Uno de los miembros del grupo de operaciones especiales a cargo de Jaime Duran Barba, Guillermo Garat, se negó a declarar ayer ante la Justicia federal en la causa abierta por la presunta campaña sucia montada para inducir a confusiones a votantes porteños en las últimas elecciones para la Jefatura de Gobierno.

Hasta ahora ni Garat ni su jefe habían aceptado concurrir a las citaciones de la Justicia. Tampoco lo hizo Rodrigo Lugones, otro de los integrantes de lo que el grupo definió el año pasado como “trabajos quirúrgicos”.

Entre hoy y mañana deberían cumplirse las citaciones con Duran Barba y Lugones.

Los tres están bajo investigación por supuesta violación del artículo 140 del Código Electoral, que pena a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.

La causa se abrió cuando el entonces candidato del Frente para la Victoria Daniel Filmus denunció que bajo la forma de falsas preguntas, un call center interrogaba a los porteños sobre si sabían que el padre del candidato, presentado como arquitecto, había sido socio de Sergio Schoklender. Filmus dijo que Salomón, su padre, no fue socio de Schoklender ni es arquitecto.

La investigación sorprendió incluso a los propios denunciantes, que se toparon con un conjunto de baterías para operar sobre los votantes y documentación que ligaba socios y domicilios al propio Duran Barba, el consultor ecuatoriano que asesora al jefe de Gobierno Mauricio Macri. En otra causa, el jefe de Gobierno está bajo sospecha por uno más de sus aparatos para operaciones especiales, el que dirigía el ex comisario Jorge “Fino” Palacios para espiar.

Garat no sólo trabajó para el grupo Duran Barba, sino que fue pagado por el gobierno porteño. Es firmante autorizado de Tag Continental, empresa con domicilio en Libertad 1240. La misma de Duran Barba.

Duran Barba, Lugones y otro consultor más, Santiago Nieto, firmaron el año pasado un “Acuerdo de confidencialidad y competencia” que dice buscar un trabajo de colaboración entre una parte especializada en encuestas y consultoría y otra en centros de llamado. Garat figura entre los encargados de los centros junto con Nicolás Marcó y Martín Vicente Peluffo.

Lugones y su equipo deberían poner su conocimiento en materia de manejo de opinión pública. Garat aparecía como dotado de las habilidades necesarias en la dirección de mensajes a través de su carácter de principal accionista de Connectic SRL.

Connectic, justamente, fue la que utilizó la palabra “quirúrgica” para calificar a sus tareas. En una oferta de “identificación de votantes” para realizar en Vicente López, explicó la empresa que “consiste en llamar a todos los domicilios de la provincia de Buenos Aires con el fin de transmitirle un mensaje, solicitar información o consultar sobre sus preferencias políticas”. Esas llamadas “serán monitoreadas de manera constante por gente capacitada”.

“La información recolectada en la identificación será procesada y entregada de manera de poder hacer un seguimiento y una posterior campaña de persuasión”, prometió Connectic.

El fundamento es el cruce con una base de datos. Los trabajos realizados “en forma quirúrgica” serían aprovechados porque “tenemos información de que grupos familiares comulgan con nuestras ideas y de esta manera podemos identificar posibles voluntarios en distintos barrios del conurbano”. Esto permitiría “organizar una red de voluntarios que abarque las zonas más marginadas, donde de otra manera sería muy difícil llegar”.

Las investigaciones judiciales establecieron que los firmantes del Acuerdo de confidencialidad tenían tarjetas impresas con el mismo domicilio, Libertad 1240, uno de los primeros sitios allanados tras la denuncia de Filmus.

Garat y Duran Barba también son socios en la empresa Informe Confidencial, con sedes en Buenos Aires, Quito y la ciudad brasileña de Curitiba.

Peluffo es firmante autorizado de Call and Contact Center, una de las empresas que realizaron la campaña de preguntas con base falsa en la campaña porteña.

[email protected]