La suerte de la candidatura de Daniel Reposo para llegara a procurador general de la Nación comenzaría a jugarse en el Senado la primera semana de junio, la fecha tentativa para la audiencia pública en la que tendrá que contestar preguntas en la Comisión de Acuerdos. Reposo, hoy titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), recibió una decena de impugnaciones y cerca de 800 adhesiones, según contabiliza. Además de los cuestionamientos al rigor de los datos de su currículum, planteados por los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Udeso), otros referentes políticos, organizaciones civiles y de abogados le adjudican “falta de antecedentes” y de “independencia” para el cargo. “Si yo no hubiera denunciado irregularidades en Papel Prensa, y a toda la cúpula de Clarín y La Nación, mi postulación hubiera pasado desapercibida. La mayoría de quienes me impugnan tienen relación directa o indirecta con esas empresas”, le dijo Reposo a este diario.

“Los requisitos para ser procurador son ser abogado, tener más de treinta años, ocho años de ejercicio de la profesión y ser argentino. Yo tengo treinta años de experiencia en gestión, que es lo que hace falta para un cargo así”, apuntó Reposo. “Lo importante es ser un abogado con conocimiento amplio: sólo el 12 por ciento de los juicios son penales, el 78 por ciento restante es de otras materias. Desde la función de procurador hay que poder darles a los fiscales reglas generales y herramientas para su autonomía e independencia”, sostuvo.

La impugnación presentada por Garrido y Ocaña acusa a Reposo de haber consignado datos falsos en su currículum, como haber disertado en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos junto con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Reposo aclaró ayer públicamente que lo que sucedió fue que hubo un “error involuntario de tipeo”, y donde decía que había concurrido como “disertante” debía decir “participante”. Precisó que el error había sido detectado a poco de entregar el currículum al Ministerio de Justicia y fue corregido de inmediato. La presentación de los diputados también señala una serie de charlas que se dictaron en el ámbito de la Sigen –entre otros con Bernardo Kliksberg y Aldo Ferrer–, donde sostiene que Reposo tampoco disertó. “Son cursos en el ámbito del Instituto Superior de Control de Gestión Pública, creado para capacitación, donde yo siempre hablo. Kliksberg dirige una carrera”, aclaró Reposo.

Según Reposo, hay impugnaciones con intereses muy claros en juego. “Una la presentó Raúl Aguirre Saravia, presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, a quien denuncié, ya que como representante de La Nación en Papel Prensa participó en 2010 en la medida para aumentar el precio del papel, que se ponía en práctica en dos días, lapso en el cual ese diario y Clarín compraron todo el stock usando información privilegiada para favorecerse”, señaló. El titular de la UCR, Mario Barletta, que también lo cuestionó según Reposo, “no tiene objetividad, ya que la Sigen denunció su gestión en la Universidad Nacional del Litoral”. “Me extraña la impugnación de Laura Alonso, que dice que no están mis declaraciones juradas, que sí están, y su partido tiene a Pablo Tonelli, que fue legislador, procurador y luego diputado”, dice el candidato.

Entre las organizaciones que le achacan falta de antecedentes y de independencia para el cargo figuran la Asociación Por los Derechos Civiles y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Reposo dice que se confunden “el marco ideológico y la independencia, que son cosas distintas”. “Las instrucciones directas a los fiscales están penadas”, apunta.

Entre los 800 apoyos que contabiliza figuran federaciones, asociaciones y colegios de abogados de distintas provincias, organizaciones civiles, de la comunidad judía, armenia y el centro islámico y varias universidades.

Después de las últimas presentaciones, el Ejecutivo tiene que mandar el pliego (que aún no tiene estado parlamentario). Las estimaciones en la Comisión de Acuerdos indican que la audiencia pública sería el 6 de junio y el tratamiento podría ser una semana después.