cuatro días los pudo. En el peor de los casos, querían que lo que pasó pasara. Algo que llama la atención ante una seguidilla de represión y desalojos que viene recrudeciendo en las últimas semanas, cuanto más se acercan las elecciones.
Las visitas y llamados a Alvarez, de quien depende la Policía
Federal, empezaron a la mañana. En una de las primeras reuniones, participaron diputados como Luis Zamora (AyL), Marcela Bordenave (ARI) y representantes de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y Liberpueblo, entre otros. El abogado Juan Ramos Padilla, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también funcionó como nexo con el ministerio de Justicia. Todos pedían por favor al Gobierno que ordenara que se retirara la policía del lugar.
Alvarez les comentó lo mismo que todo el día repitió a todo el mundo. Que la Cámara de Apelaciones, que integran José Manuel Piombo y Abel Bonorino Peró, había ordenado el operativo policial para evitar, como fuera, que los trabajadores re-tomaran la textil y que ni él ni nadie en el Gobierno podían meterse en eso. Que estuvo todo el día llamando a los camaristas –ambos ex jueces de instrucción durante la dictadura militar– cuanto menos para manifestarles preocupación, pero que nunca lo atendieron. “Es evidente que esto es muy dañino para el Gobierno, a tan pocos días de las elecciones”, se lamentaba el ministro. Paralelamente, en la secretaría de Seguridad que encabeza Alberto Iribarne, evaluaban que “cuanta mayor la presencia policial, mejor, menos probabilidad de violencia”.
El Jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, estuvo toda la tarde adentro del edificio de Justicia, en Sarmiento y Reconquista, mirando por TV –junto con Alvarez e Iribarne– cómo se desarrollaban los acontecimientos. Durante el día hablaron con Duhalde quien ya, ante un pedido del jefe de Gobierno Porteño, Aníbal Ibarra, analizaba aparentemente desactivar la movida policial. Los diálogos cruzados derivaron en una convocatoria acordada con el Ministerio de Trabajo a una conciliación con los obreros de Brukman y los dueños. Pero esa invitación llegó sobre el momento en que se cumplía el plazo establecido por la gente de la fábrica y que las mujeres se decidían a cruzar las vallas, hartas de las idas y vueltas y las conversaciones infructuosas de los últimos días.
“La propuesta de negociación se dio simultáneamente con la represión. Así, imposible llegar a algo”, asegura Myriam Bregman, una da las abogadas de los obreros. Ivana del Bianco, abogada del Ceprodh dijo: “Nos parecíabien que se hiciera la reunión pero siempre que volviera todo a la situación anterior, es decir, los obreros adentro, la policía afuera”.
Ramos Padilla, contó a Página/12 que justo cuando estaba informando frente a la fábrica sobre la convocatoria a la reunión y pidiendo por teléfono al Ministerio de Justicia que enviara un representante para garantizar la quietud policial, comenzaron a llover las balas. “Lo que ha ocurrido es una clara operación de los que quieren el ejército en la calle”, analizó. El secretario de desarrollo económico porteño contó con sorpresa algo similar: “Yo mismo, igual que otros funcionarios, llamamos para avisar de la conciliación en Trabajo, pero algo raro pasó: o la convocatoria llegó tarde, o fue un detonante de la represión”. Ayer a la noche, la cartera que conduce Graciela Comen convocaba a un encuentro para hoy a las 11. Los trabajadores piden apoyo para recuperar la fábrica.