“Comprender sus derechos humanos, respetar y proteger los de otras personas, entender la interrelación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia, y ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas consecuentes con ellos y los principios democráticos”, así define el Instituto Interamericano de Derechos Humanos la educación en derechos humanos.

En esa línea, Micaela, la adolescente sanjuanina de 16 años que habló en un acto escolar ante sus compañeras y compañeros del colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos en ocasión del 24 de marzo, Día de la Memoria, hubiera sacado un “10” en esa materia.

Sin embargo, no lo entendieron así las autoridades del establecimiento educativo que, muy por el contrario, le aplicaron 24 amonestaciones por desobedecer a la directora que había prohibido mencionar las atrocidades de la última dictadura militar.

La ley 25.633 instituyó, tras una demanda histórica de los organismos de derechos humanos, el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, “en conmemoración de quienes resultaron víctimas” del terrorismo de Estado, y estableció la inclusión de jornadas educativas que “consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”.

En este contexto, Micaela, víctima de un acto discriminatorio y, por ello, violento, representa esta nueva generación de jóvenes con conciencia política y social frente a la arbitrariedad, que se siente protagonista de una nueva historia de lucha por la igualdad y que, a la vez, se asienta sobre la memoria y la verdad para fortalecerse en la decisión de expresar sus ideas y anhelos libremente.

Por su parte, la sanción de las autoridades escolares indigna, toda vez que no solamente implica un recorte de derechos concreto hacia esta adolescente, sino que se proyectan como amedrentamiento al resto de los/as alumnos/as. La medida sancionatoria opera como castigo, pretende ocultar y propaga miedo. Las palabras de la joven sanjuanina, en cambio, reparan, muestran verdad y generan esperanza en el futuro.

Pero lo más importante, para Micaela y para todos nosotros, es que hoy existe un Estado de derecho que repudia estos hechos y que actuará para repararlos, aunque se presenten situaciones de vulneración de derechos. La política de derechos humanos es, actualmente, una política de Estado, y es la que permite que acontecimientos como los que ocurrieron en San Juan no estén ya naturalizados y despierten, en la mayoría de la sociedad, un total repudio.

* Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación.