El fiscal federal Jorge Di Lello ordenó las primeras medidas en la causa originada por una denuncia del vicepresidente Amado Boudou, en la que involucró al estudio jurídico familiar del ex procurador general Esteban Righi en un ofrecimiento de “lobby” (tráfico de influencia) en los tribunales federales, y al titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, en un presunto intento de coima. Di Lello, a quien el juez Ariel Lijo le delegó la investigación, citó a prestar testimonio para la semana próxima al abogado Eduardo Durañona, al que Boudou mencionó como uno de los testigos de las visitas que le habrían hecho Ana María García –la esposa de Righi–, María José Labat –esposa del ministro porteño Guillermo Montenegro– y el abogado Fabián Musso para ofrecerle contactos en los juzgados de Comodoro Py, como anticipándole que tendría problemas con la Justicia, según la acusación del vicepresidente. Durañona es de mucha confianza de Boudou y es quien presentó la denuncia en la que ahora se lo cita a testificar. El fiscal también convocó a una de las secretarias del vicepresidente que en teoría podría acreditar la visita en la que Gabbi le ofreció un acuerdo económico para favorecer a la empresa Boldt para retener el manejo de Ciccone.