El domingo pasado por la madrugada el policía bonaerense David Benítez, que estaba de franco, bajó de su auto y disparó siete veces en una de las avenidas más importantes de Almirante Brown. Benítez justificó su accionar diciendo que lo hizo para evitar el robo de la moto en la que iba su hija. El resultado fue la muerte de Lautaro Bugatto, de 20 años, un joven futbolista que salía de su casa y se disponía a subir a su auto cuando fue interceptado por una de estas siete balas.

En el cementerio, el cura que daba el último adiós a Lautaro dijo: “Lautaros tenemos dos o tres por semana”. Según investigaciones del CELS, desde 2008 hasta 2011 hubo 322 civiles muertos en hechos de violencia policial, de los cuales 81 fueron en manos de policías que estaban de franco. En total, la Policía Bonaerense asesinó entre 6 y 7 personas por mes. Si a esto le sumamos que durante los mismos tres años se produjeron 156 muertes violentas dentro de las cárceles bonaerenses, el promedio mensual sube a 10 personas por mes.

El Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, a cargo del ministro Ricardo Casal, ha dado sobradas muestras de la poca capacidad que tiene de conducir a las fuerzas de seguridad. Hay ejemplos emblemáticos del escándalo institucional: la desaparición de Luciano Arruga y el posterior tratamiento de la causa, la masacre de José León Suárez, con claras implicancias policiales, el caso Candela y el mismísimo gobernador Daniel Scioli, junto al ministro Casal, contaminando ante las cámaras de televisión el lugar donde fue hallado el cadáver.

Es justo decir que ni el gobernador ni el ministro crearon el problema de la Bonaerense. Para hacer un poco de historia, el abuso de poder y la violencia institucional tienen sus raíces más profundas en la dictadura militar, en la policía de Ramón Camps. Sin embargo, en la gestión del actual gobernador el grave problema es seguir sosteniendo a la Bonaerense como una corporación. Es evidente que la política que impera en la provincia de Buenos Aires es darles lo que ellos quieren para mantener el territorio tranquilo. En el 2009, después de varios años, Scioli devolvió la Jefatura de la Policía a un integrante de la fuerza, garantizando así la conducción corporativa.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, comandado por Ricardo Casal, parece que están dispuestos a que el costo sea un muerto cada tres días en manos de la fuerza. Y también se agrava esta sistemática acción si esas víctimas son pobres o presos, porque está claro que para algunos eso es un costo menor. Algunos medios de comunicación provocan un clima que merece una autocrítica: generar la legitimidad social de este terrible accionar. Transmiten en cadena un hecho delictivo tras otro, aumentando la sensación de inseguridad de nuestra población. Así fue que, por ejemplo, el caso Blumberg terminó con la sanción de una ley penal de mano dura que no resolvió nada. En consecuencia aparecen comentarios tan negados como “y bueh, uno menos” que me hace acordar al “algo habrán hecho”. Es el resultado de una agenda mediática, que tiene como único objetivo desgastar al gobierno nacional.

Es necesario terminar con el autogobierno de las Fuerzas de seguridad. Perón decía: “El hombre es bueno, pero si lo controlan es mejor”. Es lo que necesitamos hacer con la Policía Bonaerense. Es hora de construir una política de seguridad democrática que se ajuste a derecho, que piense al ciudadano como un igual, que no discrimine, y sobre todo terminar con el rejunte de competencias: Justicia y Seguridad no son lo mismo. Cada una necesita distintas políticas para que ambas existan. Tenemos muchas discusiones por delante y el compromiso de una generación dispuesta a protagonizar esos cambios y a participar del debate. Hay un país distinto que nos da el contexto que necesitamos para hacerlo. Esperemos tener dirigentes en la provincia de Buenos Aires que estén a la altura de lo que demanda la sociedad.

Esperemos que no tengamos que lamentar más “Lautaros”.

* Diputado nacional Frente para la VictoriaMovimiento Evita. Miembro de la Comisión de Legislación Penal.