Dom 20.05.2012

EL PAíS

Intereses y berrinches

› Por Mario Wainfeld

Las negociaciones colectivas saben ser tripartitas, la referida al conflicto del subte exige más presencias. Hay dos representaciones sindicales, la del gremio central la Unión Tranviarios Automotor y los “metrodelegados”. La patronal, claro. Y, por ahora, los gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma.

El malestar ciudadano por las 36 horas de paro puso contra las cuerdas al grupo Roggio, titular de Metrovías. No tiene margen para regatear mucho. Socios históricos del grupo Macri, fueron forzados por los gremialistas y el Ministerio de Trabajo a exigir la presencia de representantes del gobierno de Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno persiste en sus mohínes ausentistas. Desconoce el Acta Acuerdo que firmó, tanto como al principio de ejecución que le dio al decretar el aumento del boleto. Se empaca en un reclamo caprichoso, improcedente y hasta snob que sabe destinado al fracaso: exige una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rehúsa asumir un compromiso de gestión y empioja toda posibilidad de salida perjudicando objetivamente a los ciudadanos “vecinos” que son usuarios del subte.

La patronal está casi resignada a acordar pero ni el gobierno nacional ni los gremialistas (de muy distintas prosapias) admiten que la administración PRO hurte el cuerpo a un convenio que le concierne. Ayer, el diputado Federico Pinedo hizo algún amague para destrabar el entuerto. La Ciudad será citada a la reunión prevista para mañana, no se hará seguramente uso de la fuerza pública.

La situación es curiosa: las partes corporativas de la paritaria están cercanas a un acuerdo, la real traba es la contumacia del macrismo. Una salida posible sería que el pacto se realizara y la pugna entre Nación y Ciudad siguiera por otros carriles. Bastaría que Macri cesara con sus berrinches y su inacción para descomprimir la situación que damnifica a los usuarios. Habrá que ver.

Aunque quede antipático decirlo, también irá siendo hora de plantear un debate serio sobre una regulación de las huelgas en servicios públicos que, sin mengua de los derechos de los trabajadores, atienda a los intereses de millones de ciudadanos tan de a pie como ellos.

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