“Los sucesos del Parque Indoamericano fueron determinantes para que la Presidenta de la Nación decidiera crear el Ministerio de Seguridad”, recordó a este diario Cristina Caamaño –secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad–. La funcionaria destacó que “el control político sobre las fuerzas de seguridad facilita a los jueces las investigaciones”, recordó algunas de las principales acciones del ministerio en estos meses –desde la prohibición de utilizar armas letales ante protestas sociales hasta los acuerdos con el Ministerio de Cultura para recuperar plazas como espacio público– y, en cuanto a la anulación del sobreseimiento de los policías imputados por el Indoamericano, sostuvo que “es una medida adecuada: el caso debe dirimirse en el juicio oral”.

El Ministerio de Seguridad fue creado en diciembre de 2010 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo puso a cargo de Nilda Garré. “La instauración de un firme control político propicia que los jueces profundicen las investigaciones; antes, la falta de colaboración de las fuerzas de seguridad podía generar vacíos y desaliento”, destacó Caamaño.

Una de las primeras medidas del ministerio –vinculada con el propósito de que no se repitieran los sucesos del Indoamericano– fue la supresión del uso de armas letales por las fuerzas de seguridad en manifestaciones. “Desde el principio se procuró evitar toda actividad que pudiera lesionar o generar daños en manifestaciones sociales. El año pasado se dio a los policías un curso sobre mediación en situaciones de conflicto. También se les prohíbe que en esos casos vayan sin uniforme”, comentó Caamaño.

Lo que no ha sido posible hasta ahora es modificar la obligación de que el policía intervenga aun de franco: “Cerca de la mitad de las muertes de policías se producen en francos de servicio. El ‘estado policial’ del personal significa que un policía lo es las 24 horas, los 365 días. Pero debería preservar la posibilidad de no actuar si, como ha sucedido, un policía va a una heladería con su hija y entran varios a robar. No debe estar obligado a intervenir sólo para que lo maten”, advirtió Caamaño.

Las acciones del ministerio han incluido la incorporación de 1250 gendarmes y 1250 prefectos para reforzar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires; 6000 gendarmes se agregaron en el conurbano bonaerense y la Policía de Seguridad Aeronáutica colabora en el sector internacional de la terminal de micros de Retiro.

Además, “en la Villa 31 se ha desplegado la Policía Barrial, capacitada desde el año pasado para acercamientos en situaciones de conflicto”. Y “un convenio con el Ministerio de Cultura, articulado con operativos en la zona de Constitución, permitió hacer recitales en plazas de ese barrio, a donde la gente antes no podía ni acercarse, para consolidar su reincorporación al espacio público”.

En cuanto a la anulación del sobreseimiento de los policías involucrados en la represión del Indoamericano, “me parece bien, ya que el fiscal Abraldes había hecho una investigación muy profunda del caso, que así deberá dirimirse en el tribunal oral”, señaló la funcionaria.