La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, consideró que la rescisión del contrato a TBA se hizo “tarde y mal”. Vidal reclamó “las inversiones que hay que hacer en materia de seguridad para que la gente viaje tranquila”, aunque su gestión no parece predicar con el ejemplo: en inversiones del subte, el gobierno porteño lleva ejecutado tan sólo un 11,47 por ciento del dinero del que dispone este año. El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, coincidió con la dirigente macrista, aunque estimó que “por lo menos nos saca de la alarma de mantener de forma indefinida la situación”. Por su parte, la diputada Graciela Ocaña consideró que “es el Estado el que debe tomar en sus manos” los trenes, y no otras concesionarias privadas como Metrovías y Ferrovías.

“Tarde y mal”, fue la definición que eligió Vidal para calificar la medida del gobierno nacional. Mientras el gobierno porteño se sigue negando a hacerse cargo del subte, la vicejefa se dedicó al análisis político: “Tarde, porque lamentablemente tuvo que ocurrir una tragedia para que tres meses después se tomara esta decisión, y mal porque el ministro De Vido no explicó cuáles son las inversiones que tanto las empresas como el gobierno nacional van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir y para que en los trenes se pueda viajar con seguridad”, indicó Vidal. “Llama la atención que se le dé la concesión a una empresa a la que la semana pasada el mismo gobierno nacional denunció”, sostuvo Vidal sobre la denuncia que hizo la Anses contra el Grupo Roggio en la Cámara Nacional de Valores por subcontratar desde Metrovías otras empresas del mismo holding.

Con respecto a la decisión de no hacerse cargo del subte –ni invertir, por lo que marcan los números de subejecución difundidos por el propio gobierno macrista–, Vidal insistió en que es el gobierno nacional el que debe desembolsar “las inversiones que hay que hacer en materia de seguridad para que la gente viaje tranquila”.

Por su parte, Despouy estimó que la rescisión del contrato a TBA era “positiva, aunque tarde y largamente postergada es una medida que, por lo menos, nos saca de la alarma que se generaba de continuar manteniendo indefinida esta situación”. “No puede ser que las empresas reciban subsidios y no rindan cuentas. No puede ser que el Estado se desentienda de la forma en que los subsidios son aplicados porque, realmente, se genera de esa manera una especie de cultura del incumplimiento”, advirtió el titular de la Auditoría General de la Nación. La medida, para Despouy, “tiene como fundamento el pésimo desempeño empresarial que había generado una situación no solamente de precariedad en la prestación de servicios, sino de situaciones de inseguridad que llevaron a que tuviera un desenlace tan trágico ese desastre”.

El funcionario recordó los informes de la auditoría sobre la situación de los ferrocarriles y sostuvo que esa situación desastrosa “ya la señalaban, no sólo el último, sino que ya en 2008 se habían indicado los altísimos niveles de incumplimiento en tareas de mantenimiento, reparación o tercerización a otras empresas del grupo”. El auditor estimó que en esos informes “había señalamientos muy claros, indicativos de que la concesión estaba cumpliéndose en forma muy deficiente e, inclusive, creo que ya con causales como las que en este caso se invocan, que son las causales de incumplimiento grave”.

El representante de Consumidores Libres, Héctor Polino, sostuvo que la rescisión era “largamente esperada por los usuarios, que sufrieron todo tipo de vejaciones por parte de una empresa absolutamente irresponsable”.

Por último, Ocaña consideró que la decisión del gobierno nacional es para celebrarse “más allá de los partidismos y pensando en una política de Estado”. Ocaña estimó que “el tema del transporte no va a tener solución ni en uno, dos o tres años” y lamentó que con esta decisión el Gobierno “lo que hace es poner en manos de los actuales concesionarios que quedan la operación, cuando me parece que es el Estado el que debe tomar la operación”.