El enredo generado con Uruguay por las sospechas de sobornos en torno de los obras de dragado del canal Martín García siguió ayer sumando elementos particulares que lo vuelven cada vez más confuso. El embajador itinerante del gobierno uruguayo, Julio Baráibar, debió renunciar a su cargo luego de declarar en una radio que él sabía del intento de soborno pero que había sucedido hacía “dos años”. En su carta de renuncia, Baráibar sostuvo que sus dichos fueron un error y que “no involucran en forma alguna” a los gobiernos de Argentina y Uruguay.

Mientras suma contratiempos como el de ayer, el gobierno de José “Pepe” Mujica sigue furioso porque las obras del dragado no avanzan. Hace muchos años que los uruguayos esperan por esta obra que debe hacer Argentina y que permitirá que ingresen a sus puertos barcos de gran calado. Mujica, gracias a su buen vínculo con Cristina Kirchner, lo consiguió en poco tiempo. Pero, antes de que empiecen las obras, empezaron a aparecer artículos con versiones de supuestos sobornos y del sobreprecio que estaría cobrando la empresa holandesa encargada del mantenimiento del canal hasta que se llama a una licitación. La oposición a Mujica, que busca arruinarle el logro político, viene armando un escándalo con los supuestos sobornos que nunca se terminan de precisar quién y cuándo los recibió.

Cansado de que se involucrara a funcionarios argentinos en estas maniobras, el canciller Héctor Timerman pidió que se convoque urgentemente a una auditoría de la que participen organismos de ambos países para esclarecer de una vez la situación. Pero aclaró que hasta que termine esta supervisión no se realizarían las obras. El canciller Luis Almagro protestó porque consideró que la demora perjudicaba los intereses de su país. Con todo, en la Cancillería argentina aseguran que ambos gobiernos actúan de común acuerdo y que el enojo es con los sectores de la oposición uruguaya y con los medios que ventilan las imprecisas denuncias.

Ayer, Baráibar, quien actúa como asesor de Mujica, fue el primer funcionario en asegurar –en declaraciones radiales– que el hecho efectivamente se había producido hacía dos años, según le había transmitido Fernando Bustillo, el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Bustillo –quien no pertenece al oficialista Frente Amplio– fue embajador de Uruguay en Argentina y está procesado en la causa por la importación ilegal de autos de alta gama para uso diplomático. Baráibar contó que Bustillo le aseguró en aquel momento que un argentino trató de coimearlo para que apoyara la continuidad de la empresa holandesa Riovia, que desde 1992 se encarga del mantenimiento del canal. “Me contó con detalles que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores”, sostuvo Baráibar, quien buscó restarle importancia al hecho, dado que se trataba de una cosa del pasado.

Pero el reconocimiento del hecho generó repercusión en Uruguay y, horas después, el asesor de Mujica presentó su renuncia, explicando que había sido un error recordar algo que le comentaron hacía años. “No dar un paso al costado podría afectar las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos y dañar la imagen del gobierno”, escribió.