Es infrecuente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no consiga la sanción de las leyes que propone a su Legislatura. La preeminencia del peronismo, la telaraña de “pactos preexistentes” (sanctos y de los otros) con la oposición suelen garantizar una gobernabilidad bastante calma. Los traspiés que sufrió la reforma fiscal en la semana que pasó reconocen pocos o nulos precedentes, ninguno en el corto plazo cercano. De ahí el nerviosismo y el malhumor que cunden desde el gobernador Daniel Scioli para abajo.

El escollo fáctico esencial es la resistencia de las patronales ruralistas. Abarca bastantes aspectos de la reforma aunque se centra en los revalúos inmobiliarios. Con el inefable titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, a la cabeza las corporaciones del campo repiten atavismos arraigados. Su idea de república y de instituciones repele la obviedad de actualizar el valor de sus campos. Las tasaciones están congeladas desde hace 15 años, lo que torna superfluos mayores consideraciones o adjetivos. La propiedad se ha actualizado a tasas chinas, en el mundo real. Los compañeros agropecuarios reconocen a regañadientes que las valuaciones están rezagadas. Con un detalle interesante: ninguno responde (ni siquiera ante periodistas amigables, “del palo”, que quieren preguntarles) cuánto pagan actualmente. Ocurre que los valores vigentes son, en muchos casos (en estas cuestiones ninguna regla es uniforme), irrisorios.

La propiedad rural es una gran inversión que ha interesado en los años recientes a empresarios industriales, deportistas exitosos y más de un dirigente político. La carga fiscal para un impuesto al patrimonio, o sea progresivo por naturaleza, está muy rezagada respecto de los automotores o de los inmuebles urbanos. No importa: la clase campera no quiere ponerse. Alega que hay otras reformas más amigables, en Santa Fe y Entre Ríos. Pide que Buenos Aires las replique. En esas comarcas, empero, la Mesa de Enlace se muestra chúcara como ya se contará.

Buenos Aires, como tantas provincias, ha sido híper laxa para fijar y percibir impuestos. La contingencia, más ardua que en años precedentes, la fuerza a revisar su pereza que traduce un federalismo berreta e hipócrita. Por un lado se despotrica contra el gobierno nacional, por otro se recuestan en que éste se ocupe de la recolección de impuestos. Generan así una competitividad espuria (“venga a invertir acá que se paga poco”), ahorrando encontronazos con los poderes fácticos.

El revisionismo bonaerense es lógico, tardío y (bien mirado) muy leve. Según las estimaciones de sus propias autoridades las nuevas alícuotas se calcularán sobre el 30 por ciento del valor real de mercado de los campos (siempre hablando en promedio, lo que reconoce excepciones y casos muy dispares).

La modificación busca mejorar la ecuación financiera de la provincia. Los municipios están también muy concernidos. En La Plata aseveran que a ellos les tocará más que al fisco provincial. Los intendentes hacen otras cuentas, menos optimistas, pero asumen que un refuerzo de dinero les vendría muy bien, casi como salvavidas. Casi todas las provincias, muy desfondadas, también precisan uno.

El otro interesado es el Fisco nacional porque la suba de las valuaciones impactaría en el impuesto a bienes personales. Otro gravamen al patrimonio, de los más equitativos. La narrativa de las patronales agropecuarias es, en este aspecto, una confesión sobre un pecado capital (ista). No quieren pagar bienes personales en base a valores algo menos distantes de los reales. Leyó bien: no hay error del cronista. Lo que en cualquier país sensato sería una argucia de evasores acá se transforma en un criterio sensato, el diario La Nación (¿cuándo no?) lo elevó ayer a reclamo editorial. El desparpajo de los dueños de la tierra es, llegado a este punto, absoluto. Se sacan la máscara.

Es de lamentar que el radicalismo y el Frente Amplio Progresista (FAP) reincidan en sus errores de 2008 y 2009 acompañándolos. En el caso de la UCR hay una tensión interna entre los intendentes (que miran sus arcas y son más afines a la propuesta de reforma) y los legisladores, más pendientes del posicionamiento político. Los arredran las críticas mediáticas a su digna postura en la expropiación de YPF, temen quedar como “demasiado oficialistas”. Ese resquemor les valió una sangría electoral enorme en 2011, parece que no escarmientan.

El sciolismo intentó renegociar en Diputados con el FAP, concediendo demasiado en términos de justicia impositiva. Las tratativas febriles se interrumpieron cuando llegaron mensajes desde el gobierno nacional. Hubo mensajes directos (relativamente reservados) al diputado Horacio González del Frente para la Victoria (FpV), quien bastoneaba las tratativas con el FAP. En esas horas febriles, formuló declaraciones el ministro de Economía Hernán Lorenzino alegando que Scioli puede hacer los revalúos inmobiliarios por decreto, sin necesitar acordar con la oposición. Lorenzino no se caracteriza por la verborragia ni por mandarse por cuenta propia. Es evidente que propalaba un mensaje de la Casa Rosada. Funcionarios sciolistas, incluyendo su ministra de Economía Silvina Batakis, replican que la legislación bonaerense no habilita ese rebusque. Desde Balcarce 50 le responden que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sabe más que el gobernador acerca de legislación. Lo que hay en disputa, de cualquier modo, es mucho más que la interpretación de las normas. El gobierno nacional desautoriza todo pacto a la baja con las corporaciones rurales y no le cede un tranco de pollo a Scioli. El interés por la “caja nacional” es relevante pero no agota el conflicto. El manual de estilo 2012 del gobernador bonaerense faculta a algunos allegados a despotricar contra el vicegobernador Gabriel Mariotto pero no contra la Presidenta. En este caso, la regla complica la inteligibilidad de cualquier discurso.

La historia continuará en los días venideros.

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En otros pagos: Biolcati y el FAP procuran que la revaluación sea gradual y escalonada en cinco años. Se escudan en el proyecto que envió el gobernador socialista Antonio Bonfatti a la Legislatura santafesina, contra el que corcovearon un poquito y que aún no ha sido tratado. También aluden a Entre Ríos, un ejemplo ya concretado que les hace poco favor. En esa provincia la adecuación se concertó en 2008 entre el gobierno local y la Mesa de Enlace. Escalonada también, llegando a valores plenos en 2012, esto es, ahora. Fieles a su idiosincrasia, los ruralistas pusieron el grito en el cielo cuando se redondeó lo acordado. Presionaron al oficialismo provincial, se movilizaron a la Casa de Gobierno y apalearon a policías, hiriendo a cuatro de ellos. El eterno Alfredo De Angeli lideraba la movida, de la que informa en detalle y con fotos llamativas el diario digital Junio que dirige el periodista Claudio Gastaldi. La praxis patronal transita un registro variado: enaltece las instituciones cuando gana... cuando pierde no le hace asco a la acción directa ni a la violencia. No hay preguntas en medios hegemónicos sobre estos detalles, que condimentan la vida diaria.

El FpV controla con facilidad las dos Cámaras en Entre Ríos: la reforma se aprobó al galope. La Sociedad Rural judicializó la cuestión, presentando un recurso de amparo que fue rechazado de volea este 15 de mayo por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú. El gobernador Scioli debería reparar en el antecedente y poner las barbas en remojo.

La carga impositiva entrerriana es, bien mirada, tenue aunque mejora la inexistente ecuación anterior. Los valores actualizados son (en abrumadora tendencia) inferiores a los vigentes ahora (sin reforma alguna) en Buenos Aires.

De todos modos, algo es algo: la recaudación aumentó, según fuentes oficiales ya pagaron el nuevo tributo el 50 por ciento de los chacareros. Y el gobernador Sergio Urribarri se mantuvo en sus trece, sin hocicar ante las presiones corporativas.

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Una ojeada a las paritarias: Desde el advenimiento del kirchnerismo las convenciones colectivas constituyen una sana rutina institucional que fue forjando una secuencia temporal repetida. En 2012 los cierres venían atrasados respecto de lo habitual, derivación de varios factores: coletazo de la interna CGT, cierta incertidumbre económica y un abril pletórico de feriados. El escenario abierto era disfuncional para el Gobierno por dos motivos al menos. El primero, su potencial conflictivo. El segundo, que los incrementos tardaron en llegar al bolsillo de los trabajadores, circunstancia indeseable para un “modelo” que apuesta al mercado interno y en la demanda de los sectores populares como dinamizadores. Con más plata en la calle, robustecida la demanda por “sumas fijas” y retroactivos el Gobierno confía en darle un envión a una economía que acusa signos de ralentamiento.

En la semana hubo tres acuerdos. Los empleados de comercio, siempre liderados por el incombustible Armando Oriente Cavalieri, superan el millón de laburantes. Los bancarios superan los 100.000. Los metalúrgicos, según la estimación de su secretario general Antonio Caló, son 250.000. La perspectiva de una huelga de un sector industrial ascendente (algo inusual en la etapa) era un mal augurio para la gobernabilidad y el equilibrio interno del movimiento obrero. En la cartera conducida por Carlos Tomada subrayan que los convenios se cierran “sin piso ni techo” y que, de todos modos, la Unión Obrera Metalúrgica firmó por cifras inferiores a la de 2011. La lectura más optimista combina los datos y traduce que hay autocontrol sindical, mantenimiento de la capacidad adquisitiva y activación keynesiana. La Unión Obrera de la Construcción puede ser, confía el Gobierno, el próximo sindicato relevante que llegue a un acuerdo. Los optimistas esperan que sea antes de fin de mes.

El Gobierno, estima el cronista en consonancia con los reclamos sindicales, debería elevar sensiblemente el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que carcome sueldos y jubilaciones apenas pasables. También hay una deuda respecto de una reforma impositiva que organice un sistema más equitativo. Frente a esas carencias de sintonía fina, los mensajes de sectores opositores son tremendistas y hasta impracticables. El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se pone exorbitante y clama por la supresión del impuesto a las ganancias, un sinsentido. A su vez, las patronales rurales luchan en aras de un enésimo pagadios. En esa tensión, el oficialismo queda mejor parado, no por tener toda la razón pero sí por estar en mucha mejor sintonía con la realidad y las necesidades mayoritarias.

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Un horizonte complejo: El primer semestre está jugado, el segundo genera expectativas. El nivel de inversiones preocupa al Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo manifestó en exhortaciones discursivas a los empresarios. Paradoja solo para distraídos y apocalípticos: para entrar en YPF hay muchos postulantes, en otras áreas la oferta es más escueta.

El gobierno confía en mantener vivaz el mercado interno y moderar la inflación, aunque de eso no se hable.

El oficialismo domina el Congreso con comodidad. Jaquea a sus principales adversarios políticos: Scioli y el jefe de Gobierno Mauricio Macri que no las tienen todas consigo. Lleva la iniciativa política, diríase, con alegría. Su real desafío es sostener las variables económicas, el empleo, la distribución del ingreso. En ese terreno, los problemas son más arduos. Y es mayor el contrapeso de los interlocutores sectoriales (patronales, sindicatos, movimientos sociales, ecologistas), cada uno en su quintita, en defensa de sus derechos y conquistas.

La inflación, las peripecias del dólar, la protesta social entrando en la vida cotidiana son más complicados que sacar una ley histórica. En ese territorio, el de las realizaciones y el bienestar, se juegan como siempre las bazas más importantes del oficialismo. Que sabe que la epopeya de YPF es un gran paso pero que no alcanza y ya prepara nuevas medidas sociales para calentar el invierno, fiel a su hiperquinesis y a su afán de conservar el centro de la escena.

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