El caldo de cultivo que provocó la toma del Parque Indoamericano no tuvo ribetes delictivos, como el supuesto corredor para el narcotráfico y el mercado inmobiliario que uniría los villas 1-11-14 y 20, que aventuraron los fiscales implicados. Es lo que se desprende del último informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales, donde se describe la situación de creciente marginalización habitacional en la Ciudad y una serie de factores inmediatos: promesas incumplidas del gobierno porteño y órdenes de desalojo en asentamientos inmediatos al parque. La Justicia, agrega el CELS al referirse a la jueza María Nazar, brindó “una cobertura de aparente legalidad al accionar policial”.

“Por un lado, la presencia de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, conocidos por tener poder de otorgar subsidios, en ocupaciones cercanas al parque alimentó la expectativa de que habría chances de negociar beneficios. Por el otro lado, integrantes del bloque PRO de la Legislatura elaboraban un proyecto para la facilitación de la escrituración, en las villas Los Piletones, 20, 1-11-14 y Fátima. En los barrios corrió el rumor de las inminentes titularizaciones, lo que llevó al desalojo de inquilinos para facilitar los eventuales trámites de regularización”, dice el informe al repasar los días anteriores a la toma.

Este primer panorama previo en la Comuna 8, donde 80 de cada 100 personas “deben alquilar cuartos sin resguardo legal”, derivó en la extensión de una serie de ocupaciones precarias en la zona, en los asentamientos La Veredita y Los Pinos, que motivaron órdenes de desalojo antes que asistencia estatal por parte del gobierno porteño. Los proyectos macristas en la Legislatura nunca prosperaron. Y cuando, en diciembre de 2010, muchos de esos inquilinos desalojados ocuparon el parque, fueron reprimidos por 200 efectivos de la Policía Federal y 60 de la Policía Metropolitana. Dos personas resultaron asesinadas.

“A pesar de que conocían las necesidades de los barrios lindantes al parque y otras tensiones latentes que podían derivar en un conflicto, funcionarios políticos y judiciales de la Ciudad abordaron la toma como una crisis delictiva inesperada e intencionalmente provocada por pequeños sectores con fines de lucro, que requería dar una respuesta ejemplar, disciplinante, tanto desde lo policial y penal como desde lo social”, sostiene el informe. La coordinación de esta “crisis delictiva” fue del Ministerio Público Fiscal porteño. Ni la jueza ni los fiscales supervisaron el operativo. La Defensoría General porteña quiso representar a los ocupantes, pero la jueza se lo negó.

A las dos primeras víctimas tras la represión se sumó una tercera, luego de los disparos de una patota de barrabravas. La Defensoría y las organizaciones sociales intentaron que la Justicia procesara el conflicto por vías alternativas a la penal, “pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reafirmó este camino como el terreno privilegiado para dirimir los conflictos sociales”, recuerda el estudio. Sólo la jueza Alicia Ruiz votó en disidencia. “Cuando la represión se amplía, al extender los límites del derecho penal, se acentúa el riesgo de gravísimos daños colaterales”, argumentó. Ante un nuevo pedido de desalojo de la Procuración porteña porque el parque, pese a la represión, seguía ocupado, la jueza Nazar optó por permitir la intervención de la Defensoría y también la Asesoría Tutelar de la Ciudad. Y tras escuchar otros argumentos descartó el uso de la fuerza pública y exigió pacificar la zona. Fue el comienzo de una extensa negociación, que incluyó censos y una intensa labor de Desarrollo de la Nación y la Gendarmería, mientras el gobierno porteño saludaba con buenos ojos lo que nunca estuvo en sus planes: escuchar las demandas.