El 15 de julio vence el plazo para que el gobierno de Mauricio Macri relocalice a 240 familias de la Villa 26, ubicada sobre la costa del Riachuelo. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tiene desde hace nueve años los terrenos donde construir las viviendas; también cuenta con el dinero para edificarlas, en el presupuesto aprobado por la Legislatura; la licitación está hecha y el contrato firmado desde hace más de un año, pero hasta ahora no se construyó prácticamente nada. “Hace dos semanas, el IVC admitió ante los vecinos que no llega a construir las viviendas en el plazo estipulado”, dijo a este diario el abogado de las familias, Alejandro Franco. Por si no bastara esta descripción para definir una política de vivienda, uno de los tres terrenos que estaban asignados a los vecinos de la Villa 26 se destinó a la construcción de un precinto (comisaría) de la Policía Metropolitana. En menos de un año, el edificio está casi terminado.

Voceros del IVC respondieron, ante una consulta de Página/12, que los vecinos “aceptaron un traslado transitorio a viviendas del Instituto, en Villa Lugano, hasta que se terminen las obras prometidas, a fines del año que viene”. Pero ese acuerdo fue desmentido de plano por la presidenta de la junta vecinal de la Villa, Serafina Falagán: “De acá no nos vamos hasta que terminen las obras que prometieron: tiempo tuvieron de hacerles”.

Hace dos semanas, en una reunión con los vecinos, “el IVC les informó a las familias que desistía de la construcción porque no llegaban con los plazos. Y les ofreció créditos hipotecarios, con cuotas de 900 a 1500 pesos, para comprar una viviendas”, informó el abogado de las familias. Esa propuesta fue sometida a votación en la villa: perdió por 173 votos contra 6. “Es que la gran mayoría no tiene ingresos para pagar una cuota de ese monto y si en algún momento no pueden pagar, pierden la vivienda. Pero sí pueden afrontar un plan del IVC con cuotas proporcionales a sus ingresos”, explicó Franco.

La Villa 26 está emplazada en Barracas, sobre lo que debería ser el camino de sirga, un sendero que separa el área urbanizada de la costa del río. El fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento del Matanza-Riachuelo, en julio de 2008, ordenó entre otras medidas la liberación de ese camino, lo cual obligaba a relocalizar las viviendas de las familias que habitan en el lugar.

“Desde hace años que nos vienen haciendo promesas y mentiras”, dice Serafina, que vive en la Villa 26 desde hace 57 años. “Cuando vine había cinco casas y todavía no estaba el relleno que frena la crecida cuando hay su-destada”, cuenta la mujer, que además es la responsable del comedor Los Angeles. El barrio creció desde la esquina de Luján y Perdriel hacia el sur, unas tres cuadras, hasta el puente Bosch, y hoy viven allí unas 240 familias, aunque las que están censadas por la Corte son 215.

La mitad de las casas tienen el frente hacia un pasillo, mientras que los fondos dan al Riachuelo. Tanta cercanía es fuente de problemas de salud, especialmente para los más chicos, que sufren recurrentes afecciones respiratorias y dermatológicas, consecuencia de la contaminación. Además, las casas tienen agua corriente pero no cloacas y vuelcan sus desechos directamente al cauce del río.

“Los terrenos para relocalizar a las familias los compró la Ciudad en 2003”, dijo Franco, representante legal de las familias. Son los ubicados en Pedro Chutro 2922/28, en Parque de los Patricios, Luzuriaga 727 y San Antonio 721/735, en Barracas. El IVC los quiso vender en 2009 pero los vecinos lo impidieron: presentaron una acción de amparo, a la que hizo lugar el juez Andrés Gallardo, quien frenó la operación y además ordenó que se llame a licitación para construir las viviendas. “Esa causa se unificó luego con la que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ante quien las autoridades del IVC se comprometieron a entregar las viviendas terminadas el 15 de julio de este año.

En marzo de 2011, el gobierno de Macri desafectó uno de los terrenos, el de la calle Pedro Chutro. En ese momento se dijo que se destinaría al denominado Polo Tecnológico que se impulsa en ese barrio, y que se asignaría a las familias otro terreno, en Lacarra 2049, en el barrio de Flores.

Lo cierto es que finalmente se construyó allí un destacamento para la Policía Metropolitana de generosas dimensiones y en tiempo record. Y los otros dos proyectos no avanzaron. “La licitación se hizo en marzo de 2010 y un año después se firmó el contrato con la empresa Vidogar, pero la obra nunca empezó”, advirtió Franco.

En el IVC argumentan que “el predio de la calle Luzuriaga fue intrusado y recién se está desalojando en estos días; y en el de San Antonio (un edificio donde funcionaba la fábrica París, de medias con costura) no se pudieron iniciar los trabajos porque se inundaron los cimientos”. Aseguran, en cambio, que “la obra de la calle Lacarra está avanzada”.

Pero el letrado de los vecinos replica que fue “el propio IVC el que permitió que se intrusara el predio de Luzuriaga, porque retiró la custodia cuando Gallardo hizo lugar al amparo”, y asegura que “en el predio de la calle San Antonio aún no han hecho cimientos”. En cuanto a la obra de Lacarra, dice que “tiene un avance de solo el 17 por ciento”.

“No es un hecho que toma por sorpresa al Instituto de la Vivienda o al Gobierno de la Ciudad: esto demuestra la falta de voluntad política y de decisión para dar soluciones de vivienda pese a haber recursos financieros disponibles”, dijo a Página/12 el vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Edgardo Form. No es por falta de fondos que no se han hecho las obras: “Todas las relocalizaciones por el saneamiento del Riachuelo tienen el respaldo financiero del Plan Federal de Viviendas del Estado nacional”, agregó el legislador.

“Es realmente grave que se esté evadiendo una orden del Juzgado Federal de Quilmes para brindar soluciones habitacionales a las familias que habitan alrededor del Riachuelo”, dijo a este diario el legislador Juan Cabandié, presidente del bloque del Frente para la Victoria. “El IVC informa que no pueden comenzarlas porque no llegan a cumplir los plazos que había propuesto el mismo Gobierno de la Ciudad y fueron aprobados por el Juzgado, y les ofrece a los vecinos créditos desligándose así de toda responsabilidad.”

“El PRO no cumple lo que anuncia –agrega Cabandié–: hace más de seis meses se relocalizó a los vecinos de los asentamientos Luján y El Pueblito en viviendas que faltaba terminar que aún hoy no tienen servicios”, agregó.

El IVC ya venía negociando con el juez Armella una propuesta para pedir una nueva prórroga hasta fin de año. Pero cuando los funcionarios se dieron cuenta de que tampoco así llegaban a cumplir el compromiso con la Justicia, resolvieron convocar a los vecinos de la Villa 26 y a sus representantes. La reunión empezó con escándalo: los funcionarios del Instituto impidieron el ingreso al diputado Francisco “Tito” Nenna, integrante de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Después hicieron la oferta de los créditos hipotecarios de 280.000 pesos por familia (unos 63.000 dólares) para comprar viviendas a menos de 30 kilómetros del lugar de residencia actual, con una cuota mensual mínima de 895 pesos y una máxima de 1500. Con la taxativa condición de que acepten el total de familias involucradas o ninguna.

“Lo curioso es que esta operatoria le costaría a la ciudad 65 millones de pesos, mientras que si hubieran hecho las viviendas el costo hubiera sido de 25 millones”, estimó Franco.

Después de tantas promesas incumplidas, Serafina desconfía: “Lo que pasa es que el gobierno quiere quedarse con esos terrenos, como ya se quedaron con uno. Se burlan de la gente pobre”, dijo, indignada. “Pero nosotros no vamos a dejar que nos lleven a cualquier lado, porque nos costó mucho conseguir esos terrenos. Nosotros nunca le hicimos quilombo, nunca cortamos una calle. Se ve que eso no sirve parta ellos.”