El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca entró ayer en su etapa de alegatos. En el auditorio de la Universidad Nacional del Sur, ante un mural del general San Martín uniformado, los 17 militares, policías y penitenciarios acusados por su actuación durante la dictadura escucharon en primer término la acusación de los abogados Mirta Mántaras y Walter Larrea, que representan a sobrevivientes y familiares de desaparecidos y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. Entre hoy y mañana alegará la abogada Mónica Fernández Avello, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y para la próxima semana está previsto el alegato de los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolín.

El juicio a los represores bahienses lleva once meses. Los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que viajaron todas las semanas desde Mar del Plata, Santa Rosa y Azul, escucharon a 390 testigos, desde sobrevivientes, familiares y vecinos que presenciaron secuestros hasta ex conscriptos que aportaron pruebas fundamentales. La mayor parte de los acusados se negó a declarar por consejo de sus defensores. Los que hablaron no aportaron datos relevantes y empeoraron sus situaciones.

El principal imputado es el general retirado Juan Manuel Bayón, jefe del Departamento de Operaciones del comando que encabezaban Osvaldo Azpirtarte y Adel Vilas, ambos fallecidos. Bayón comparte el banquillo con otros cinco oficiales superiores que integraron el estado mayor del Cuerpo V, con tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los grupos de tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta y cuatro agentes de la Policía Federal imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. A la larga lista de fallecidos impunes se sumó a poco del comienzo del juicio el teniente Julián Corres, alias Laucha, en tanto se profugó el teniente coronel Miguel Angel García Moreno, que sigue escondido, igual que el jefe del inteligencia del Cuerpo V, coronel Aldo Mario Alvarez. En paralelo al juicio oral avanza la instrucción, con otros ochenta procesados entre militares y marinos de la base naval de Puerto Belgrano.