Sáb 19.05.2012

EL PAíS  › PANORAMA POLITICO

Ausencias porteñas

› Por Luis Bruschtein

Las fuerzas políticas y los gobiernos construyen sus lenguajes a partir del relato del que se sienten protagonistas. Recogen los elementos esenciales de los hechos, los ensartan en una sucesión y se muestran así a la sociedad. En esas palabras están sus propuestas, la forma de entender la política y la realidad. Un militante kirchnerista puede hacer una lista bastante importante de lo que considera que han sido las realizaciones del Gobierno en los últimos meses y la usará en su comunicación diaria. Se puede estar a favor o en contra, pero ése es un lenguaje. En cambio, un militante macrista elegirá su vocabulario para enunciar la forma en que el gobierno nacional le pone obstáculos para gobernar. Si el gobierno nacional mantiene su imagen con medidas como la nacionalización de YPF o la ley de identidad de género o la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el Gobierno de la Ciudad ha mantenido su presencia en la opinión pública a partir de su confrontación con el gobierno nacional.

Ni siquiera un militante del macrismo podría recordar una serie de acciones de gobierno realizadas por Mauricio Macri, porque la política elegida por esa fuerza política tomó otro eje que no está puesto en la acción de gobierno, sino en la necesidad de mostrarse como la opción al kirchnerismo. Pero se equivoca en una cosa. El kirchnerismo es hiperkinético, lo era con Néstor Kirchner y lo sigue siendo con Cristina y es una característica que se le impone a toda la pirámide de funcionarios. La idea de hacer la plancha no existe en el kirchnerismo. Es una impronta, casi como propuesta, que también se proyecta hacia la sociedad que visualiza una modalidad de gobierno. La equivocación del macrismo es que no genera actos de gobierno que tengan algún impacto y elige proyectarse hacia la sociedad solamente como algo que se contrapone, como un chico que se queja porque hay un grandote que lo empuja en la escuela. Y el mundo no es de los chicos, es de los adultos. Esa es la percepción que termina por formarse la sociedad, a través de dirigentes que actúan como si recién hubieran llegado a la política y como si no hubieran tenido la responsabilidad de gobernar. Por lo tanto, ellos actúan como si sólo bastara con poner cara de que saben y criticar al gobierno nacional. El contrasentido que ya es evidente para la sociedad en su conjunto es que ya no son recién llegados y Macri va por su segundo período en la Ciudad. La mayoría de los dirigentes del macrismo han tenido responsabilidades de gestión y ninguno habla de lo que hicieron, de las leyes que impulsaron, de las medidas que implementaron. En todo el discurso macrista no aparece nunca la gestión.

Si además, la no gestión es un tema que el mismo macrismo saca a relucir permanentemente en su guerra con la Casa Rosada, ellos mismos contribuyen a generar en la sociedad la idea de un gobierno que no hace nada aparte de pelearse con Cristina Kirchner. Se trata de una práctica que ya les está funcionando como un boomerang.

Esta reflexión se aplica rigurosamente al conflicto por los subterráneos, donde el gobierno nacional, la empresa concesionaria y los dos sindicatos involucrados le piden al gobierno porteño que se incorpore a las negociaciones salariales para solucionar el conflicto gremial que se aproxima a un nuevo paro, pero esta vez de 72 horas. Macri podría sostener esta confrontación con el gobierno nacional, si por otro lado estuviera en condiciones de manejar una contrapropuesta o tuviera por lo menos una lista respetable de logros y hechos de su gobierno. Pero no la tiene y finalmente su queja por los obstáculos que supuestamente le pone el gobierno nacional ya empieza a resonar en la calle solamente como una excusa para su inacción.

La conferencia de prensa que realizó Macri para explicar su oposición a la nacionalización de YPF tuvo al menos la virtud de darle un contenido más político a su propuesta. Pero recae en su falla principal, que es referenciarse solamente en su oposición a lo que hace otro, y en ese posicionamiento no hay acción de gobierno propia. Algo que diga por ejemplo: “Yo no estoy de acuerdo con nacionalizar, pero propongo algo parecido a lo que estoy haciendo en la ciudad”. Como no hay nada, se queda en ese enunciado sobre lo que hace el gobierno nacional y se posiciona en abstracto. Macri habla como si no llevara cinco años al frente del gobierno porteño, en una etapa en la que tuvo record de recaudación. Le tocaron los años de mayor crecimiento del país. No le faltó plata.

Macri ganó la primera elección presentándose como alguien que no provenía de la política, sino de la empresa, y que por lo tanto sería un buen administrador. Y además, como alguien nuevo. Ya no tiene nada de eso, para la sociedad es uno más entre todos los políticos, dejó de ser nuevo y no se lo ve como una página en blanco. Tiene cinco años de gestión. Es más político que empresario y, para “nuevo”, ya está gastado. Pese a eso, encara su diálogo con la sociedad como si recién hubiera llegado. Es un desencuentro importante con la realidad que le puede costar caro.

Macri salió a decir que la causa por espionaje telefónico era una operación del Gobierno, otra situación en la que le ponen palos en la rueda. Parte del periodismo opositor más militante retoma ese argumento. Hay una discusión entrecruzada sobre el armado de operaciones en la Justicia. El discurso mediático opositor se estructura alrededor de esa idea central que desplaza a lo político y lo ideológico. En este caso, La Nación asume un lugar intelectual más honesto porque no se esfuerza en ocultar el basamento ideológico conservador y más bien de derechas desde donde cuestiona las políticas oficiales. Pero hay un entrecruzamiento de acusaciones por supuestas operaciones judiciales de uno y otro lado que muestra el flanco más pobre de la política.

De todos modos, en la causa por espionaje telefónico ilegal en la que está involucrado Macri, los querellantes son un representante de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y un cuñado de Macri. Ya está comprobado que el delito existió y ya fueron condenados dos colaboradores del jefe de Gobierno. Se trata de dos colaboradores cercanos, que acompañan a Macri, incluso desde la época en que estaba en Boca, antes de llegar al gobierno porteño. Con esos antecedentes, cualquier cosa que alegara Macri resultaría poco creíble, pero decir que los presos, los querellantes, y las conversaciones grabadas constituyen una operación en su contra, es tan poco creíble que pone bajo la duda a todas las situaciones en las que Macri le echa la culpa al gobierno nacional.

El espionaje pareciera ser una práctica habitual entre un sector de los grandes empresarios. Además de Macri, en los allanamientos realizados a dueños y gerentes del ingenio Ledesma surgieron pruebas de que Carlos Pedro Blaquier, la cabeza de esa empresa, había pagado a una empresa norteamericana para que realizara tareas de espionaje sobre los participantes a las marchas por la Noche de los Apagones, en el pueblo de Libertador General San Martín, Jujuy, donde está el ingenio.

En ambos casos se trasluce una idea de superioridad, de que una persona con poder está por encima de las demás y que les corresponde, casi como una fatalidad, un lugar de privilegio con respecto a la ley. Ellos pueden hacer en la oscuridad lo que les está prohibido a los mortales comunes.

Los dos querellantes que denuncian haber sido espiados telefónicamente por la banda de funcionarios macristas, Sergio Burstein y Daniel Leonardo, eran personas que molestaban a Macri. La artillería principal del discurso macrista impacta en el juez Norberto Oyarbide, pero este magistrado no actuó solo, porque la Cámara Federal aprobó todas sus actuaciones.

Más allá de que la Justicia tiene que avanzar en todas las causas que tenga a su cargo, las que perjudican tanto a unos como a otros, siempre es mejor que a la política se le gane con política. No es bueno que la política asuma el lenguaje de comisaría al que a veces está tan obligada. Si Macri tiene una responsabilidad en las escuchas ilegales deberá asumir el castigo que le corresponda. Pero lo mejor para la política sería que no fuera así y que, en todo caso, fuera la política la que decida su destino.

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