La semana pasada, la posibilidad de sentar a Fernando de la Rúa en el juicio oral por la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001 pareció desvanecerse cuando trascendieron dos fallos de la Cámara de Casación que favorecían su situación procesal. Sin embargo, aún están pendientes dos resoluciones en ese tribunal que apuntan a revertir el sobreseimiento del ex presidente dictado en primera instancia y ratificado por la Cámara Federal. “Es un dato objetivo de la realidad que el sobreseimiento de Fernando de la Rúa no fue confirmado por la Cámara de Casación”, dijo a Página/12 el abogado querellante Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a algunos familiares de las víctimas de aquella represión con que el gobierno de la Alianza ahogó la rebelión popular y abandonó anticipadamente el poder. “La decisión sobre la cuestión principal o sustantiva está todavía pendiente y tiene que ver con un aspecto de enorme importancia institucional como es la definición de la responsabilidad de un presidente por actos de represión adoptados en el contexto de un estado de sitio”, completó Borda.

El jueves 3 el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia, publicó en su sitio el rechazo de Casación a dos recursos de queja que habían presentado los querellantes y el fiscal de Cámara, con el título de “Casación Penal confirmó el sobreseimiento de De la Rúa por incidentes del 20 de diciembre de 2001”. Este diario publicó la noticia, tras verificar con fuentes judiciales que transmitieron la misma interpretación que el CIJ, e incurrió involuntariamente en un error porque en ambos casos la información resultó ser incorrecta: el sobreseimiento de De la Rúa no había sido confirmado por el tribunal. El presunto “error” del CIJ habría radicado en que de la lectura aislada de las dos resoluciones difundidas ese día podía deducirse que quedaba firme el sobreseimiento, y De la Rúa zafaba de ir a juicio oral por la masacre del 19 y 20 de diciembre, como autor responsable de cinco muertes y centenares de lesionados por la represión de la Policía Federal. “Lamentamos mucho tanta confusión y desde el CELS mantenemos la firme esperanza de que De la Rúa sea procesado, porque es lo que en derecho corresponde”, afirmó Borda. Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, dijo que lo sucedido “para algunos fue una operación de la Cámara para desinflar el balón antes del juego final y que no llegue al objetivo buscado, y para otros fue una irresponsabilidad del CIJ, que tituló la noticia erróneamente y terminó dando una información equivocada”. Y se quejó de que, además, la información trascendió antes que las partes fueran notificadas, por lo cual los familiares de las víctimas padecieron una innecesaria y “desagradable situación”. En tanto, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) afirmó que “no fue una noticia incompleta o que contuviera alguna inexactitud, sino una total y absoluta falsedad, un invento que sólo se explica como operación de prensa”.

En definitiva, la situación procesal del ex presidente radical es la de un sobreseimiento no firme, pendiente de revisión por la sala I de la Cámara de Casación, cuyos plazos legales están excedidos. Los recursos presentados ante los camaristas contra ese sobreseimiento por el CELS, la fiscalía y los demás querellantes tramitan en el expediente 14.278, y el lunes pasado, cuando Borda consultó si había alguna novedad respecto de la audiencia oral y pública para debatir el tema, en la mesa de entradas le respondieron “sin novedad, doctor”.