En el día de su cumpleaños 54, Sergio Schoklender fue indagado por el juez Norberto Oyarbide, quien le imputa haber actuado como jefe de una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El ex apoderado de la entidad lleva dos semanas detenido en la cárcel de Ezeiza, desde donde ayer llegó esposado y con chaleco antibalas a los tribunales de Retiro. Durante las cuatro horas en las que declaró, insistió en señalar a Hebe de Bonafini –quien lo acogió y lo incorporó a los proyectos de Madres tras cumplir la condena por el asesinato de sus padres– como responsable de las decisiones, en su carácter de presidenta del Consejo de Administración. Schoklender venía usando públicamente la misma estrategia de defensa desde el año pasado. Pero también le apuntó a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe, al decir que era ella quien gestionaba los subsidios mientras era funcionaria de los ministerios de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, además de estar “contratada” con un “sueldo alto en la fundación”. En una presentación, Bonafini (hija) dijo que no había tenido cargo alguno en Madres (ver aparte).

La indagatoria quedó inconclusa, ya que Schoklender –asistido por la defensora oficial Perla Martínez de Back– pidió suspenderla porque le dolía la cabeza. De todos modos, avanzó en relación con algunos de los puntos centrales de la imputación en su contra. Dijo, por ejemplo, que la fundación no recibía dinero para realizar viviendas sino “como consecuencia de haberlas ya realizado” y que no puede existir un “perjuicio al Estado porque los fondos de la fundación son privados”. Pero según el juzgado hubo una doble defraudación: al Estado, que giraba los fondos para las viviendas, y a la fundación de las Madres, entre otras cosas por falta de pago de cargas sociales y aportes patronales y de retenciones hechas a los empleados. El día de su detención, el juez le exhibió a Schoklender pruebas que darían cuenta de que en algunas provincias las obras no se hicieron o quedaron sin terminar.

¿Y la plata? El Ministerio de Planificación destinó 765 millones para la Misión Sueños Compartidos, para hacer hasta barrios enteros. Schoklender aseguró que en ninguna de las operaciones que se le atribuyen “ha existido el más mínimo desvío”. Oyarbide le imputa movimientos por unos 280 millones de pesos, que debían usarse para las obras, hacia cuentas personales o manejadas por Schoklender o su hermano, además del cobro de cheques por ventanilla o través de financieras, o incluso la entrega de pagos a empresas que no daban ninguna contraprestación, varias de las cuales pertenecen o son manejadas por personas del círculo de confianza de Sergio y Pablo. En especial dos empresas, Meldorek y Antártica, se habrían utilizado para canalizar fondos. Schoklender desconoció las cuentas bancarias con que lo relaciona el juzgado y dijo que no era él sino las direcciones “financiera y contable” de la fundación las que se ocupaban de implementar “eventuales órdenes o requerimientos desmedidos de Bonafini, las madres, sus hijas y sus acólitos”, culpó para desligarse.

Schoklender se reconoció como responsable de Sueños Compartidos, que realizaba las obras usando como materiales unos paneles móviles especiales, pero según él ese papel “se agotaba en los actos realizados en el ejercicio del mandato que le otorgaba el Consejo de Administración”. Sobre los subsidios, señaló que “la única irregularidad que puede haber existido fue que” en su “mayoría” eran “gestionados por María Alejandra Bonafini, quien era funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social” bonaerense y contratada por el “Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, además, contratada también por disposición de su madre” en la fundación.

Oyarbide también sostiene que Schoklender compró terrenos con los fondos públicos y no les dio el uso previsto, alguno incluso es una quinta inmensa, con pileta y cancha de tenis. También lo acusa por la falsificación de facturas y balances. Su indagatoria continuará. La semana próxima volverá a ser indagado su hermano Pablo. Hasta el momento nada indica que el juzgado apunte a implicar a Bonafini.