Un dictamen de la Procuración General –actualmente a cargo de Luis González Warcalde– estableció que la Justicia electoral es la que debe seguir investigando al publicista Jaime Duran Barba, asesor de Mauricio Macri, como posible responsable de una campaña sucia contra el kirchnerismo durante las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires del año pasado. El ecuatoriano ya fue citado a indagatoria por la jueza María Servini de Cubría, aunque logró que le diera tres prórrogas. Su próxima oportunidad de presentarse es el 31 de mayo. Un juez porteño, Carlos Bentolila, es el que le reclamó la competencia en la causa, pero Servini la rechazó. Ahora la discusión deberá saldarla la Corte Suprema.

Durante la campaña electoral para jefe de Gobierno porteño varios ciudadanos recibieron un llamado que aparentaba ser una encuesta, pero en realidad pretendía instalar la idea de que el padre de Daniel Filmus, candidato del Frente para la Victoria, era un arquitecto que estaba relacionado con Sergio Schoklender, ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, en la construcción de viviendas sociales. Después de dar esa información la grabación decía “Ahora que usted sabe esto ¿lo votaría?” Filmus dijo que su padre, un señor de 88 años, no es arquitecto sino un comerciante que nada tiene que ver con Schoklender, e hizo una denuncia penal. La Justicia hizo allanamientos en las oficinas de empresas desde donde se realizaban las llamadas (aunque se hacían a través de un servidor de Estados Unidos). Eran oficinas vinculadas a su vez a la consultora de Duran Barba, contratada por el gobierno de Macri.

Servini imputó a Duran Barba y sus socios José Guillermo Garat y Rodrigo Lugones como sospechosos de haber violado el artículo 140 de Código Electoral. Esa norma castiga con dos meses a dos años de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. El juez porteño Bentolila intentó arrogarse la competencia en la causa con el argumento de que “sólo se ventilaban situaciones de carácter electoral” relacionadas con autoridades locales, de la Ciudad. Sin embargo, Servini sostuvo que la falsa encuesta pudo “haber tenido efectos no sólo en las elecciones porteñas, sino también en las nacionales que se desarrollaron días después”.

El dictamen de González Warcalde coincide con el planteo de la magistrada y le sugiere a la Corte que se pronuncie a favor de la competencia electoral. “Las maniobras imputadas en este proceso fueron susceptibles de afectar dos elecciones distintas: la local, en la que Daniel Filmus era candidato, y la nacional en la que intervení la alianza electoral (Frente para la Victoria) que él representaba.” “En ambos casos no puede haber más que un único proceso penal, entre otras cosas, porque el juzgamiento por separado de un mismo hecho violaría la prohibición constitucional de persecución penal múltiple”, sostuvo.

Ahora hay que ver si Duran Barba finalmente se presenta la semana que viene a indagatoria.